Francisco Gómez Maza / Análisis a Fondo: ¿Ahora, quién es el masacrador?

MÉXICO, DF, 6 de octubre de 2014.- Muy angustiado, muy compungido, con un explicable complejo de culpa, se percibe el gobernador de Guerrero, el neoperredista Ángel Aguirre Rivero (@AngelAguirreGro) en su página de Twitter, al hacer frente mediáticamente a la masacre de los 43 estudiantes normalistas.

La masacre fue confirmada este fin de semana con el descubrimiento de una fosa común, luego de que los 43 jovencitos fueron desparecidos, hace una semana. En la autoría del crimen están inmiscuidos policías municipales de  la ciudad de Iguala. Y se especula que podrían estar también involucrados misteriosos sicarios del crimen organizado.

Botones de muestra de la ansiedad del gobernador son los correos que Aguirre Rivero tuiteó hasta este domingo al medio día. No dejó de tuitear durante la jornada dominical:

«Llamo a todos los actores políticos, económicos y sociales de nuestra entidad a la no confrontación. #Guerrero hoy nos necesita a todos.

«No descansaremos hasta castigar y encarcelar a todos aquellos que tengan alguna responsabilidad en estos hechos delictivos”.

«A los familiares y amigos de los que fueron salvajemente masacrados ofrezco toda mi solidaridad y apoyo”.

«Sería altamente condenable, quienes quisieran sacar provecho o raja política, de una situación como la que hoy no embarga y nos entristece.»

Y no es para menos:

Autoridades ministeriales del estado descubrieron este sábado fosas clandestinas con cadáveres masacrados, a una semana de la desaparición de los 43 jóvenes, a quienes se les perdió de vista luego de una noche de violencia en la ciudad de Iguala, donde fueron también asesinadas seis personas entre ellas tres estudiantes y 25 más resultaron heridas.

Una ola de indignación se levantó, conocida la noticia del macabro descubrimiento, en un paraje cercano al escenario de las manifestaciones estudiantiles en Iguala.

Esta historia, junto con la del fusilamiento sumario de Tlatlaya, en el estado de México, es harto conocida por la opinión pública. Una semana en la que los medios le han dedicado espacios y tiempos a ambos sucesos, que marcan cargas ideológicas que se creían desterradas en un país en el que su presidente, Enrique Peña Nieto, presume de que los derechos humanos son sagrados.

En ocasión del memorial de la Masacre de Tlatelolco, de hace 46 años, el pasado jueves, este escribidor se mostraba convencido de que, en tiempos de campañas contra el hambre, de luchas contra la pobreza, de solución de conflictos por medio del diálogo, no volverían las masacres. Pero aquí que nunca han parado.

Muchas, durante los últimos dos sexenios, han sido atribuidas a la autoría de cuadrillas del crimen organizado: Michoacán, Tamaulipas, Monterrey, estado de México, dolorosos escenarios donde las manos criminales han mostrado su más diabólica sevicia.

El fusilamiento de presuntos miembros del crimen organizado en Tlatlaya, estado de México, por soldados, no resiste el más exacto calificativo.  Pero este asunto gravísimo ha dejado de estar por el momento, ante la masacre de Iguala, en el foco de atención de los medios.

Se lucubra harto y sin fundamentos en torno a las culpabilidades y la autoría del crimen de lesa humanidad. Vaya que es lesa humanidad. Pero sólo de oídas, o bajo el odio interpartidista: ¿Policía municipal infiltrada por sicarios del crimen organizado? ¿Una orden de arriba de partirles la madre a los estudiantes de la incómoda escuela normal de Ayotzinapa? Una normal anormal porque nunca está en paz gracias a la irresponsabilidad de las autoridades.

Las policías de cualquier parte del mundo actúan bajo órdenes de sus superiores. Si la policía de Guerrero no está infiltrada, los policías municipales de Iguala tuvieron que haber actuado o por su propia iniciativa, motivados por odio, o por órdenes superiores: desaparézcanlos y rómpanles su madre. O como aquel «mátenlos y después averiguan».

Lo novedoso del caso es que ahora sus enemigos no pueden culpar al priísmo. La gubernatura de Guerrero está en manos del PRD. La presidencia municipal de Iguala, escenario de la violencia policial contra los jóvenes de Ayotzinapa, está en manos del PRD, aunque el Consejo perredista haya expulsado al actual alcalde precisamente por la represión, la desaparición de los estudiantes y la masacre.

Por estos hechos fueron detenidos 22 policías locales, quienes presuntamente dispararon contra los jóvenes por razones aún desconocidas… Pero…

Pero todo está cubierto por la neblina espesa de la ignorancia, de la duda, de la sospecha, de la acusación sin pruebas… Muchas preguntas esperan una respuesta verdadera. Por conveniencia de los dueños de la franquicia perredista.

[email protected]

www.analisisafondo.com

@AFDiario @analisisafondo