Fortalecer el Estado de Derecho

MÉXICO, DF, 3 de noviembre de 2014.- Al hacer, desde el sector empresarial, el llamado a un Pacto, o un gran acuerdo porel Fortalecimiento Institucional del Estado Mexicano, nos referimos a hacer explícito el compromiso y la señal de que vamos a fondo por la regeneración de la vida pública en México, a los tres niveles de gobierno, y a los poderes de la unión, con reformas, decisiones y acciones concretas contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

No se trata de una reforma política más, como la que se dio entre el 2012 y el 2013, la cual implicó una serie de cambios de enorme relevancia, ya incorporados a nuestra Constitución y a otras leyes.

Con el trascendente ciclo de reformas que hemos logrado, México cuenta con un cuerpo normativo de vanguardia a nivel mundial, tanto en lo político, como en materia económica y social.

Desde luego, toda legislación siempre será perfectible y requerirá adaptarse a nuevas realidades y necesidades. Subsisten, también, múltiples pendientes en la agenda legislativa.

Pero no basta con ello: la prioridad, ahora, es precisamente reformar y afianzar la capacidad institucional, del Estado en su conjunto, de que las leyes se cumplan y se hagan cumplir por parte de todas las autoridades a las que se ha delegado esta gran responsabilidad.

El Estado de derecho necesariamente requiere de las dos mitades: leyes e instituciones fuertes que las hagan valer.

Más que un problema de perfeccionar legislaciones, el problema mayor es la corrupción y la impunidad, que impiden que éstas se apliquen en la realidad, en todos los ámbitos.

Efectivamente, estos males, junto con la opacidad y la insuficiente rendición de cuentas, se manifiestan como talón de Aquiles en el desarrollo nacional, dos grandes lastres, que mientras persistan en sus niveles actuales, ponen en entredicho o en riesgo los avances en otras áreas.

El exhorto que se hace a reconstruir la confianza en México, en el Estado en su conjunto y en el seno de la sociedad, es totalmente oportuno, porque sin ésta, se debilita la cohesión social y el impulso económico.

Durante años, han sido la corrupción y la impunidad lo que más ha minado la confianza en México, y el caso Iguala es una manifestación dolorosa de esto, que sigue a otras, con las que comparte esos dos elementos entre sus causas profundas.

Desde luego, abatir estos lastres que están en la médula de los mayores problemas del país, y que se han reproducido durante décadas, es un reto de largo plazo. Requiere constancia y no va a resolverse en un año. Pero hay que empezar, y también hay amenazas en lo inmediato, que tenemos que despejar.

Debemos actuar con diligencia, porque no podemos aceptar que vuelva a presentarse otra tragedia como ésta, como lo fueron antes otros sucesos, como los homicidios de migrantes hace unos años. Los gérmenes siguen ahí; el virus de la corrupción, la impunidad, la descomposición institucional y social que imperan en algunas zonas del país, muchas de las cuales están entre las de mayor pobreza y atraso, tienen que ser combatidos con firmeza y oportunidad, como prioridad nacional.

México necesita esta señal de que, como decisión y eje estratégico del Estado en su conjunto, vamos por la transformación a fondo, por el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

No debe haber diferencias ideológicas o partidistas que impidan un compromiso para tener instituciones sólidas y representativas, ni para tomar acciones urgentes que impidan que se presenten sucesos de violencia e impunidad como los que se han vivido.

Así ocurrió en España la semana pasada, de acuerdo a sus propios problemas y circunstancias: una reacción contundente, con un operativo amplio en respuesta a la indignación contra casos de corrupción, que se vieron como amenazas al sistema democrático.

También en México necesitamos medidas enérgicas para parar la descomposición en muchas zonas donde, por la presencia de la delincuencia organizada, se han suspendido, de facto, derechos humanos y garantías, como la libertad de tránsito. Hace falta la presencia urgente del Estado.

Justamente, acaba de vencerse el plazo para que más de 400 mil policías fueran evaluados y certificados. Es claro que nos estamos quedando rezagados ante las dimensiones del reto y los riesgos en adelante.

Se requiere de proactividad, en todos los órdenes de gobierno, en especial en las presidencias municipales, donde más de 400 presidencias, no tienen policías aún, y desde luego, en la sociedad y la iniciativa privada. Más participación ciudadana, mayor compromiso, y la decisión de Estado de ir adelante en la depuración de la vida pública.

Este es el Pacto por México al que convocamos a la nación, que cuente con el compromiso firme de que este mismo año tendremos lista una política integral y nacional de rendición de cuentas, un sistema efectivo para combatir a la corrupción y una agenda puntual de prioridades para abatir la impunidad.

En este sentido, valoramos la voluntad que ha manifestado, con determinación, el Presidente de la república, para ir hacia delante en esta gran tarea nacional. Vamos juntos en La Agenda por México que firmamos con el Presidente en el 2012 y la cuál especifica los 5 ejes del fortalecimiento institucional del estado mexicano. Estado de Derecho, Democracia, Justicia, Seguridad y Combate a la corrupción y la impunidad.

Como sector, estaremos presentando propuestas puntuales y promoveremos una participación ciudadana que le dé fuerza al cambio.

El 2015 se presenta como un año de grandes pruebas para los mexicanos, con un panorama económico internacional de incertidumbre, elecciones federales y retos muy importantes en la implementación de las reformas estructurales, en especial en la reforma educativa.

Tenemos que comenzar el año con el Pacto, o el gran acuerdo por el Fortalecimiento Institucional del Estado Mexicano que está haciendo falta para avanzar con más confianza y cohesión social en el camino de transformación que hemos iniciado.

Vamos para adelante por la transformación profunda de México, de la economía, tanto como de la vida en democracia y vigencia de las leyes.