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OAXACA, Oax. 10 de julio de 2014 (Quadratín).- Tras corroborar la presunta violación de garantías individuales de indígenas de San Juan Cotzocón, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió este miércoles una recomendación dirigida a diversas dependencias del Gobierno del Estado y al ayuntamiento constitucional de esa localidad.
Desde enero pasado, un grupo de la población afín al edil Juan Eliel Inocente se quejaba de presuntos hechos vejatorios, como detenciones arbitrarias, encarcelamientos e incluso agresiones sexuales por parte de seguidores del ex candidato a la alcaldía, Gorgonio Tomás Mateos.
El 11 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) incursionaron en la población para detener a 20 personas, operativo que dejó como saldo oficial cuatro policías muertos y cuatro indígenas mixes; una mujer más había fallecido horas antes de la presencia policial.
Luego de las denuncias, el organismo realizó las indagatorias en las que concluyó la presunta falta de preparación de los uniformados, uso desproporcionado de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias y vejaciones.
Entre otras conclusiones, la DDHPO destaca que “si bien existió un a Orden General de Operaciones para tomar acciones de seguridad, a fin de llevar a cabo el operativo en comento, no existió la coordinación necesaria entre las corporaciones policiacas para actuar conforme lo ameritaba la situación; ni se realizó conforme a la legalidad, ya que las autoridades encargadas de su ejecución, no guardaron la secrecía correspondiente…”.
Asimismo, señala que se actuó con irresponsabilidad al contratar a personas originarias para que guiaran a los domicilios de quienes tenían órdenes de aprehensión, por lo que uno de los guías fallecieron en el enfrentamiento.
“Así también se desprende la falta de capacitación de los cuerpos policíacos de nuestra entidad en materia de técnicas encaminadas a actuar profesionalmente, con el sentido de ética, disciplina y adiestramiento necesarios para no caer en provocaciones que, como en el presente caso, lo único que ocasionaron fue una maximización del conflicto; así como de los conocimientos necesarios para la utilización del uso de la fuerza estrictamente necesaria para efectuar la detención, sometimiento, traslado y reclusión de las personas que sean detenidas con motivo de alguna infracción a la ley”, expone la recomendación 12/2014.
El organismo ordenó a las instancias del Poder Ejecutivo implementar acciones para reparar el daño, así como iniciar procedimientos administrativos y penales para sancionar actos fuera de la ley cometidos por los servidores públicos.
De la misma manera, a establecer las condiciones necesarias para el retorno de 170 personas a su comunidad, que salieron a causa de la violencia.