Exigen panistas ajustes a la Reforma Hacendaria

MÉXICO, DF. 3 de enero de 2014 (Quadratín).-Las bancadas de PAN y PRD en el Senado protestaron por la confusión que se ha generado con los nuevos gravámenes incluidos en la reforma hacendaria, al alertar que en medio de esta situación los más afectados son los sectores vulnerables y la planta productiva, por lo que demandaron al gobierno ajustes a la reforma hacendaria, liberar de inmediato el gasto público y ceñirse a las medidas de austeridad aprobadas.

De acuerdo a una nota de Milenio, en entrevistas por separado, los panistas Héctor Larios y Francisco Domínguez dijeron que con la reforma hacendaria en curso no solo se golpea el bolsillo de los mexicanos, sino la generación de empleos, pues las modificaciones al régimen de deducibilidad y de ISR impactarán en una baja de las inversiones y restará prestaciones a los trabajadores.

Mientras que los perredistas Dolores Padierna y Mario Delgado aseveraron que muchos comerciantes ya aumentaron desproporcionadamente sus precios, bajo el pretexto de los aumentos de impuestos «y el gobierno ha demostrado su incapacidad para sancionar las prácticas especulativas» del IEPS, que en los hechos se convirtió en un IVA de 8 por ciento.

Mario Delgado, ex secretario de Finanzas capitalino, se refirió a la responsabilidad que tiene el PRD en esta reforma, luego de que una parte apoyó su aprobación, junto con el PRI.

Recordó que, en lo personal, él se opuso porque el país está en una situación de recesión derivado del mal manejo económico aplicado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, de modo que «es el peor momento para aplicar nuevos impuestos».

Sin embargo, una parte del PRD apoyó la reforma económica porque se pensaba que sería progresiva.

No obstante, consideró que con los decretos de los últimos días que exentan de IEPS al pan de caja, maíz y otros productos «se beneficia a los mismos empresarios de siempre» y se generan nuevos hoyos fiscales.

Advirtió que ante esta situación, en el PRD «vamos a estar muy pendientes en que se apliquen las medidas de austeridad, porque todo este esfuerzo que está haciendo la sociedad y sectores productivos por darle más recursos al gobierno es para que los regrese vía servicios públicos, no para que se vaya por el caño del despilfarro o la corrupción».

De acuerdo con el Delgado, priva una gran confusión en la aplicación de los gravámenes, particularmente en los alimentos de alto contenido calórico, por lo que el gobierno tendrá que reencauzar su política económica y liberar de inmediato el gasto público para que, a través de servicios, generación de empleos e inversiones, se revierta esta situación.

A su vez, la senadora Padierna previó que, a reserva de tener un cálculo detallado de los efectos de la reforma en los salarios de los trabajadores, se puede anticipar que serán mayores a la inflación general esperada para 2014, del 3.0%, estimación que sirvió de base para establecer el salario mínimo general.

«Solo baste señalar que el costo de la canasta básica se incrementó 5.7% durante los primeros 11 meses de 2013, mientras que la inflación general fue de 3.8%, y sin la reforma fiscal.»

En ese sentido, la legisladora demandó al gobierno que facilite al PRD el diseño y aplicación de un sistema de indicadores que permitan evaluar permanentemente el desempeño y resultados de la reforma fiscal, con base en el cual se solicite a las autoridades hacendarias las explicaciones e informes correspondientes.

Toda vez que es indispensable llevar un seguimiento puntual de los efectos de la reforma fiscal, no solo en términos de recaudación, sino en los impactos en la población y el cumplimiento de las metas propuestas.

Expuso que ya muchos comerciantes han aumentado desproporcionadamente sus precios, bajo el pretexto de los aumentos de impuestos «y el gobierno ha demostrado su incapacidad para sancionar las prácticas especulativas».

En el caso de la comida chatarra, Padierna subrayó que si no se aplican otras medidas que permitan a la población contar con opciones de consumo, lo que muy probablemente ocurrirá es que la población deje de consumir otros productos en vez de los que se trata de desincentivar.

En tanto, el panista Larios, presidente de la Comisión de Comercio del Senado, dijo que el impacto de la reforma hacendaria está demostrando en los hechos que el PAN tenía razón al oponerse, porque no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que han comenzado a bajar las inversiones en la frontera.

«Particularmente para los estados que tienen industria manufacturera de exportación, porque inversiones que estaban autorizadas están dejando de hacerse y yo no tengo ninguna duda de que el gobierno, a través de acciones administrativas, tendrá que moderar las medidas en cuanto a exportación, porque nos sacan de competencia», apuntó.

Al advertir que si no hay competitividad, las empresas van a cerrar y eso, dijo, ya se comienza a resentir en el norte del país.

«Diría que 2014 será complicado para las fronteras, pero también afectará a la industria que produce alimentos con alto contenido calórico, como refrescos, por ello es posible que las expectativas de recaudación del gobierno no se cumplan y lo que pedimos es que sean cautos para no gastar lo que no recaude.»

A su vez, el senador Domínguez señaló que el gobierno debió confiar en que con la reforma energética se generarían los ingresos necesarios para el crecimiento económico.

«Es una situación triste para los mexicanos iniciar así el año, porque posicionamos fuerte, dijimos que era injusto que haya nuevos impuestos; dimos la batalla, la perdimos con todo el posicionamiento de que la de energía era realmente la que daría recursos al erario para no cobrarles más a los mexicanos. Es un golpe durísimo para la clase trabajadora y los empresarios», expresó Domínguez.

La Suprema Corte dio entrada oficial a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 62 senadores contra la homologación del IVA en las fronteras, de 11 a 16 por ciento, en la que la oposición argumenta que las razones para subir el gravamen en ocho entidades son falsas.

Se prevé que el Congreso y el Ejecutivo sostengan la primer batalla legal del año, toda vez que el gobierno federal acreditó al consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, como presentado para oír y atender notificaciones.

De acuerdo con los senadores, esperan una respuesta en un plazo de 20 días naturales, luego de que esta demanda se presentó desde el pasado 6 de diciembre, pero había que esperar a que entrara en vigor para impugnar los actos vigentes.

En el escrito presentado en diciembre por los senadores encabezados por los panistas Ernesto Ruffo y Roberto Gil, el petista Manuel Bartlett y el perredista Mario Delgado, los legisladores argumentan que con la reforma hacendaria y fiscal, que eleva a 16 por ciento el IVA en las fronteras Norte y Sur del país «se violan los de razonabilidad legislativa al que obligan los Artículos 16; 31, Fracción Cuarta; 49 y 134 de la Constitución Federal».