Emite DDHPO medidas cautelares para investigar homicidio de periodista

OAXACA, Oax. 3 de julio de 2015.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para investigar el homicidio del periodista F. S. S., asesinado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, así como proteger la integridad personal y la seguridad de su colega A. R. B. B., locutor de la estación “La Favorita” 103.3 en esa misma localidad.

En un comunicado se informó que la Defensoría emitió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) medidas cautelares a favor del reportero A. R. B. B. y de su familia, ya que el comunicador dijo temer por su integridad y la de sus familiares luego de que su colega F. S. S. fue asesinado de 7 disparos por desconocidos que lo interceptaron a la salida de la estación donde conducía un noticiario matutino.Ante el organismo defensor compareció el abogado de A. R. B. B. para solicitar por medio de un escrito el apoyo del organismo, quien expresó temer por su integridad física debido a que fue amenazado junto a su colega, el comunicador F. S. S., quien perdió la vida el 2 de julio.

El organismo tuvo conocimiento por medios de comunicación de que el periodista F. S. S., quién conducía el noticiero de la estación radiofónica “La Favorita” en Miahuatlán, murió a causa de los disparos que le hicieron dos individuso desconocidos cuando, tras concluir su programa matutino, transitaba por la calle Margarita Maza en el barrio de San Francisco, en Miahuatlán.

F.S. S., quien contaba con 45 años de edad, escribía para el periódico “Tiempo”, además de ser coordinador de la estación “La Favorita”, la cual está en proceso de registro.

De acuerdo con medios de comunicación, el periodista fue amenazado de muerte en septiembre de 2014 junto con A. R. B. B., su colega en la estación radiofónica. En esa ocasión, ambos denunciaron como posible responsable de las amenazas al hermano del entonces presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

La Defensoría subraya que cualquier agresión que impida el trabajo de una persona cuyo oficio es la comunicación pública, constituye un delito que lesiona no sólo a la víctima directa sino a la sociedad en su conjunto, pues a causa de estos actos la comunidad es privada de información que puede ser relevante para la toma de decisiones públicas.