Francisco Gómez Maza / Análisis a Fondo: Cuando la pudrición nos alcance

MÉXICO, DF, 8 de octubre de 2014.- Los Chuchos deben de estar poniendo changuitos, pues su suerte, no su prestigio porque nunca lo han tenido, está en juego en las fosas clandestinas donde fueron localizados los restos de los jovencitos masacrados por los Guerreros Unidos.

Corrupción, connivencia, complicidad de autoridades locales con el narcotráfico. Y… el agua podrida podría anegar hasta Palacio de Gobierno en Chilpancingo, cuyo principal inquilino es el “primer perredista” de Guerrero.

Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) confirma que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala con licencia, tiene estrechos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la zona norte del estado.

Gracias a los nexos de su esposa, suegra y cuñados con el extinto Arturo Beltrán Leyva, Abarca Velázquez, quien sirvió a este capo de lavador y prestanombres, pudo levantar en pocos años una fortuna considerable, dice el documento en poder del diario mexicano El Universal.

Qué revelación, en momentos en que la masacre de estudiantes perpetrada por miembros del crimen en el municipio de Iguala conmociona por lo menos a los medios de información y a  los sectores populares.

El gobernador Ángel Aguirre no sólo debe advertir que, si su renuncia sirviera. la presentaría. Ya debió de haber pedido licencia, ya que un puesto de elección popular es irrenunciable.

Ya debió de haber puesto en manos del Congreso local la gubernatura, para que las autoridades ministeriales puedan investigar el delito de lesa humanidad perpetrado por miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, íntimamente ligada con prominentes integrantes de la clase política gobernante en el estado.

Va a salir mucha porquería de los drenajes de la política guerrerense con esta masacre. Mucho trabajo para Chucho Murillo Karam.

Y mientras, los diputados siguen dando vueltas y vueltas a la palabrería y a la demagogía, creando comisiones y comisiones y parloteando a lo zonzo en tribuna. Y la referencia es para todas las bancadas. Ahora crean la quini milésima comisión para dar seguimiento a las investigaciones de la masacre.

La nueva instancia legislativa, que sale sobrando como todas las comisiones que conforman los diputados, estará conformada por siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario representado en San Lázaro y será presidida por el panista Guillermo Anaya. Los diputados federales por Guerrero declinaron participar para no ser juez y parte.

Titulado Avances en la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero, el informe interno, fechado el 1 de octubre pasado, destaca, que el alcalde logró sobornar a las dirigencias estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de diversos mecanismos, como la entrega de dinero en efectivo y apoyos en especie destinados a la operación de dichos comités.

Además, uno de los cuñados del alcalde, de nombre Salomón Pineda Villa El Molón, estuvo preso en el Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, cumpliendo una condena por delitos contra la salud. Fue liberado en junio de 2013 y de forma inmediata retomó sus actividades criminales y se convirtió en el jefe de plaza en Iguala para el cártel.

Otros dos de sus cuñados, Alberto Pineda Villa El Borrado y Mario Pineda Villa El MP, fueron operadores de los Beltrán Leyva durante muchos años; sin embargo, el distanciamiento con este capo originó la ejecución de ambos. María Leonor Villa Orduño, la suegra de Abarca Velázquez, también se encuentra relacionada con Arturo Beltrán Leyva, dado que fungió como su operadora y prestanombres.

Sobre los hechos violentos del pasado 26 de septiembre, el documento establece que, luego de realizar una movilización en Iguala, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, pretendía trasladarse a la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en el zócalo de esa población, donde a las 18 horas la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, rendiría su segundo informe de labores como presidenta del DIF Municipal.

Por ello, señala que Pineda Villa le ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, que no debía permitir que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual debía de implementar un operativo que frenara su avance y los replegara. Y luego toda la historia ya es conocida.

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