Eloí Vázquez López / Consultas por mayoreo

MÉXICO, DF. 26 de agosto de 2014 (Quadratín).-Dicen en las tiendas que el precio de mayoreo es a partir de tres piezas. Así que el PAN y el PRI se anotaron para devaluar la consulta popular que la izquierda- desde dos frentes distintos vienen impulsando sobre las modificaciones constitucionales que permiten la entrega de nuestro petróleo y nuestra soberanía en manos extranjeras.

Su intento entre otras cosas es trivializar las consultas populares. O como decían antes: “chotearlas”.

La consulta de la Reforma Energética para la izquierda es un drama, pero para los dos partidos de la derecha sus respectivas consultas son un “chotis” (schottisch en el alemán original). Para el PRD es una última pelea que hay que dar para que se revierta una legislación que concede privilegios al sector privado nacional, pero sobre todo al extranjero y para evitar todos los riesgos que por lo visto siguen corriendo los países extranjeros: el saqueo del patrimonio nacional, la intervención política de las petroleras, la intervención militar de los países saqueadores y la guerra con sus secuelas de devastación, basta dar una ojeada por el medio oriente para constatarlo. Hay quienes con supina ingenuidad afirman que eso no puede suceder en México, los remito a leer la Historia de las intervenciones de los Estados Unidos en nuestro país. Cuando el voraz vecino ve afectados los llamados “intereses de sus ciudadanos e inversionistas” no se detienen ante ningún derecho internacional ni tribunal alguno.

En cambio, las consultas de la derecha son frívolas por el resultado que pretenden. En ambos casos, lo único que se percibe es que los dos institutos políticos disfrazan su necesidad de recurrir a impulsar una consulta popular, para lavarse la cara frente al pueblo luego de haber entregado nuestra riqueza a los insaciables apetitos de ganancia que suele caracterizar al capital, porque presuponen que les dará rentabilidad política en las elecciones de 2015.

En el caso del PAN, su propuesta de consulta popular es “pirata” llegó tres meses tarde, ya que el planteamiento original lo hizo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el marco de la celebración del día del trabajo, allí consensuó con académicos, líderes sindicales y empresarios, impulsar un debate serio, responsable, sobre un aumento calculado al salario mínimo, por lo que es ya un acuerdo realizable de todos los sectores para el Distrito Federal. Por ello, aunque en el fondo nunca le ha interesado a Acción Nacional, su Presidente Nacional se monta sobre el tema, en un intento por frenarlo y al mismo tiempo capitalizarlo electoralmente a su favor.

El aumento al salario mínimo urge para hoy (como dijo el “clásico”: ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!). El Gobierno de la Ciudad de México lo va a proponer a la Cámara de Diputados como parte de las líneas que deberá seguir la política económica y los legisladores debieran aprobarlo en justicia sin mayores consultas, pedirlas en este caso es sólo buscar publicidad gratuita e innecesaria.

Por sus principios, por su histórica relación con la clase empresarial y porque de haberles interesado tuvieron dos sexenios para hacerlo realidad, resulta una contradicción que el PAN se envuelva en la bandera de la hoz y el martillo pretendiendo encabezar la lucha de los trabajadores con fines electorales.

Así lo consideran panistas sinceros como Casterns, Cordero y Germán Martínez.

En cuanto al PRI, juega a ganar- ganar, arrogándose un tema que se sabe de entrada es sensible para los mexicanos, condenando a la guillotina como lo haría Marat (no confundir) a aquellos a los que la turba desinformada consideraba culpables de sus desgracias, mediante juicios sumarísimos sin derecho a defensa ni alegatos, sino por aclamación de la Asamblea encabezada por él.

Cuando todos sabemos que los más corruptos, ineficientes y autoritarios políticos son los que integran el Poder Ejecutivo, César Camacho y sus corifeos pretenden colgarle el “San Benito” a los legisladores.

Gritan “reduzcamos los plurinominales porque el Congreso sale muy caro” mientras sus socios saquean el Patrimonio Nacional y todos los funcionarios del Ejecutivo el presupuesto federal. Con ello se aseguran que el Congreso no pueda ejercer su necesario papel de fiscalizador, papel que no le han permitido ejercer nunca a plenitud y el cual debiera incrementare.

Su pretensión confesa es restaurar el régimen autoritario de la época de López Portillo, cuando el Partido de Estado se sobre representaba tres a uno respecto de toda la oposición y así, con el cuarenta y cinco por ciento de los votos ocupaba el setenta y cinco por ciento de los espacios en la Cámara de diputados y el cien por ciento en la de senadores.

Con ello pretende echar por tierra los pocos logros que la pluralidad ha alcanzado en el país sin importarle que con ello se viole el artículo 35 constitucional, que en su apartado ocho, numeral tercero, dice: “No podrán ser objeto de consulta popular (…) la materia electoral (…)”, por lo que pareciera no importarles que su pretensión esté explícitamente prohibida, porque si “pega” tienen una bandera electoral formidable basada en el linchamiento del Poder legislativo, de por si golpeado permanentemente por el Presidencialismo de todos los tiempos que difunden por todos los medios la inutilidad de la existencia de los legisladores, y el resultado será reducir la representación de la oposición.

Y sobre representarse. Si no “pega” tienen un instrumento de presión ante la Suprema Corte y la opinión pública para impulsar que tampoco se realice la Consulta Energética.

En cuanto al fondo de la propuesta, tiene que ver con la incapacidad de los priístas autoritarios para construir acuerdos, prefieren aplastar que discutir, después de 1997 el Poder Ejecutivo perdió el control para imponer reformas constitucionales porque las votaciones requeridas son del orden de dos terceras partes de cada Cámara y la actualización y elaboración de algunas leyes requieren la mitad más uno. Los partidos políticos representados en el Congreso pasaron a primer plano, sentando una nueva etapa del Poder Legislativo: el funcionamiento de los gobiernos divididos a nivel federal, a partir de entonces. La permanencia de la representación proporcional, a pesar de que no es plena porque el PRI se sobre representa, permite un “equilibrio estable” que obliga a construir acuerdos de mayoría o consensos legislativos para lograr la aprobación casi de todo.

Con el 34 pro ciento de los votos, el PRI es únicamente la primera minoría, puesto que en cada distrito que gana en promedio, queda sin representar el 66 por ciento que vota por cualquiera de los otros partidos.

El PRI con ese 34 por ciento, debiera tener 34 por ciento de diputados y el 36 por ciento de senadores, para que cada partido obtuviera el número de lugares que correspondiera a su porcentaje. No obstante, por la existencia de una cláusula de sobrerrepresentación, (llamada eufemísticamente “de gobernabilidad”), misma que se ha negado sistemáticamente a desaparecer, ocupa el 42.6 por ciento.

Con fuentes del INE y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión explico lo siguiente:

El PRI tuvo una votación en 2012 de 15892878, el porcentaje obtenido fue de 34 por ciento, con diputados de mayoría 164, el 55 por ciento de los 300, mientras 49 de diputados representación proporcional, un 25 por ciento de los 200, un total de 213 diputados, lo que significa el 42.6 por ciento.

Mientras el PAN tuvo votación de 12885414, 27 por ciento obtenido, 52 diputados mayoría relativa, 17 por ciento de los 300, 62 diputados representación proporcional, 31 por ciento de los 200, 114 número total de diputados, 22.8 por ciento el total.

Y el PRD tuvo votación de 9135149, 19 porcentaje obtenido, 59 diputados mayoría relativa, 20 por ciento de los 300, 42 diputados representación proporcional, 21 por ciento de los 200, 101 número total de los diputados, lo que representa el 20.2 por ciento total.

Ello es efecto de la “magia” de la Mayoría Relativa combinada con la cláusula de “gobernabilidad”. El PRI “gana” ocho puntos porcentuales en el volumen de cargos legislativos, que le acercan sensiblemente a la mitad de la cámara aunque solo votó por él uno de cada tres mexicanos.

El PAN en cambio, con el 27 por ciento de los votos, solo logra el 22.8 por ciento de las diputaciones, alguien puede decir que es un castigo por lo mal que gobernaron los panistas, pero en estricto sentido “pierde por efecto del modelo cinco puntos porcentuales sólo por ser la segunda fuerza.

El PRD obtiene un punto porcentual más de diputados, lo cual está dentro del margen de ajuste matemático de probabilidades.

Como se puede observar reducir el número de legisladores de representación proporcional es una celada para regresar a los tiempos en que el PRI dominaba absolutamente en el Congreso.

Si no existiera la representación proporcional el PRI tendría el 55% de los diputados, el PAN sólo 17 por ciento, con lo que perdería diez puntos porcentuales en beneficio del PRI, sólo por ser la segunda fuerza.

Y el PRD conservaría su 20 por ciento solo por ser la tercera fuerza. Esta deformación de este sistema se ha mantenido siempre, castigando a los opositores en la medida que son más competitivos. Lo que obliga a la búsqueda de acuerdos, situación a la que diecisiete años después aún no se acostumbran.

A pesar de que fue sacado de los Pinos en el 2000, por los excesos de Fox y Calderón, regresaron, pero no han aprendido que la pluralidad en este país exige un pluralismo progresivo en las leyes. Buscan vencer en lugar de convencer y ser convencidos.

Como los medios masivos se han encargado de mantener el Presidencialismo como ilusión vigente en el imaginario ciudadano, a través del desprestigio inducido y sistemático de los legisladores, van a tratar de convencer a las mayorías que lo que se requiere es un Presidente con sus facultades meta-constitucionales rehabilitadas, con un Congreso incondicionalmente subordinado.

Tal es la esencia de la restauración autoritaria. Los poderes fácticos lo exigen para asegurar su control.

La Constitución prohíbe hacer consultas ciudadanas para las modificaciones electorales, porque las reformas políticas sucesivas desde 1977 fueron para desactivar el presidencialismo despótico y el Partido de Estado, que tanto daño hicieron al país en el siglo 20.

La vía para desarrollar la democracia del país debe ser el consenso para evitar un golpe de estado legislativo que reestablezca la dictadura simulada.

En posteriores entregas veremos qué sucedería si se aplicara la propuesta del PRI y como sirve a su propósito de sobrerrepresentación legislativa. Nos vemos la próxima.

Eloí Vázquez López es integrante de la Comisión Política Nacional del PRD. Dirigente de izquierda, fue diputado federal y local en Oaxaca. Tw; @eloivazquez