Fortalece Gobierno el respeto al derecho de los pueblos indígenas de la entidad: Adelfo Regino

Oaxaca, Oax. 31 de mayo 2012 (Quadratín).-En el actual gobierno estatal existe la disposición y voluntad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, por ello el gobernador Gabino Cue Monteagudo ha dado instrucciones de trabajar ya en la integración de una propuesta de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos naturales y afromexicanos de la entidad, manifestó el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes.
Al intervenir en la presentación del Informe del DPLF (Fundación para el Proceso Legal, por sus siglas en inglés), sobre Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas a través del nuevo sistema de Justicia Penal en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, realizado este jueves en el Auditorio del Palacio de Gobierno, el servidor público indicó que la reforma incluirá todo lo referente al reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y su armonización con el derecho estatal y el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Ante Silvina Ramírez, experta argentina en temas de derechos de los pueblos indígenas, quien tuvo a su cargo la presentación del informe, de la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de la Gubernatura, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), recordó que en esta materia se han dado pasos importantes en la entidad con la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas emitida en 1998, que incluso fue reconocida a nivel nacional.
Sin embargo, añadió, los regímenes autoritarios del pasado no la han aplicado, puede decirse que la han mantenido en la congeladora, y ahora la administración de Gabino Cué tiene la firme voluntad de caminar hacia su enriquecimiento y aplicación.
Indicó que a través de una reflexión y diálogo constructivo entre las autoridades del estado, así como autoridades y representantes de las comunidades indígenas, se podrá avanzar en esta materia.
Recordó que en Oaxaca el nuevo sistema procesal penal se aplica ya en varias regiones y la SAI, junto con la Procuraduría para la Defensa del Indígena, apoyan con traductores a los naturales que son juzgados por diversas causas.
En su oportunidad, la experta argentina Silvina Ramírez, apuntó que la Reforma Procesal Penal en América Latina lleva ya más de una década de avances y discusiones sostenidas y no ha sido fácil cambiar el sistema inquisitorio heredado de la Colonia por los sistemas orales adversariales, que tienen como objetivo garantizar el derecho de las partes y dotar el proceso de transparencia y celeridad, por medio de un juicio público, oral y contradictorio.
Precisó que de acuerdo al estudio realizado en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, algunos de los principales obstáculos que deben ser superados para acercar la reforma procesal penal a los pueblos indígenas es la falta de participación de las comunidades en la discusión de este tema, al que ven como una cuestión técnica que nada tiene que ver con una administración de justicia más democrática e incluyente.
Recomendó hacer procesos de consulta y establecer mecanismos de información al respecto, así como profundizar la participación de las comunidades, además de lo relacionado con los intérpretes que se requieren.
En torno a los juicios orales, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Gerardo Carmona Castillo destacó el derecho al intérprete, aunque reconoció que dada las variaciones lingüísticas también han habido algunos problemas que hay que enfrentar.
A su vez el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) Maurilio Santiago Reyes reconoció la necesidad que el Poder Judicial convoque a las autoridades indígenas para que conozcan este nuevo esquema.
De su lado, Luis Jorge La Peña, coordinador del área de Investigación y Análisis de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C., destacó la necesidad de capacitar a los traductores e intérpretes para una buena defensa de las personas que tienen que atravesar un proceso penal.
Cabe señalar que el DPLF es una organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que trabaja para mejorar las políticas públicas relacionadas con la administración de justicia.
En el evento también se llevó a cabo una mesa de análisis en la que se abordaron los temas: ¿Ha mejorado la coordinación entre el derecho oficial y derecho indígena en el nuevo sistema procesal penal? ¿Cuáles han sido los avances que promovió el nuevo Código Procesal Penal y cuáles son los obstáculos que se mantienen? Coincidiendo los panelistas que aún faltan mayores avances en la integración de ambos sistemas, así como en el reconocimiento de las comunidades étnicas.
PIE DE FOTO:
Organismo internacional DPLF presenta el informe “La protección de los derechos de los Pueblos Indígenas a través del nuevo sistema de justicia penal”