La posverdad judicial
Oaxaca, Oax., 29 de julio de 2009 (Quadratín).- PROCAMPO es un programa del gobierno federal que se creó hace 15 años, con el objetivo de dotar de recursos financieros a los productores mexicanos y así poder competir con los agricultores extranjeros, principalmente de Estados Unidos. En el Marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o TLCAN) el gobierno federal ejerció 171 millones de pesos, mismos que no han logrado sus verdaderos fines, pues en la mayoría de los casos, los recursos han ido a parar a manos de personas que no son las más adecuadas.
Desde su creación, Procampo ha beneficiado a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos. En un estudio reciente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llamado Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada menciona que Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos.
De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos. El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor. Procampo, cuyo fundamento era transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales para mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización, terminó como un programa asistencial para los minifundistas.
En torno al diseño de Procampo se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y el amiguismo. En 2007 una legisladora perredista descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos. Según la diputada, Procampo ha servido como camuflaje perfecto para los grandes cultivadores de droga.
Ha habido voces de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) que ha manifestado la desprotección en la que se encuentra el campo mexicano. Y es que después de la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los productores mexicanos carecen de tecnologías, de insumos, de equipamiento y de créditos accesibles. En contraste con esta aseveración, los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente, son quienes menos apoyo reciben del gobierno. Lo más sorprendente del caso es que estos pequeños agricultores, con menos de 5 hectáreas de propiedad y que representan el 90% de los productores en México, utiliza los recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes.
Tan sólo en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas. Lo anterior demuestra que este instrumento gubernamental para apoyar a los productores mexicanos no ha servido para apuntalar el desarrollo del sector primario. Los resultados son visibles: México está hoy por debajo del nivel de producción que tenía antes de la firma del TLC..