El Gobierno del Estado atiende con responsabilidad el caso Chimalapas

Oaxaca, Oax. 12 de julio 2012 (Quadratín).- Con el firme propósito de dar a conocer el problema que existe en la zona de los Chimalapas, Juan Arturo López Ramos, Coordinador Técnico de la Secretaría General de Gobierno, dio a conocer que el problema que existe en la zona de la región Chimalapa ha sido tomado con absoluta responsabilidad por el Gobierno del Estado.
En entrevista, señaló que por primera vez se estableció un programa integral para atender el conflicto, con una lucha jurídica que se ha iniciado en todos los frentes. Además, indicó: “se está convocando al Colegio de Abogados Agrarios de la entidad, para que busquemos la nulidad de los 22 ejidos que fueron creados en la zona zoque”.
López Ramos, sostuvo que desde el punto de vista forestal, se acordó en la mesa de negociación con la Segob, que se suspenderán todos los permisos que fueron ilegalmente otorgados por Chiapas, “la cual se ha logrado”.
Por otra parte, señaló que solicitado al IFE que rectifique los límites y que actualice su geografía electoral.
Con relación a la invasión del municipio de Belisario Domínguez, que pretende abarcar 80 mil hectáreas de terreno oaxaqueño, mencionó que se ha interpuesto un amparo ante el Juez de Distrito de Salina Cruz, “donde Chiapas está impedido para realizar alguna acción en ese lugar; tenemos confianza que mediante este amparo obtendremos la derogación de ese Ayuntamiento”.
Al respecto, detalló que “enderezaron” tres controversias jurídicas: una de Santa María Chimalapa, otra de San Miguel y otra más por parte del Gobierno del estado, en contra de actos políticos-administrativos del estado vecino en territorio oaxaqueño”.
Manifestó que las áreas jurídicas de la Segego, como la SAI, trabajan para estudiar y defender el tema, “pero también ha sido necesario acudir con expertos que sepan en materia de controversia constitucional, por ello, se contrató el despacho de Pedro Nava Malagón, quien ha asesorado a diversos Estados del país, al propio Senado de la República y estuvo 13 años al frente de la Unidad de Controversias constitucionales de la SCJN por lo cual se eligió entre diversas opciones.
En relación al tema del pago al despacho referido, señaló que se ha acordado un pago de 2 millones de pesos, una vez que se formalicen los trámites administrativos”. Finalmente, informó que el caso será presentado nuevamente a la SCJN y no a la Cámara de Senadores, porque la facultad constitucional para intervenir en límites está en proceso final de ser devuelta a la SCJN, quien debe conocer de conformidad con la Reforma Constitucional aprobada por el Pleno del Senado el 15 de diciembre del 2011 y por la H. Cámara de Diputados el pasado 18 de abril.
Foto: Ambientación