Dice EPR estar de acuerdo en las razones que disolvieron la Codeme

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El 24 de abril de 2008, ya hace más de un año tomamos la decisión de hacer un llamado a un grupo de ilustres personalidades para que tomaran en sus manos el caso de la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez así como de Francisco Paredes Ruiz, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez con el fin de que el gobierno federal y sus instituciones los presentaran vivos y en libertad.
Este llamado fue respondido por los convocados con la presteza y diligencia que ameritaba el caso y constituyeron la Comisión de Mediación que de inmediato se comunicó con la Secretaría de Gobernación con la demanda puntual de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros detenidos desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Como respuesta del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, reconoció a regañadientes a la Comisión de Mediación y con ello declaraciones demagógicas y falsas sin contar el silencio e indiferencia ante el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos, todas estas actitudes inscritas en la estrategia de guerra que están instrumentando en nuestra contra con el fin de exterminarnos y ningún afán de dar a conocer la verdad y presentar a los autores de este crimen de lesa humanidad. No en vano la Segob ha reiterado, eso sí, con mucha claridad, que “…El Gobierno Federal de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social y reitera su determinación de continuar con las investigaciones, tanto de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, como de los responsables de los atentados a ductos de PEMEX.”
Así, una vez más, comprobamos que el Estado está empeñado en querer dar una salida policiaco militar, ya que inmersos en la aplicación de su política neoliberal -ésta sí, fallida- y en su estrategia contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad, intentan enmascararla con la indolencia y la ineptitud combinadas éstas con su falta de oficio político al tratar la demanda de la presentación con vida de nuestros compañeros y la de todos los luchadores sociales desaparecidos en el país, cuya naturaleza es político-social y de carácter histórico, nacional e internacional, con desdén e irresponsabilidad, tratando de minimizarla al otorgarle un carácter aislado.
Sabemos que el Estado mexicano es proclive a “resolver” los problemas sociales y políticos -que por su política e insensibilidad él mismo ha provocado- con la violencia. Que hoy como siempre considera como “enemigo interno” a quienes nos organizamos para luchar por nuestros derechos humanos, civiles o políticos, por transformar el sistema político imperante, sea por la vía pacífica o armada.
Que no hemos estado exentos de la ola de amedrentamiento y acoso que recorre nuestra nación so pretexto de la “guerra” contra el crimen organizado, de la cerrazón permanente ante los reclamos y demandas del pueblo todo, de la represión selectiva y masiva que cada día cobra más y más víctimas. Está en ciernes una escalada de violencia más en contra de los luchadores sociales, de los ciudadanos progresistas y todo aquél que protesta contra este gobierno, que continúa armando expedientes incriminatorios-judiciales para condenarlos como parte del crimen organizado debido a los “delitos equiparados” a unos y a otros como parte de la insurgencia armada.
Consideramos que el único insensato en este caso ha sido el gobierno federal a través de su secretaría de gobernación contando a Fernando Gómez Mont a quien dimos tiempo para que se empapara de la información que poseen; porque han priorizado las funciones de inteligencia y contrainteligencia civil y militar, considerando que si podían infiltrarnos y destruirnos ya no tendrían quienes les exigieran la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Que ofenden la inteligencia de los mexicanos al decir que “…la indagatoria a cargo de la PGR es complicada porque ha pasado mucho tiempo desde la desaparición de nuestros compañeros y que algunas de las pistas se han desvanecido.” porque en manos de su Procuraduría General de Justicia ha estado la información que no han querido dar a conocer para conservar sus vergonzantes alianzas con el PRI y Ulises Ruiz Ortiz.
Así pues, su silencio, su aparente falta de interés, su descortesía hacia la Codeme, la falta de reconocimiento expedito y de respuestas veraces –magistralmente documentado por el maestro Carlos Montemayor en la revista Proceso N°1695 del 26 de abril de 2009- se debe a que no quieren asumir la responsabilidad del Estado de haber cometido una vez más el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, en agravio de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como en agravio de Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y en agravio de más de 500 luchadores sociales en la misma circunstancia.
Es evidente que este gobierno federal del Partido de Acción Nacional no ha querido asumir una responsabilidad social, mucho menos humanitaria al igual que los gobiernos del PRI que lo antecedieron y al no dar respuesta a la Codeme se desenmascara –sin necesidad de ayuda- ante el pueblo de México y el mundo.
Por lo que, consideramos que la consecuente determinación de la Comisión de Mediación de disolverse ante la propositiva indolencia del gobierno mexicano y sus funcionarios es justa y valiente porque una vez más demuestran su dignidad y valor civil al no prestarse a ser parte de la simulación de democracia que vive el país. Que preocupados por la violación de los derechos humanos y la existencia de crímenes de lesa humanidad han puesto todo su empeño y esfuerzo personal y colectivo.
Que respetamos seriamente la determinación de la Codeme y entendemos que bajo las condiciones y trato que el gobierno les dio, a estas alturas, no les quedaba otro camino y una decisión de este tipo también es consecuente al no prestarse ni hacer tratos en lo oscurito con los responsables del delito de lesa humanidad de desaparición forzada.
Tomando en consideración la disposición que la Comisión de Mediación a constituirse nuevamente como tal y su gesto para evitar una conflagración civil, damos a conocer públicamente el resultado de la Consulta a nuestra militancia, combatientes, base social y política de solicitar a cada uno de los integrantes de la Comisión de Mediación que retomen su cometido porque por sobre todas las cosas tenemos el interés de que nuestros compañeros sean presentados vivos y en libertad y la esperanza de que su actuación siente un precedente que permita que el Estado no siga cometiendo más crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada y que la impunidad con que se han realizado éstos desde los años sesenta deje de existir.
Informamos, que en el transcurso de la Consulta se perfilaron dos posiciones no antagónicas, la primera, que es el resultado por mayoría en el párrafo anterior mencionado y la segunda, la propuesta de reiniciar el hostigamiento político-militar, por lo que el resolutivo fue el de dar todo el respaldo a la Comisión de mediación porque tenemos la plena confianza que no dejarán de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales a su alcance en la búsqueda de la verdad y la justicia.
No podríamos dejar de mencionar que recibimos por varios medios, la solicitud escrita y expresa de personalidades, intelectuales, académicos, ciudadanos, organizaciones políticas y sociales solicitándonos que continuara la Comisión de Mediación con el trabajo que diligentemente están realizando.
Sólo la celeridad con que de solución el gobierno federal a las peticiones de la Comisión de mediación, que son las nuestras, y a la actitud con que responda a que la misma retome su función -lo cual damos por hecho porque conocemos su calidad humana y responsabilidad social- podrá garantizar al pueblo mexicano la paz.
Respecto a la tregua unilateral que hemos mantenido en la demanda de la presentación con vida de nuestros compañeros le comunicamos a la Codeme que la mantendremos hasta que termine su función de mediación. Al mismo tiempo, a las organizaciones revolucionarias que se solidarizaron en esta tregua unilateral que la Codeme demandó, y nosotros seguimos cumpliendo, les agradecemos su solidaridad y los liberamos del compromiso público que adquirieron.
Que sepa nuestro pueblo que hemos tratado de evitar toda violencia. Este pueblo que hoy más que nunca en distintas formas se organiza para transformar la realidad que estamos viviendo de iniquidad, injusticia, impunidad y represión.
Lamentamos que la página de Servicios para la paz (SERAPAZ), haya sufrido una perversa incursión de los organismos de inteligencia del Estado mexicano que extrajo importantes documentos, esa es una muestra más de la aplicación de la GBI que considera “entorno social” a todo aquello que el Estado asocia a las organizaciones revolucionarias y que las convierte en objetivo militar para la represión.
Sabemos que buscaban afanosamente una comprobación inexistente de una vinculación orgánica con nuestro Partido, que jamás encontraron porque no existe comunicación alguna fuera de la públicamente conocida y emitida a través de los medios de comunicación.
Solicitamos a la Comisión de mediación que tramite con las instancias correspondientes la publicación en los medios de comunicación los planteamientos de nuestro partido, la Comisión de mediación y las respuestas del gobierno federal.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A MANTENER LA LUCHA POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO- PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO EPR

Año 45
República Mexicana, a 8 de junio de 2009.