Exige Flavio Sosa retirar a México de acuerdo sobre internet

Oaxaca, Oax. 25 de julio 2012 (Quadratín).- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio propuso este miércoles un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a retirarse del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), debido a que viola diversos derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Al argumentar su propuesta, que fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, el legislador señaló que más allá de abatir la piratería, la finalidad del ACTA es regular los contenidos que circulan por Internet, lo que constituye un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
En la tribuna del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, recordó que ese convenio sobre Internet fue signado por el Ejecutivo federal el pasado 11 de julio, pasando por encima de un acuerdo del Senado de la República en el sentido de no suscribirlo.
Indicó que entre los razonamientos aprobados desde el año pasado por el pleno del Senado se incluyó la valoración de que mediante el ACTA “se podría caer en la tentación de censurar los contenidos de la Internet, restringiendo la libertad de funcionamiento y neutralidad de la misma”.
También, agregó, el Senado concluyó que la ejecución del ACTA podría traducirse en una limitación a la universalización del acceso a Internet en nuestro país, ampliando la brecha digital y disminuyendo la posibilidad de insertarnos en la llamada “sociedad de la información y del conocimiento”.
Además, en el proceso de negociación se violó la Ley sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica; algunas disposiciones del proyecto del ACTA resultan contrarias a las leyes de nuestro derecho nacional, y existe ambigüedad en algunas disposiciones del Acuerdo, dijo.
Flavio Sosa expuso que el ACTA implica la censura de contenidos, con una clara restricción de la libertad de expresión, y vigilancia total de las actividades en línea, lo que deviene de manera automática en la limitación de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
“Este detrimento de las libertades individuales y los derechos colectivos es sólo en beneficio económico de las grandes trasnacionales del entretenimiento y propietarias de marcas y patentes, a las que otorga poder ilimitado sobre la web”, expresó el legislador del Partido del Trabajo.
Dijo que el control universal de los contenidos de la comunicación –“la aspiración de todos los dictadores, el antiquísimo sueño de los tiranos”– está al alcance del poder aparentemente ilimitado de los dueños del capital mundial, pues el ACTA les confiere “el control de las palabras” y con ello “el control sobre el sentido de las palabras”.
Destacó la gravedad de lo anterior, dado que la ciudadanía entiende la realidad en buena medida a partir de lo que los medios de comunicación masiva publican o dejan de publicar, fenómeno que comenzó a erosionarse con el auge de las redes sociales por Internet, donde todos son a la vez emisores y receptores.
“Contra esta posibilidad democrática atenta la regulación de los contenidos en Internet que propone el ACTA, que convierte a las empresas multinacionales en árbitros de los nuevos emisores y de sus contenidos; de nosotros, como sociedad que habla y actúa”, destacó.
Subrayó que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través del ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información las personas estarán en mejor capacidad de contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades y países.
Mencionó también pronunciamientos similares contra el ACTA emitidos por instancias como Amnistía Internacional, por considerar que no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso.
“Este es un llamado de atención, respetuoso pero firme, a nuestras autoridades administrativas: no pueden negociar ni a espaldas, ni a contramano de la voluntad del pueblo”, expuso finalmente.