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Oaxaca, Oax., 3 de mayo del 2011 (Quadratín).- Este 4 de mayo la Corte tiene la oportunidad de frenar el uso institucional de las vía jurisdiccional como mecanismo para amedrentar el ejercicio de la libertad de prensa. Las resoluciones de los jueces se convierten en el castigo a la libertad de expresión por la omisión, ignorancia o, en el peor de los casos, corrupción de quienes no logran armonizar la protección del derecho al honor y el derecho a saber sobre cuestiones de interés público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva el recurso de revisión 1057/2010 del caso Sosa Castelán Vs. Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados Chapa y otros. Quienes participaron en la elaboración del libro fueron absueltos. El periodista Rivera fue condenado hasta por lo que no hizo (publicar y distribuir la obra) y el debate se centrará en la sanción que procede.
Si se niega el amparo el autor de un libro, que da cuenta de la historia de la Universidad Autónoma de Hidalgo a través de sus autores, será sancionado bajo el artículo 1916 del Código Civil que para estos casos ya no es vigente desde 2006 y quedará a la discreción del Juez que lo condenó para fijar una sanción económica que pone en riesgo su patrimonio; en cambio, si se concede el amparo, aunque no se logra la absolución se equilibra la responsabilidad patrimonial.
Cerca de cumplir siete años, un juicio que no debió pasar de tres, se evidencia la manera más sutil del ataque a la libertad de prensa: mantener permanentemente demandado al periodista como mecanismos eficaz de inhibición y precedente perverso de advertencia a quienes se atreven a realizar periodismo de investigación.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa no olvidemos la otra violencia al periodismo: La persecución judicial.
La Dra. Perla Gómez Gallardo Investigadora de la UAM Unidad Cuajimalpa apoya de manera gratuita este caso emblemático como parte de su proyecto académico y con el respaldo en su momento de Asociaciones como LIMAC y en los últimos meses de FUNDALEX (Fundación para la Libertad de Expresión) se logró evitar el costo gravoso que representa la defensa de estos juicios.