Gerardo Gutiérrez Candiani/Contra la corrupción y la impunidad

MÉXICO, DF, 13 de octubre de 2014.- Los acontecimientos de violencia que han acaparado la atención en México y en el exterior, sumado a la dosis cotidiana de noticias sobre abusos en la función pública, la corrupción y la impunidad, como fenómenos endémicos y en crecimiento, tienen que hacernos reaccionar como nación.

Revertir las debilidades institucionales del Estado Mexicano que vulneran una gobernabilidad democrática efectiva y la vigencia del Estado de derecho, en todos los órdenes de gobierno, es indispensable para avanzar con consistencia en la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Condición necesaria, asimismo, para superar problemas esenciales, como la pobreza, y fundamento de un crecimiento económico sostenido e incluyente, con una implementación efectiva de las trascendentes reformas que se han llevado a cabo.

El combate sistémico y a fondo a la corrupción y la impunidad es la gran reforma que falta en México. El paso necesario para pasar de ser un país que, con visión, actualiza sus leyes, a una nación que se renueva a profundidad, a fin de transformar la realidad nacional.

Esta es una reforma que no se limita a tener mejores leyes e instituciones, sino que se extiende a cambiar prácticas y códigos de comportamiento no escritos en las funciones de gobierno, en sus relaciones con los ciudadanos y en la vida pública, en general.

De hecho, abatir los niveles y espacios de corrupción e impunidad es una reforma necesaria para que las leyes y las reformas a las mismas, de cualquier signo, sean viables y funcionen. De lo contrario, seguiremos teniendo preceptos que no se aplican o cumplen con la realidad; ideales y normas que compiten con prácticas, usos y costumbres que las hacen nugatorias.

A lo que se ha calificado como pactos tácitos de impunidad, hay que responder con un compromiso nacional de no tolerancia contra la corrupción y la ilegalidad, que tiene que ser bandera de nuestro México nuevo.

Como hemos señalado desde hace años, resignarnos al mito de que son fenómenos con los que simplemente hay que aprender a vivir, es condenar a México al atraso.

Revivamos la energía que generó en su momento un acuerdo político como el Pacto por México, con un Pacto por la Legalidad y la Renovación de la vida pública, con participación plena del sector empresarial y de la sociedad en su conjunto.

Hay que pasar de los escándalos, a las sanciones; de una indignación nacional frente al abuso, al fraude y la impunidad, a una gran movilización, sustentada por una política sistémica e integral contra la corrupción y la impunidad, que son talón de Aquiles para el progreso nacional, raíz de algunos de sus nuestros grandes problemas.

En este sentido, nos preocupa que una iniciativa tan importante, y con respaldo social, como la creación de una Comisión Nacional contra la Corrupción, pueda descartarse o diluirse. Hay que encontrar la mejor fórmula, sea una Comisión o una Fiscalía autónoma y con recursos y «dientes» para realmente hacer la diferencia. Para ello, hay que abrir el debate, a fin de que la sociedad se involucre, además de especialistas en estos temas.

Lo que se requiere es una política anticorrupción de alcance nacional, que cumpla con principios como el de articular esfuerzos e instituciones, y no dispersarlos o servir para efectos de simulación.

Necesitamos abordar la corrupción como un asunto de seguridad nacional.

Comprometámonos a erigir un sistema integral con arquitectura institucional sólida de transparencia y rendición de cuentas.

Contemplemos una amplia campaña de sensibilización, a través de medios masivos de comunicación, incorporar estos temas a la educación básica y crear mecanismos de denuncia anónima, con protección garantizada para testigos y seguimiento oportuno.

Es fundamental mejorar los controles y sistemas de investigación patrimonial, con inteligencia financiera eficaz. Desde luego, tener una adecuada catalogación de los tipos de corrupción más frecuentes o más graves, así como de los espacios que los propician y los caminos o formas en los que se cometen tales delitos.

Es también crucial apostar por un efectivo sistema de servicio profesional de carrera, y revisar la idoneidad de tener instancias como un Juzgado Anticorrupción, que se encargue del proceso derivado de las investigaciones de la Comisión o Fiscalía.

La prevención es un factor clave, al igual que considerar unidades externas y el fortalecimiento de contralorías; generación de indicadores y auditorías de controles contra la corrupción, tanto en las dependencias de gobierno como en las empresas. Aquí pueden funcionar esquemas de incentivos al avance, como pudieran ser certificaciones que se tomen en cuenta en licitaciones y contrataciones públicas.

El cambio profundo en México en materia de legalidad pasa por la reconfiguración del aparato de procuración e impartición de justicia, asegurando la implementación de la reforma penal en tiempo y forma.

Hay que actualizar las acciones consideradas como delito, aumentar las penas y contemplar casos de no prescripción. Igualmente, se requiere una legislación más fuerte y mecanismos efectivos para recuperar el dinero y/o bienes producto de actos de abuso y fraudes.

En todos estos puntos, en el mundo existen experiencias exitosas, que deben ser tomadas en cuenta, como las comisiones anticorrupción de países como Singapur, así como movimientos y redes de participación ciudadana como las que se han desarrollado en la India.

Un consejo ciudadano que le dé seguimiento a todo este sistema anticorrupción es una opción muy viable para toda la sociedad y el estado mexicano.

Además, tenemos el precedente de convenciones internacionales que México ha firmado, y no se cumplen a cabalidad, como la de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

No olvidemos que ésta, a fin de cuentas, es la mancuerna de la impunidad que lacera el Estado de derecho y la cohesión social.

El sector empresarial desarrolla un planteamiento integral, con propuestas concretas, y compromisos muy claros contra la corrupción en la responsabilidad de las empresas y contra los agentes económicos que la promuevan, llegando a posibles sanciones iguales a las de los funcionarios públicos.

Impulsaremos estas medidas entre las empresas, en la agenda pública y ante los legisladores, el Gobierno Federal y autoridades estatales y municipales.

Se trata de consolidar la gobernabilidad democrática en Estado de derecho, como sistema y forma de convivencia social, con ciudadanos responsables y participativos como sus garantes.

El fortalecimiento institucional del Estado Mexicano es una lucha de la nación, no sólo de un gobierno. Los empresarios vamos adelante con la renovación de la voluntad y la realidad nacional. Quitemos los obstáculos y frenos a la transformación y el desarrollo nacional.