Creó PRI los programas sociales que son ahora un derecho del pueblo
MÉXICO, DF, 2 de diciembre de 2014.- El decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer el Estado de Derecho, solamente busca ganar tiempo sin solucionar un problema que ha escalado en todas las esferas de la política de los estados.
Para el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez, la presentación de las 10 acciones para impulsar el crecimiento social y económico, no representa un avance para disipar la crisis que se ha dado con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
«El gobierno de Peña Nieto solamente quiere ganar tiempo a una crisis que no tiene que extenderse más, la situación es que se aplique la ley a los servidores públicos, porque se tienen los recursos legales para que se haga justicia.
«Nuestra exposición es que en nuestro estudio de los 24, casi 25 presidentes municipales que están coludidos con el narcotráfico reciban su castigo, sin ocultar que con la desaparición de las policías municipales se vaya a resolver todo un sistema de corrupción», dijo Ortega Sánchez.
En Guerrero, José Luis Abarca (Iguala) y Feliciano Álvarez Mesino (Cuetzala del Progreso) –ambos presos– no son los únicos presidentes municipales coludidos con grupos criminales. Se ha filtrado que 10 más de los 81 alcaldes electos en 2012 serían objeto de investigación por fuertes indicios de que también están coludidos.
En la presentación del informe ‘Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia’, Ortega reveló que se explica la descomposición abarca a la mayor parte de la clase política local, donde se incluye a senadores, diputados federales, diputados locales, dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, a Ángel Aguirre y sus colaboradores.
Además de los 25 municipales, también exhibió a otros aspirantes a la gubernatura por el PRD.
“Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso local, cuyos familiares fundaron y encabezan la organización criminal conocida como Los Ardillos, que se confronta con Los Rojos y otros grupos rivales en las regiones Centro y La Montaña del estado.
“Lázaro Mazón Alonso, ex presidente municipal de Iguala, ex senador y ex secretario de salud en el gobierno de Aguirre, es el padrino político de José Luis Abarca, quien gestionó el apoyo para convertirlo en alcalde de Iguala y que buscaba convertirlo en diputado federal.
“El diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quien tras de los hechos en Iguala hizo una defensa incondicional de su amigo José Luis Abarca.
“Carlos Reyes Torres, presidente del PRD en Guerrero, quien junto con su hermano Crescencio (presidente municipal de La Unión) fue señalado por estar al servicio del Cartel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados Los Granados, por Servando Gómez La Tuta, el jefe de la organización criminal Los Templarios”, relató.