Revelan a 48 aspirantes para presidir la CNDH; incluyen a Piedra Ibarra
México D.F., 19 de agosto de 2014 (Quadratín).- La Senadora del PRD, Angélica de la Peña, advirtió de un posible acuerdo entre el PAN y PRI para impedir que el Sol Azteca presida la Mesa Directiva de la Cámara Alta durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, esto luego que los Senadores Roberto Gil Zuarth y Héctor Larios comenzaron a sonar como posibles alternativas del blanquiazul.
“Aquí podemos estar enfrentando alguna determinación o Acuerdo explícito entre PRI y PAN para evitar que el PRD presida la Mesa Directiva”, señaló la legisladora.
En este sentido explicó que aunque no existen acuerdos escritos para presidir el Senado de la República, al interior del órgano legislativo debe garantizarse que todos los partidos políticos con presencia en el Congreso tomen decisiones desde las distintas áreas tienen de funcionamiento de la Cámara Alta, por lo que correspondería al PRD asumir la presidencia.
“Como saben, en el grupo parlamentario del PRD, su coordinador (Luis Miguel Barbosa), asumió la coordinación del Instituto Belisario Domínguez, el PRI y el PAN en los distintos años ocuparon la presidencia de la junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva del Senado, creo que ahora le correspondería al PRD estar en este tercer año legislativo presidiendo la Mesa Directiva”, aseveró De la Peña y Gómez.
Respecto al argumento de la bancada blanquiazul, en torno a que la llegada del PRD a la presidencia del Senado sería un peligro en vísperas de la consulta ciudadana contra la reforma energética, la senadora señaló que se trata de un prejuicio que también podría usar el PRD y con el cual se estaría demeritando el respeto y la pluralidad del Senado.
«Con otros argumentos podríamos decir que no llegue el PRI porque podría estar actuando de determinada forma, igualmente diríamos del PAN, eso es un prejuicio, somos personas adultas y no se vale actuar con prejuicios».
En este contexto descartó que el tema de la Consulta Popular pueda ser cooptado por alguno de los grupos políticos, ya que la Constitución establece los procedimientos que se tienen que seguir para garantizar la viabilidad de esta figura.