El millonario negocio privado de la importación de gasolina en Pemex

MÉXICO, DF., a 14 de octubre de 2014.- Desde 1988, Pemex desvía multimillonarios recursos con operaciones similares al lavado de dinero a través de sus filiales privadas, entre las cuales destaca Grupo PMI (Petróleos Mexicanos Internacional), con empresas manejadas de manera secreta por un reducido grupo dentro del gobierno federal, tal como revelan documentos oficiales obtenidos y en poder de Quadratín México, los cuales evidencian un faltante de casi 3 mil millones de dólares en la comprobación de importaciones de combustible de 2000 a 2013.

Y mientras el Consejo de Administración de Pemex reconoce no contar con los estados financieros de sus filiales, la reforma energética crea un régimen de excepción que podría facilitar la corrupción y la discrecionalidad al interior del gobierno federal para favorecer a las empresas privadas que ordeñan a Pemex.

Desde hace 26 años, Pemex ha desviado miles de millones de pesos a través de sus filiales privadas, manejadas de manera secreta por un reducido grupo al interior del gobierno federal. Una práctica que el Congreso legalizó con la aprobación de la reforma energética, misma que crea un régimen de excepción para que los altos directivos de la paraestatal sigan utilizando recursos públicos en beneficio de intereses privados, tal como ocurre con el negocio privado de exportación de petróleo crudo y la importación de gasolina.

A través de sus filiales privadas, muchas de ellas constituidas bajo leyes extranjeras, Pemex se ha autoasignado contratos multimillonarios cuyas ganancias son transferidas a cuentas privadas en el extranjero mediante operaciones de triangulación de recursos similares a las utilizadas por el crimen organizado en el lavado de dinero.

Todo comenzó en 1988, cuando la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Pedro Aspe —quien meses después sería nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari— autorizó a Pemex invertir recursos públicos para la creación de Grupo PMI (Petróleos Mexicanos Internacional), un conjunto de empresas privadas encargadas de comercializar todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados en el extranjero.

El gobierno justificó la creación de Grupo PMI con la necesidad que en aquel entonces tenía Pemex de contar con un “velo corporativo” que protegiera los bienes de la nación ante una posible sanción derivada de un litigio comercial en el extranjero, además de flexibilizar su margen de acción para aprovechar ventajas competitivas en los mercados internacionales.

Así, todas las exportaciones e importaciones de hidrocarburos que realiza México son operadas por empresas privadas manejadas de manera discrecional por los altos funcionarios de Pemex, sin que hasta el momento existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que dichos recursos no sean utilizados para otros fines.

Así lo reconoce Fluvio Ruiz, exconsejero profesional de Pemex, quien considera que el manejo discrecional de las ganancias obtenidas por las filiales de Pemex a través de PMI genera “mucha suspicacia”, incluso entre sus altos funcionarios.

“Se requiere una nueva forma de tener control sobre estas filiales. Si bien ha habido mucha jurisprudencia y la Auditoría Superior de la Federación varias veces ha tratado tener un control más directo sobre PMI, como lo hace con Pemex y todas sus subsidiarias, es necesario que hacia la sociedad haya más transparencia”, asegura.

Las filiales de las filiales

“Algo que sí hemos discutido al seno del Consejo, es que la creación de filiales escapaban al control del Consejo y había muchísimo de discrecionalidad en su creación, sobre todo en el caso de filiales de filiales”, reveló Ruiz en entrevista exclusiva con Quadratin cuando todavía era consejero profesional de Pemex.

Grupo PMI inició operaciones el 24 de marzo de 1988 con la creación de P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV), empresa instrumental de capital privado constituida bajo las leyes de Holanda, misma que funciona como tesorería centralizada de los negocios privados que realiza Pemex a través de sus filiales.

Al ser consideradas empresas extranjeras que no están regidas por la Constitución Mexicana, el Estado mexicano no tiene facultades legales para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de la compañía, tales como el pago de dividendos, contratación de deuda, otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo PMI o la realización de inversiones en el capital social de otras empresas extranjeras. Así, los altos mandos de Pemex y el gobierno federal crearon una estructura empresarial que opera con una contabilidad paralela y cuya función es “velar por intereses privados”, a pesar de manejar recursos públicos.

Esto significa que “dada la personalidad jurídica de esta empresa instrumental, el papel fundamental de los integrantes de su órgano de gobierno sería velar precisamente por los intereses de la misma, y no así por la de terceros, como podría ser el mismo Pemex”, según advierte la Auditoría Superior de la Federación en su reporte 10‐1‐18T4I‐02‐0740 sobre las inversiones de la paraestatal en empresas filiales.

Fue así que Pemex creó un laberinto financiero y legal argumentando que las empresas instrumentales de PMI “no podrían tener el carácter de paraestatales, debido a que no desarrollarían actividades primarias ni estratégicas para el Estado mexicano”. Un argumento que contradice a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de Petróleos Mexicanos vigentes, en las cuales se define a “la industria petrolera” como una actividad de carácter estratégico, lo cual incluye “la distribución y las ventas” de petróleo y sus derivados.

No hay ilegalidad: Beauregard

Sin embargo, para los directivos de Pemex esto no constituye una ilegalidad. “PMI tiene un régimen de contrataciones propio, es una filial que le reporta a Pemex y ellos también se tienen que regir bajo leyes de adquisiciones, hacer informes y rendir cuentas. En ese esquema de mecanismos de contratación, de hecho, muchas veces compiten con nuestros propios proveedores para ofrecernos mejores condiciones”, explica en entrevista el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez, quien rechaza que las filiales de Pemex operen de manera ilegal.

“Claro que es legal, porque es una filial, lo puede hacer sin ningún problema; de lo contrario, ya nos hubieran observado ese tipo de operaciones”, señaló a pegunta expresa de Quadratín México.

La Auditoría Superior de la Federación opina lo contrario. El organismo sostiene que la legislación mexicana, previo a la reforma energética, “no establece un régimen de excepción para empresas de participación estatal mayoritaria directa e indirecta en el capital social”, por lo que los ingresos que obtiene Pemex por medio de las empresas filiales deberían reflejarse en la cuenta pública que la paraestatal entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Pemex interpreta que la legislación lo faculta a crear empresas privadas, cuando su objeto no sea prioritario ni estratégico. Cabe señalar que los recursos que administran las empresas del Grupo PMI, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, arrendamiento, responsabilidades, ejercicio, transparencia, mantenimiento y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”, precisa la ASF en su más reciente informe.

Tan sólo en 2012, las 13 empresas privadas que integran a Grupo PMI generaron utilidades por 12,716 millones 318.4 mil pesos. Para finales de ese mismo año, el Grupo PMI obtuvo ganancias acumuladas por un total de 59,967 millones 210.7 mil pesos, mismos que no son considerados recursos públicos al no ser reportados como parte de la cuenta pública.

Pemex sin rendir cuentas de sus empresas privadas

“Pemex no rinde cuentas al Poder Legislativo de las empresas filiales que han generado utilidades y cuya política ha sido de no decretar dividendos en favor de Pemex”, de acuerdo con un informe de la ASF sobre la cuenta pública de 2007.

En 2013, Pemex contaba con 51 filiales privadas, de las cuales al menos 13 pertenecían a Grupo PMI. Sin embargo, muchas de las filiales de reciente creación han dejado de ser utilizadas únicamente como vehículos financieros para convertirse en operadoras privadas a las cuales Pemex otorga contratos millonarios en una privatización silenciosa que se ha incrementado de manera constante en la última década.

“Las filiales de más reciente creación tienen que ver más con cuestiones operativas que con las condiciones financieras de Pemex, algo que tenemos que revisar”, explica Fluvio Ruiz, quien citó las irregularidades en el gaseoducto Los Ramones como un caso paradigmático de cómo la autoasignación de contratos de Pemex a sus filiales ha sido utilizado como un mecanismo del gobierno federal para favorecer a empresas privadas.

Así ocurre con la filial TAG Pipelines, una compañía creada específicamente para que particulares fueran beneficiados en un evidente caso de corrupción, de la cual Pemex posee indirectamente la mitad de las acciones mientras la otra mitad pertenece a la empresa privada Ienova.

“El problema es que no solamente se abren los sectores sino que se maniatan a los organismos públicos que participan en sectores abiertos, en lugar de fortalecerlos y buscar regulaciones adecuadas que le permitan enfrentar a la competencia, ser mejores. Ese es el gran riesgo, y en el caso de la refinación es un ejemplo patético”, señala Ruiz.

Algo que ocurre todos los días con el negocio privado de la importación de gasolinas, manejado de manera opaca por altos funcionarios de Pemex desde hace dos décadas durante las administraciones del PRI y el PAN.