El Buen Gobierno CXXXIII

Terminación Anticipada

OAXACA, Oax. 2 de agosto de 2015.- No cabe duda alguna que los nuevos tiempos exigen que los gobiernos sean eficaces en la vigilancia de sí mismos, no sólo requieren de la vigilancia externa, de sus enemigos, de sus oposiciones, sino que por sí mismos hagan posible su auto vigilancia para su buen desempeño.

Un gobierno que sólo para los golpes que le propinan sus opositores o que se desempeña en la contingencia de los cuestionamientos sobre corrupciones o irregularidades ciertas o inventadas, no merece gobernar.

Los buenos gobiernos siempre tomarán la iniciativa de vigilarse a sí mismos y de vigilar a sus subordinados. Despiden en forma inmediata a sus servidores o funcionarios públicos ante la más leve sospecha de corrupción, de incapacidad o de conflicto de intereses, debe adelantarse en ello a sus enemigos y contrincantes. Es demasiado grave y penoso para cualquier jefe de gobierno enterarse por los medios electrónicos o por la prensa de delitos graves cometidos por sus colaboradores y no por sí mismo, el control debe ser del propio gobierno.

Es también grave que un gobierno esté constantemente queriendo demostrar la probidad de sus funcionarios ante magistrados del Poder Judicial, fiscales, periodistas, denunciantes y sea motivo de escarnio en las redes sociales. En un gobierno que se digne de democrático y de republicano no lo puede permitir.

Es también muy grave que un gobierno no pueda garantizar en lo más mínimo la seguridad y la vida de sus habitantes, que es, desde luego, su función más primaria. No es posible tampoco la existencia de un buen gobierno el que atente en contra del proyecto de vida de un conjunto poblacional llamado pueblo, de su cultura, de su identidad. Tampoco se puede sostener un gobierno que ha perdido la confianza de sus ciudadanos, la confianza es crucial en todo gobierno democrático y republicano. Tampoco será posible que un pueblo soporte las arbitrariedades de cualquier gobierno.

Un gobierno, es al final de cuentas, la acción de un sistema de normas, de garantías para los individuos y colectividades, así como la operación de principios y políticas para la felicidad de la población y de su convivencia con base en la justicia, en la libertad y en la solidaridad, para reducir al máximo el poder de dominación de unos sobre otros y construir instituciones duraderas para el buen vivir.

Los buenos gobiernos están muy lejos de las arbitrariedades. Para decirlo con propiedad, un gobierno arbitrario no es gobierno, es dominación. Vivir en un buen gobierno debe ser una sensación agradable para la población y un sentido de justicia para todos.

Para tener buenos gobiernos es menester actuar bajo principios sólidos y permanentes, nos dice Salvador Giner, en su libro “Carta sobre la democracia”, editado por Ariel en 1998 en Barcelona. Afirma también que los gobernantes deberán tomar sus decisiones sólo en beneficio del interés público. Hacerlo en beneficio propio, de sus familiares, de sus amigos o de su partido, es faltar a la ética del buen desempeño del arte de gobernar.

En el desempeño del cargo público no es ético ni prudente aceptar obligaciones financieras o de otra índole ante individuos o agentes externos que puedan ser beneficiadas en el ejercicio gubernamental, se habla entonces de la integridad del gobernante.

El gobernante deberá decidir sobre el nombramiento de los cargos públicos, la concesión de contratos, la recomendación para recompensas y premios, sólo sobre la base del mérito y no sobre otras consideraciones.

Un buen gobernante debe estar ante el escrutinio de sus ciudadanos y de la opinión pública de manera permanente, rendir cuentas necesarias, de manera transparente y objetiva, de todas sus acciones y del uso de los recursos públicos que las leyes le han asignado, este es el principio más mínimo de responsabilidad que debe tener.

Todos los gobiernos que se consideren democráticos tienen que predicar con el ejemplo, no se les puede permitir la simulación, el disimulo, o siempre colorear sus acciones mediante costosas campañas en los medios de comunicación social.

Cuando los gobernantes no cumplen con los principios, con las normas señaladas, creemos que pueden ser depuestos por los ciudadanos que los eligieron, a pesar de no haber cumplido con el período de gobierno por el que fueron electos.

Desde la edad media se ha aceptado que el pueblo es el soberano de la ley, esta tesis era universalmente aceptada, por lo tanto, el gobernante es un factor de su creación o declaración. La soberanía del pueblo es una de las creaciones más importantes de los regímenes políticos modernos. Un gobernante es sólo legítimo si se apega a las normas de las leyes, en caso contrario, es un rebelde de la razón de la ley, en cuanto tal, será sujeto a la revocación de su mandato.

La conservación de un poder público depende del accionar de sus leyes, si el gobernante se ve impedido por su propia voluntad, por otras circunstancias cumplir con este fin fundamental, deberá ser depuesto por la propia ley. La comunidad de ciudadanos es un cuerpo autónomo e independiente, poseedora de autoridad para regular sus propios asuntos sin intervención externa.

Por eso, la comunidad de ciudadanos, reunida en Asamblea, la que en principio eligió a la autoridad municipal y comunitaria, será la misma que podrá determinar la terminación anticipada de esa autoridad por mayoría calificada a propuesta de los miembros de la Asamblea.

Esta disposición que se estableció en la Reforma a la Constitución oaxaqueña en el pasado mes de junio del 2015, hecha por la Legislatura LXII, es de gran trascendencia para avanzar en la construcción de la democracia comunitaria. Hoy se empieza a nivel comunitario y municipal, esperamos que sea pronto para los miembros del Poder Legislativo, para el titular del Poder ejecutivo, que si bien está establecido en la Constitución Oaxaqueña, deberá ser más flexible para hacer posible este derecho del pueblo.

La terminación anticipada es más dinámica que la desaparición de poderes, puesto que ésta última requiere de un largo proceso que determina el Poder Legislativo, además de no resolver los problemas de los regímenes municipales, los entorpecía aún más por la designación de los administradores y por intereses partidarios o personales.

Como lo hemos sostenido, las arbitrariedades deben de evitarse, debe haber un debido proceso en la terminación anticipada y en la elección de la nueva autoridad, no se puede deponer a una autoridad por medios violatorios a las normas comunitarias y a las leyes fundamentales, por ello, es pertinente que la elección de la nueva autoridad sea calificada por la autoridad electoral correspondiente y el proceso de terminación anticipada deberá ser dictaminada por el Congreso, con el propósito de hacer guardar los derechos básicos de las autoridades o de la autoridad depuesta.

Una vez más, los oaxaqueños y en especial, sus ciudadanos indígenas, le enseñan al mundo y a la República, que la firme voluntad en relacionarnos por la vía de la vida política, nos aleja de ser una manada de bestias encerradas en un cuartel o en una sacristía, como expresión de un régimen despótico.