
Infancias en riesgo: realidades crudas frente a derechos olvidados
Oaxaca, Oax. 18 de julio de 2013 (Quadratín).- La causa de los derechos humanos es la más noble y se constituye en la mejor aportación social que los servidores públicos y ciudadanía le pueden ofrecer al país, afirmó el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Ricardo Sepúlveda Iguíniz.
El doctor en Derecho Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana y especialidad en Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, impartió la conferencia Reforma Constitucional en Derechos Humanos y Amparo, a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces, directores de área y servidores públicos judiciales.
Ante el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Lagunas Rivera precisó que es necesario que el ejercicio de las garantías fundamentales se materialice y se convierta en algo cotidiano y práctico, porque los derechos humanos se encuentran por encima de la Constitución y el Estado está para reconocerlos y defenderlos.
Sepúlveda Iguíniz sostuvo que el planteamiento actual ya no es hablar de un Estado de Derecho sino de una Sociedad de Derechos porque este concepto establece un vínculo más cercano con los ciudadanos y la protección a sus garantías, lo que implica que las personas tienen un papel más relevante que las instituciones públicas.
Reiteró que la reforma constitucional en esta materia se publicó el 10 de junio del 2011 y tiene como fin esencial el reconocimiento y protección de los derechos humanos.
Se trata de una transformación que revoluciona el sistema jurídico porque la supremacía constitucional está puesta al servicio de estas garantías, apuntó.
Especificó que dicha reforma conlleva una transformación en la ideología de la Constitución porque las normas tienen la tendencia de estar orientadas a la ciudadanía, sociedad y no tanto a la autoridad. Además, se incorporan las leyes en materia de derechos humanos de carácter internacional.
El catedrático de universidades públicas y privadas en varios estados del país, explicó que el Artículo 1 de la Constitución, modificado en 2011, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en las leyes y tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, aunque refirió que el proceso de implementación es más importante que el hecho jurídico.
Luego de reconocer que el Poder Judicial ha sido una instancia proactiva para su ejecución, el autor de diversas publicaciones subrayó que la protección real y fortalecimiento de las garantías individuales requiere de los Tres Poderes del Estado y de las instituciones educativas y sociales, conjuntamente con la participación ciudadana.