Gerardo Gutiérrez Candiani / Retos legislativos

MÉXICO, DF. 3 de febrero de 2014 (Quadratín).-Con el Periodo Ordinario de Sesiones que arrancó este uno de febrero, la 62 Legislatura del Congreso de la Unión entra a la segunda mitad de su ciclo constitucional y enfrenta el reto de sacar adelante una agenda tan abultada como impostergable en todos sus componentes.

La responsabilidad es enorme: más de 70 ordenamientos a reformar en 90 días, incluyendo de manera destacada las múltiples leyes secundarias derivadas de las reformas estructurales aprobadas el año pasado.

En estas condiciones es fundamental que se haga un ejercicio para priorizar y definir una agenda amplia que incluya los temas más importantes para México.

Hay varios plazos perentorios y algunos compromisos ya vencidos, caso en el que están temas fundamentales de las reformas política y electoral, así como la de telecomunicaciones y competencia económica.

La carga de trabajo y la presión son muy fuertes en el Congreso. Está de por medio la viabilidad y éxito de las reformas estructurales, para transformar y acelerar el desarrollo de México.

Con los cambios constitucionales del periodo ordinario anterior, la actual Legislatura dio resultados sin precedentes en los tiempos recientes, pero la prueba aún no está superada: estamos en la recta final, con la gran responsabilidad de preparar el terreno para una implementación eficaz; hay que consolidar lo iniciado.

El riesgo de que leyes secundarias deficientes malogren las reformas es posible, lo mismo que se generen omisiones, fallas o excesos que las limiten en su potencial o produzcan efectos colaterales negativos.

Es preciso acometer la tarea con gran compromiso y responsabilidad; sin «prisas» que impidan atender con máximo cuidado el detalle y los aspectos técnicos complejos, pero con la diligencia necesaria para cumplir con los tiempos fijados y, de esa manera, que los cambios empiecen a implementarse y a rendir frutos lo antes posible, como lo requiere México.

Esperamos que la determinación de no postergar las cosas importantes que ha caracterizado a esta Legislatura, se confirme en este momento decisivo, antes de que tome fuerza un clima de competencia electoral cada vez más intenso, previo a los comicios federales y estatales del 2015.

Hay un espacio de oportunidad, para trabajar y llegar a acuerdos sin distorsiones de ese tipo, que debe aprovecharse a fondo.

Insistimos, asimismo, en que lograr el potencial pleno de estas reformas tan trascendentes depende, en gran medida, del fortalecimiento institucional del Estado mexicano, que tiene que ver con la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de derecho.

Se trata de revertir con eficacia la corrupción, la impunidad y la descomposición que se ha dado en algunas zonas del país por efectos del crimen y la violencia.

Una buena parte de las soluciones pasa por la responsabilidad del Congreso de la Unión, en temas como la fundamentación legal para la creación de la Comisión Anticorrupción.

De igual forma, solicitamos que exista plena disposición para mantener una dinámica de consulta e interlocución abierta y permanente con los sectores involucrados y expertos en los distintos rubros de las legislaciones que se estarán procesando, por la complejidad técnica y alta especialización de los temas.

El sector empresarial está cohesionado y preparado para sostener una participación activa y propositiva a lo largo de todo el proceso, con el soporte de las distintas comisiones de trabajo y los equipos de especialistas y empresarios que, en el marco del CCE, hemos conformado ex profeso para efectos de análisis y propuesta.

Para las leyes secundarias, hemos identificado puntos muy concretos a los que daremos especial seguimiento, planteando con claridad las inquietudes y presentando propuestas puntuales.

En cuanto a la legislación relacionada con la reforma de telecomunicaciones, existen asuntos cruciales como la regulación de las redes mayoristas alámbricas e inalámbricas, el régimen de licitaciones de espectro, la renovación de las concesiones de uso comercial, y que los procesos regulatorios sean transparentes, con consultas públicas forzosas para la emisión de regulación por parte del IFETEL.

En el tema de competencia económica, un punto fundamental es que las facultades de COFECOE no pueden ir en contra de garantías y derechos fundamentales de agentes económicos. Asimismo, evitar duplicidades de funciones o interferencias con otras autoridades, así como precisar definiciones y alcances en varios temas.

En general, buscamos que haya certidumbre jurídica, por ejemplo ante decisiones de las autoridades de los nuevos órganos, en facultades como la desincorporación de activos.

En el mismo sentido, que existan medios de defensa apropiados, a través de instrumentos como el amparo, para que no se vulneren derechos.

El objetivo principal es generar los pesos y contrapesos que sean necesarios para poder potencializar y darle seguridad a la inversión y al desarrollo de los mercados.

En materia de energía, hay que reformar casi 30 leyes secundarias. Entre las prioridades, está el diseño de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, la Ley de la Industria Eléctrica, en la que resulta crítico definir los mecanismos de funcionamiento para el nuevo mercado de electricidad. Asimismo, las legislaciones sobre los centros de control de gas y energía, la de la CRE y la CNH y la de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Nos interesa establecer enfáticamente la planeación del sector como atribución de la Secretaría de Energía, así como disposiciones claras sobre operación, transparencia y rendición de cuentas del Fondo Mexicano del petróleo. Igualmente, garantizar un trato no discriminatorio para la participación en las actividades de la industria petrolera, la incorporación de cláusulas de transparencia para los contratos, y el elemento clave de promover la maximización de contenido nacional, como palanca de desarrollo regional y nacional.

Vamos adelante. Es tiempo de concretar lo mucho que hemos avanzado.

Creemos que los senadores y los diputados estarán a la altura del enorme reto que nuestro país tiene en los próximos tres meses.

El sector empresarial reitera su compromiso indeclinable de ser factor de equilibrio y construcción de consensos a favor del progreso de todos los mexicanos.