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Consejo de la “caricatura”, Servil al Gobierno
MÉXICO, DF. 11 de agosto de 2014 (Quadratín).-La semana pasada quedará inscrita en los anales del quehacer parlamentario en México por la conclusión de la reforma energética, una vez aprobada su legislación secundaria en el periodo extraordinario de sesiones, que con ello también concluye, cumpliendo con su cometido.
Sin duda estamos ante uno de los cambios de mayor trascendencia y calado que, en varias décadas, se han emprendido en este país en materia económica.
La reforma abre un horizonte promisorio para el sector energético, en particular, y por extensión, para el crecimiento y el desarrollo económico nacional, el cual deberá permear a la población, en la forma de oportunidades, prosperidad y mejora de la calidad de vida de todos.
Se trata de una de las demandas históricas del sector empresarial mexicano, que hoy se vuelve una realidad. Con esta reforma, en México estamos dando pasos vigorosos hacia el progreso. Estamos convencidos de que le da una nueva perspectiva al país, a partir de decisiones que no sólo son las correctas de acuerdo con la coyuntura nacional e internacional, sino que eran necesarias desde hace mucho tiempo.
Reiteramos el reconocimiento al Congreso de la Unión y a los senadores y diputados que han tenido la visión, la voluntad y el compromiso de sacar adelante esta reforma fundamental para el país. Al Gobierno Federal, por la iniciativa política para dar este paso, que esperamos se formalizará, con su promulgación.
Desde luego, también hay que reconocer a los distintos actores de la sociedad que enriquecieron el debate en torno al tema energético, no sólo ahora, sino durante muchos años.
Los textos legales de la reforma Constitucional y las leyes secundarias deben mucho a las aportaciones y propuestas de mexicanos, procedentes de los más diversos sectores.
Se cumple con un requisito fundamental del proceso de modernización de la economía mexicana, sentando las bases para que haya resultados más rápidos y contundentes en el reto ineludible de detonar el crecimiento económico.
Con la reforma viene un flujo creciente de inversiones, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que generarán más empleos formales y mejor remunerados; esto debe ocurrir no sólo en el sector energético, sino en diversas industrias que se verán impulsadas por los cambios que se han logrado.
El nuevo régimen promoverá que PEMEX y CFE, ahora como Empresas Productivas del Estado, operen bajo los principios de gobierno corporativo, con mayor disciplina financiera, transparencia y eficiencia, para así poder invertir y competir no sólo en México, sino también en los mercados internacionales.
Ahora se abre una nueva fase de la reforma, la cual representa un reto tan formidable y complejo como el político. Demanda visión, planeación estratégica, compromisos y mucho trabajo; de la misma forma, capacidad de gestión y solvencia técnica, ante el enormedesafío del desarrollo institucional, regulatorio y administrativo.
Se requiere de grandes esfuerzos de preparación y adaptación, tanto en el sector público como en el privado, para que la reforma sea exitosa en la práctica. La transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, son ingredientes esenciales, para hacer efectivos principios como la maximización y buen uso de la renta petrolera.
De entrada, en la tarea de implementación, resulta clave el proceso de elaboración de reglamentos, algunos de los cuales deberán quedar listos, para entrar en vigor en un plazo no mayor a seis meses.
La inclusión de las empresas mexicanas, y en particular las Pymes, al igual que el desarrollo regional, son prioridad. Tenemos mucho trabajo por delante, si queremos que compitan, participen y se beneficien de las oportunidades que surgirán, generando millones de empleos.
Necesitamos que la estrategia energética, de largo plazo, esté bien sincronizada con una política industrial con visión y objetivos claros. De esta forma, podremos catalizar un gran resurgimiento industrial.
El sector público y la iniciativa privada tenemos que utilizar a fondo los espacios de vinculación que hemos logrado, como el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento, que abrimos con el Gobierno de la República, al igual que el convenio de colaboración firmado con la Conago, para concretar acuerdos marco de desarrollo regional, ligados a la reforma.
Vamos a trabajar por la inserción de las Pymes en los contratos que se den en cada zona, ya sea con Pemex o las empresas que vengan. Se trata de conjuntar esfuerzos entre la iniciativa privada, los estados, organismos como el Instituto del Emprendedor y los diferentes Fondos Pyme para armar programas eficaces que integren vinculación, crédito y capacitación focalizada, comenzando por cumplir con todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos, legales y financieros.
La participación de instituciones «tractoras» como Pemex y CFE es fundamental, y posteriormente se ampliará a otras grandes empresas, nacionales y extranjeras, con reglas claras e incentivos atractivos, para que compartan sus contratos, en una relación ganar-ganar.
Queremos generar un sistema de certificación para las Pymes interesadas en participar, con una campaña intensiva y una entidad nacional que otorgue el servicio a costos accesibles y uniformes. Para acelerar y dar consistencia al proceso, es primordial la creación de un comité de contenido nacional.
Con la entrada en vigor de las reformas, es claro que, para la política económica, en general, también inicia una nueva etapa. Los retos se centrarán más en la capacidad y eficiencia ejecutiva y administrativa. Del enfoque macro, hay que hacer un esfuerzo creciente en la parte microeconómica.
El reto es de todos: pasar de un crecimiento inercial insuficiente ante a las necesidades de los mexicanos, a una dinámica verdadera de desarrollo sostenido e incluyente.
Ya colocamos cimientos a fin de que haya resultados mejores para todos. La construcción de acuerdos en favor de México ha sido un logro de todos. El sector empresarial mexicano reitera su compromiso de seguir sumando esfuerzos para consolidar un país más incluyente, justo y productivo.