El magisterio aplica su propia ‘justicia’

MÉXICO, DF, 22 de diciembre de 2014.- Hombres amarrados a un poste, amordazados, retenidos por horas; el uso de las balas para recuperar escuelas; irrupción, toma y quema de edificios públicos; jaloneos con vallas metálicas con las policías federal y estatales; pedradas, botellazos, pintas, resorterazos, robo de material de oficina, empujones, escupitajos, marchas y bloqueos, es lo que caracteriza la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); y en el caso de Guerrero —conforme pasa el tiempo— el magisterio disidente aplica mayores tácticas violentas.

Al cumplir 35 años de fundación del magisterio disidente, la dirigencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) justifica que la política de presión sea la “movilización-negociación-movilización”; sin embargo, no reivindica las acciones violentas que ha protagonizado desde el pasado 26 de septiembre, ante la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ramos Reyes, dirigente de la CNTE en esa entidad, afirma que el único acto violento en el que ha participado esa sección es la incursión y destrucción del edificio sede del PRD en Chilpancingo, del resto: la quema de los edificios municipales como el de Chilpancingo, el Congreso del estado, el del PRI, el bloqueo a carreteras, la retención de periodistas, de políticos y la privación de libertad y agresión contra policías federales, no los reivindica; afirma que eso lo han provocado “infiltrados” en el movimiento.

El líder sindical en Guerrero reconoce que todas las movilizaciones en apoyo a los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa tienen como referente de organización lo que la sección 22 de la CNTE realizó en Oaxaca en 2006 (cuando paralizaron las labores docentes durante más de ocho meses), cuando el magisterio, estudiantes y la sociedad se organizaron en una Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Por ello, se conformó una Asamblea Popular en Guerrero que toma decisiones sobre las movilizaciones que se realizan.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, platea que “conforme pasa el tiempo la CNTE ha pasado de los plantones anuales —en los que tomaban todo el centro de la ciudad de México y de estados donde tiene presencia—, a formas de protesta violenta que se hermanan con grupos cuya ideología propone destruir todos los signos del Estado autoritario y del capitalismo”.

Para el especialista en temas de la educación, “estamos viendo la confluencia de sectores de la Coordinadora con grupos anarquistas y también grupos violentos que antaño fueron usados por el PRI y por el PAN para sus fines y que ahora, convertidos en Frankenstein, cometen barbaridades que nos asustan a todos”.

La protesta es digna y respetable, agrega Gil Antón, “lo que se debe rechazar es toda la violencia” con la que se expresa una organización que emplea a los trabajadores de la educación para interponer sus intereses políticos a los educativos, totalmente alejados de la demanda original de democratización de un sindicalismo autoritario, vertical y corrupto. Se han convertido en algo contra lo que tanto combatieron”.

Pero Ramos Reyes, asegura que la respuesta de la Ceteg y las secciones de la CNTE en Oaxaca, Chiapas y Michoacán es en solidaridad no sólo por lo ocurrido a los normalistas en Iguala, Guerrero, sino también porque “los diputados federales, estatales y senadores nos metieron en una reforma educativa que lesiona no sólo al magisterio sino a los guerrerenses, por eso es la molestia”.

En lo que ocurrió en Iguala tiene mucho que ver la reforma educativa, “porque si esa normal y otras rurales tuvieran presupuesto, los muchachos de Ayotzinapa no habrían tenido que movilizarse para recaudar recursos y no estarían desaparecidos”.

El dirigente sindical asegura que de forma permanente se han movilizado hasta 5 mil personas en Guerrero, pero cuando se trata de marchas o bloqueos se suman miles, pero no tiene referencia del número de niños que se han quedado sin clases en la entidad en los últimos dos meses y medio.

Justifica que “sólo aquellos que no tienen corazón y no sienten lo que nosotros sentimos y vivimos acá en Guerrero, no pueden entender el coraje, que lastima, y no puede haber perdón del pueblo guerrerense”.

Un patrón que se repite

A través de un recuento de las actividades de la CNTE desde hace ocho años, que realizó el Centro de Documentación de El Universal, se encontraron acciones similares entre lo ocurrido en Oaxaca y ahora en Guerrero, y algunas realizadas en Chiapas o Michoacán —donde tiene sus mayores representaciones el magisterio disidente—, pero incluso con el traslado y presencia en la ciudad de México para reforzar sus movilizaciones.

Entre las acciones comunes están los hombres que fueron amarrados a postes, tapados de la cara con sus propias ropas y portando carteles: “estoy aquí por rata”, se leía en agosto de 2006; mientras que en la avenida Reforma en el Distrito Federal se vio el 7 de diciembre de este año a un grupo de personas que fueron amarradas y con carteles con la leyenda “infiltrado” y paseados durante varios kilómetros.

El 31 de mayo de 2007 los maestros se enfrentaron con piedras y palos con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) afuera de las oficinas del ISSSTE, en Plaza de la República; mientras que la sección 22 Oaxaca mantenía privados de su libertad a cientos de derechohabientes que realizan trámites en oficinal centrales.

El 13 de junio de ese año miembros de la CNTE irrumpieron en la explanada de Bellas Artes para agredir con empujones, escupitajos y ofensas verbales a los invitados al homenaje a Frida Kalho, que encabezaba el entonces presidente Felipe Calderón.

El 17 de enero de 2008 un grupo de maestros de la Sección 22 de la CNTE que salió de la explanada del monumento a la Revolución y arribó a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) se enfrentaron con granaderos de la Policía Federal, quienes les impidieron el paso sobre Bucareli. Los inconformes derribaron al menos ocho de las vallas metálicas colocadas a la altura del Reloj Chino; tras una hora de protestas los manifestantes arrojaron objetos, en especial piedras y botellas, a los efectivos federales.

El 12 de septiembre de ese año en Michoacán el magisterio reagrupó sus filas y con estudiantes de las normales del estado se manifestaron en diversos puntos de la ciudad y secuestraron autobuses en Pátzcuaro, Tiripetio y Cherán dejando varados a cientos de pasajeros.

En agosto de 2013 alrededor de 20 policías federales resultaron con fracturas expuestas, además de un saldo de vehículos destrozados, rejas derribadas y cristales rotos después de un enfrentamiento al interior de la Cámara de Diputados entre maestros de la Sección 22 de la CNTE y fuerzas federales.

Aproximadamente un centenar de maestros oaxaqueños intentaban impedir que los diputados aprobaran en comisiones las tres reformas secundarias de la nueva Ley de Educación que avalaron legisladores del PRI, Verde y del Partido Acción Nacional.

Estrategia de choque

En esos meses de la aprobación de la reforma fueron constantes las marchas y bloqueos, enfrentamientos con la policía capitalina, reforzada con policías federales y a diario se tuvo un registro de heridos y lesionados durante los bloqueos a avenidas ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La táctica que siguieron en esos días los maestros provenientes de diversos estados era que los hombres corpulentos y cubiertos del rostro se ubicaban en fila con palos y tubos, portando bolsas llenas de piedras para enfrentar a los cuerpos policíacos, situación que se ha repetido en los bloqueos realizados en los dos últimos meses en la autopista México-Acapulco, en el aeropuerto de esa entidad y en la capital de Guerrero.

Tampoco es ajena la presencia de encapuchados en Chiapas, la ciudad de México o en Guerrero, de grupos de personas que realizan bloqueos, destrozos y vandalismo a centros comerciales, en actos convocados por la Coordinadora y a los que asisten grupos que simpatizan con sus causas.

La última incursión de los encapuchados fue el 19 de diciembre pasado, en Acapulco, cuando retuvieron por casi 40 minutos a Luis Walton Aburto, el alcalde del puerto. Melitón Ortega, uno de los que encabeza el movimiento por los normalistas víctimas de desaparición forzada, se deslindó de ellos, pero viajaron en los mismos autobuses que los manifestantes.

Ahora los integrantes de la Ceteg se hacen acompañar de normalistas y activistas de grupos —algunos de ellos provenientes de la Ciudad de México—, pero los actos violentos los maestros se los atribuyen “a otros”. Las acciones para exigir el regreso con vida de los jóvenes escalan conforme pasan los días.

El pasado 8 de diciembre, integrantes de la CETEG clausuraron las instalaciones de la junta distrital ejecutiva 7, del Instituto Nacional Electoral. Ahí aseguraron que el próximo año no habrá elecciones en esa entidad, y de esta forma evitar, según ellos, que lleguen al poder políticos coludidos con el crimen organizado.

Al siguiente día clausuraron el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y un almacén de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en demanda de mejores condiciones laborales para el magisterio.

En Chilpancingo sus acciones subieron de tono al irrumpir en un rancho en donde se encontraban reunidos líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC).

El cónclave del PRD y MC se realizaba en el rancho Los Cedros, cuando el contingente abrió las rejas e ingresó. Algunos políticos lograron saltar las bardas traseras del lugar, diez no tuvieron esa suerte.

Además de retenerlos, Carlos Reyes Torres, ex dirigente estatal del PRD; Misael Medrano, fundador del sol azteca en esa entidad; Salvador Mujica, secretario ejecutivo; Porfirio Leyva; Asunción Martínez; Yolanda Domínguez; y de Movimiento Ciudadano, Adrei Marmolejo y Adrián Carrasco, fueron obligados a marchar con ellos, con pancartas como “somos ratas”, y después fueron liberados en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD.

El 13 de diciembre 18 comunicadores que estaban en una premiación en el municipio de Tlapa, fueron retenidos por la Ceteg y otras organizaciones. El motivo, según el magisterio, fue porque en el evento estaban como invitados alcaldes, diputados y otros políticos.

Los representantes de los medios de comunicación no estaban solos en el evento organizado en el salón La Quinta San José, sino en compañía de sus familiares que vivieron momentos de angustia.

Un día después, el domingo 14 de diciembre, la violencia se vivió más intensa luego que un grupo —la mayoría encapuchados— ingresó al hotel en el que se hospedaban elementos de la Policía Federal, dejando gravemente heridos a tres de los uniformados que fueron privados de la libertad, por lo que se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). El incidente derivó en enfrentamientos con un saldo de siete policías federales y 14 civiles lesionados.