Garantizar autonomía y ciudadanización de la DDHPO, pide Max Vargas

Oaxaca, Oax. 9 de marzo del 2012 (Quadratín).- Como integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXI Legislatura local, el diputado de la fracción del PRI, Max Vargas Betanzos, pidió que la designación de los consejeros y el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), garantice la autonomía, independencia y ciudadanización de este organismo.
En entrevista, el legislador por la Mixteca recalcó que la fracción del PRI fortaleció la Ley de Derechos Humanos aprobada por esta legislatura, por ello, vigilará que los ciudadanos que estén al frente de la DDHPO, no tengan, ni hayan tenido, vínculos de subordinación respecto de los poderes que van a vigilar.
“De lo contrario, dicha Institución estaría destinada al fracaso, toda vez que la fortaleza de este organismo radica en la presencia y autoridad moral de sus miembros para poder señalar el mal funcionamiento de las instituciones y sus titulares”, recalcó.
Dijo que si la persona que cubrirá esta posición no cumple con los requisitos marcados en la propia Ley, no podemos asegurar que va a vigilar de manera autónoma e independiente a otra, cuando la primera fue impuesta por la segunda. “Debemos ser muy cuidadosos de esto, pues me atrevo a decir que la legitimidad de este órgano y su buen funcionamiento depende en gran medida de este sólo hecho”.
Explicó que las personas que estarán al frente del Consejo Ciudadano y de la titularidad de la DDHPO, deben contar con un perfil que armonice su formación profesional y sus conocimientos técnicos en la materia, con una reconocida honorabilidad en su trayectoria pública, buena reputación, solvencia ética y, sobre todo, un compromiso íntegro con los derechos humanos.
Además, debe tener una fuerte vinculación con la sociedad civil, pues será esta la que determine la autoridad moral de dichos servidores públicos, pero fundamentalmente que cuenta con una total autonomía e independencia respecto de la administración pública y de sus titulares.
“No permitiremos que se imponga el interés particular sobre el general, porque queremos una Defensoría de los Derechos Humanos fuerte, autónoma e independiente, nos conviene a todos, porque permitirá garantizar mejores niveles de institucionalidad, fomentando la consolidación de la democracia, vigilando la transparencia y rendición de cuentas de las demás instituciones de nuestro estado”, finalizó.