Despeñadero

OAXACA, Oax. 6 de junio de 2015.- La escalada de actos de provocación y violencia protagonizados por los sectores más radicales de la sección 22 del SNTE en entidad del sureste del país, pero sobre todo en Oaxaca,  es ya un asunto de seguridad nacional por la sencilla razón que todas las acciones que han “coberturado” las negociaciones con la SEGEGO tienen más las características de una insurrección contra el Estado y sus instituciones que una protesta social y política legítima.

De acuerdo a lo establecido en el inciso “d” del artículo 216 de la LEGIPE “la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional”. Y en ésta salvaguarda, es el Estado (gobierno federal y gobierno del estado) quien está obligado, a través de sus cuerpos de seguridad pública y el ejército, a brindar todas las garantías para el ejercicio libre y pacífico del sufragio.

Esta salvaguarda ya se ha vulnerado, tanto en Oaxaca como en Guerrero, toda vez que dentro de las acciones de boicot electoral del magisterio, entre otros actos delictivos, se han hurtado y destruido miles de boletas electorales. Eso ha ocurrido en nuestra entidad en por lo menos dos distritos: Teotitlán de Flores Magón y Huajuapan. En el primer caso se pudieron reimprimir no así en el segundo en donde hasta el jueves 4 se desconocía si el INE procedería a su reposición.

Sin embargo, ni desde el órgano electoral nacional, el gobierno federal y el gobierno del estado se ha analizado la insurrección magisterial como un asunto de seguridad nacional. De ahí la pasividad y desconcierto que prevalece en estos niveles de autoridad para asegurar la celebración de las elección de diputados en nuestra entidad con todas las previsiones de operatividad y seguridad que la crisis lo amerita (la presencia del ejército, para empezar) o de plano acordar ya la suspensión total o parcial de la jornada electoral  para así evitar, por un lado, una mayor deterioro institucional pero sobre todo para no acrecentar el hartazgo, miedo, incertidumbre y violencia que campea hoy entre los oaxaqueños y oaxaqueñas, fundamentalmente de la ciudad capital.

A menos de 48 horas del 7 de junio lo que se observa entre los partidos políticos e instituciones responsables de la organización y seguridad de las elecciones es una confianza que raya en la irresponsabilidad   al asumir que desde la Secretaría de Gobernación se pacte al cuarto doce un acuerdo político (por supuesto, con pliego petitorio resuelto ) con la sección 22 del SNTE, y la CNTE en su conjunto, para así asegurar la celebración de los comicios y el cese de sus movilizaciones.

Pero si la arbitraria y anticonstitucional cancelación de la evaluación magisterial   y, de facto, muerte súbita de la reforma educativa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, no movió la determinación de la disidencia magisterial para desistirse del boicot electoral, la firma de una minuta para responder a todo su pliego petitorio por parte de la SEGEGO tampoco asegura nada en ese sentido. Mientras mas cede el Estado, mas crece el poder de chantaje de sus adversarios.

Ya lo anticipó Rubén Ginés, Secretario General de la sección 22 del SNTE: los términos de la respuesta de la SEGEGO a los 11 puntos de su pliego petitorio se van a “consulta de las bases” y de ahí a la Asamblea Estatal. Pero el mismo dirigente aclaró el jueves 4 que el boicot electoral estaba firme .

Colocados en este dilema solo caben dos salidas: o el Estado garantiza con la presencia del ejército, policía federal y cuerpos de seguridad púbica estatales y municipales, la organización y celebración de los comicios por parte del INE aun en condiciones adversas y con riesgos de mas actos de provocación, o de plana cancela la celebración de los comicios para no arriesgar la integridad física de los electores y al mismo tiempo darle mas espacio de maniobra a los gobiernos estatal y federal para normalizar la vida política e institucional de la entidad.

En el primer escenario, que es el que hasta el viernes 5 seguía vigente, la elección podría ser boicoteada en los once distritos o solamente en aquellos en donde existe un mayor número de maestros movilizados y /o, sospechosamente, en donde los candidatos del PRD –PT tienen mayores posibilidades de triunfo. En el segundo, la suspensión, mediante un acuerdo del Consejo General del INE, significaría posponer el derecho al voto libre y secreto del 3 por ciento del electorado nacional. Posponer, porque al suspenderse la elección ordinaria se tendría que convocar a una extraordinaria con las mismas fuerzas partidistas y candidatos que hoy midieron fuerzas y que lo volverían a hacer también bajo las mismas reglas a las que se sujetaron en este proceso ordinario.

Pretendiendo desactivar la insurrección magisterial Peña Nieto perdió respeto y credibilidad con la cancelación de la evaluación educativa, pero aún bajo estas condiciones el gobierno federal se mantiene la ruta de una negociación que mas parece de rendición incondicional   al ceder en todo a cambio de una vaga promesa de la dirigencia de la CNTE de parar el boicot.

Y bajo ese escenario  todo apunta a que el paro y el plan de acción para boicotear las elecciones en Oaxaca, Guerrero y probablemente Chiapas seguirá su curso.

TE HABLAN KAFKA.

“No es nuevo el boicot electoral, tampoco es exclusivo de los sindicatos de América Latina”. Visionario latinoamericanista Moisés Robles, Director General del IEEPO, en diario Tiempo, junio 5 del 2015.