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CANCÚN, Q.R. 7 de diciembre de 2015.- Los Poderes Judiciales de Michoacán, el Estado de México, Aguascalientes, Tabasco, Oaxaca y Morelos, firmaron un convenio de colaboración para agilizar los trámites de exhortos de un juzgado a otro entre diferentes entidades y realizarlos de manera directa.
En la ceremonia presidida por el titular del Poder Judicial de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún, se destacó que en ocasiones, alguna de las partes involucradas en una demanda de juicio radica en un estado distinto a donde se lleva el proceso, por lo cual se hace un exhorto al Poder Judicial correspondiente a realizar las notificaciones y diligencias se informa en un comunicado.
Ello implica una pérdida de tiempo por parte de las instituciones impartidoras de justicia, ya que todos los exhortos son dirigidos del juzgado de origen a la Presidencia del Poder Judicial o la Secretaría General de Acuerdos, para así dar recepción del mismo y después canalizarlo al juzgado que compete, órgano que posteriormente expide el trámite de notificación, procedimiento que puede demorar hasta seis meses.
Con el establecimiento de este acuerdo interinstitucional, los exhortos judiciales se realizarán de manera directa entre los juzgados intervinientes para agilizar los procesos, economizando así el tiempo, recursos materiales y sobre todo el dinero de las partes, afirmó el titular del Poder Judicial de Quintana Roo.
Sobre este tema, el consejero de Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, José Luis Reyes Hernández, quien acudió a la ceremonia en representación del magistrado presidente Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, ratificó que en la institución se continúa trabajando en el fortalecimiento de lazos institucionales que garanticen a la sociedad una justicia más pronta y expedita, garante de los derechos humanos.
Como parte del convenio, también se establece la posibilidad de ejecutar los exhortos de manera electrónica a través del internet para acelerar aún más dicho proceso, con una serie de medidas de seguridad que resguarden la información y garanticen la protección tanto del imputado como de la víctima u ofendido.