El Congreso tipifica como delito llamadas falsas al 066

Oaxaca, Oax. 13 de junio 2012 (Quadratín).- A propuesta del diputado de la fracción del PRI y presidente de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana, Martín Vela Gil, el pleno de la LXI Legislatura local aprobó la adición al artículo 231 bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, por el que se tipifica como delito grave las llamadas falsas al número de emergencia 066.
En tribuna y luego de mencionar que gran parte de las llamadas realizadas a este número de emergencia son falsas, Vela Gil dijo que ahora, cualquier persona que reporte hechos falsos a la policía, a los bomberos o a cualquier institución que preste servicios de emergencia, incluyendo Protección Civil, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y una multa de cien días de salario mínimo.
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y una multa de 500 a mil días de salarios mínimos. Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños, se impondrán de tres a cinco años de cárcel.
El diputado por el distrito de Teotitlán, Martín Vela, dijo que con esta reforma se amplía las facultades de las diversas autoridades municipales y estatales para sancionar a quienes desempeñen este tipo de conducta, pero también podrá ser utilizada de forma preventiva, con el propósito de disminuir este fenómeno en nuestra entidad.
El legislador explicó que desde la creación del número de emergencia 066 en Oaxaca en el 2001, se han reportado un elevado número de llamadas de broma o falsas y puso como ejemplo que de enero a julio del 2011, se contabilizaron en la capital del Estado, un total de 806 mil 923 llamadas, de las cuales 109 mil 693 fueron falsas, mientras que en el Istmo, de un total de 48 mil 376, más de 18 mil 200 fueron de broma.
De ahí la necesidad de implementar estrategias y acciones que coadyuven a combatir este tipo de conductas que dada su gravedad, debían ser consideradas como ilícitas por la distracción de recursos económicos y humanos que generan, así como el riesgo a la integridad de las personas que laboran en instituciones que intervienen en la prestación de auxilio.