Habla líder nacional de Antorcha sobre conflicto en Puebla

Oaxaca, Oax. 10 de julio de 2009 (Quadratín).- Las demandas del antorchismo poblano al gobierno del estado de Puebla son, además de perfectamente justificadas y legítimas, problemas muy añejos, algunos planteados desde el inicio de la administración actual (como el caso del hospital de Tecomatlán), es decir, hace casi cinco años; y otros, la mayoría, con no menos de dos años de manoseo y de promesas reiteradas y nunca cumplidas. Nadie, por tanto, puede salir a declarar, sin mentir flagrantemente, que el plantón frente a Palacio de gobierno, que lleva más de dos meses ante la indiferencia y el “manejo” de los “operadores” del gobernador, es sólo fruto de la intransigencia y del “abuso” de los dirigentes y de la organización en su conjunto. Eso no es cierto. Sin embargo, los resultados del proceso electoral que acaba de realizarse el domingo 5 de julio de los corrientes, provocó un cambio de actitud del gobierno del licenciado Mario Marín Torres hacia el mencionado plantón, y no precisamente para bien. Envalentonado por el “carro completo” que logró el PRI en Puebla, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, declaró con arrogancia, el mismo día de las elecciones, que el proceso de diálogo con los antorchistas está agotado y que, por tanto “se deben tomar cartas en el asunto para que no continúen perjudicando a la población en general”. Es decir, que hay desalojo en puerta.
Varias perlas políticas, y hasta literarias, pueden pescarse en tales declaraciones; pero hoy me interesan particularmente dos de ellas. La primera es la afirmación de que “se trata de una organización (se entiende que se refiere a Antorcha Campesina) que durante muchos años ha recibido muchos beneficios del gobierno en municipios donde tienen representantes, pidiendo más obras y apoyos de los que el gobierno puede dar…”; la segunda es que “se buscarán los mecanismos (eufemismo para referirse al desalojo a mano armada) para que abandone el lugar, pues sus demandas no serán cumplidas”. Ambas declaraciones están tomadas directamente de la prensa poblana.
La primera merece destacarse porque revela con bastante claridad cómo entienden y con qué criterio abordan los gobernantes poblanos las peticiones legítimas de las clases pobres y marginadas. Tal como formula la cuestión el secretario Montero Serrano, es obvio que para él y el gobierno que representa, cada demanda que resuelven debe verse por parte de los beneficiados como un acto de generosidad, como un favor o como una dádiva que el poderoso se permite, o a la que condesciende, sólo de puro buena gente, para que se vea y se agradezca su humanismo y su proclividad a socorrer al indigente. Por eso, para el señor secretario resulta un axioma, una verdad evidente por sí misma, que no conformarse con lo recibido y, en vez de agradecerlo, exigir más, es un abuso incalificable que bien merece ser castigado a palos para escarmiento de los mal agradecidos. A Montero Serrano no se le pasa por las mientes que confundir la justicia social, que es deber de todo gobernante mínimamente responsable, con la actividad de cualquier asociación religiosa humanitaria, es rebajar la política al nivel de caridad pública y al gobernante al de un repartidor de limosnas para la redención de sus pecados. Es difícil concebir mayor envilecimiento de la política y de los políticos.
Aquiles Córdova Morán