Hay afectación de derechos individuales: Consejero, Juan Martínez

¿Cree que el IEE se está democratizando?
Por supuesto. Creo que es importante señalar el perfil ciudadano que tenemos los consejeros electorales. En lo personal, un grupo de organizaciones indígenas, de autoridades municipales, de organizaciones civiles, concurrieron a la Cámara de Diputados para presentar mi inscripción y solicitar mi incorporación, como muestra de una apertura real a la ciudadanización del Instituto. Otro punto a resaltar es la profesionalización del Consejo general; hay dos candidatos al grado de doctores, David Adelfo López Velasco y su servidor; hay tres consejeros con grado de maestría y dos con grado de licenciatura. Es decir, un perfil académico alto, y eso nos habla de mejores expectativas en el desempeño de esta institución.
¿Qué modificaciones cree que necesita el IEE?
Hacen falta dar más pasos, como por ejemplo que en la evaluación que se haga de la estructura, se puedan establecer candados para garantizar la profesionalización del Instituto, y para dejar muy claro el mensaje de una estructura totalmente alejada de vínculos con partidos políticos.
¿Piensa que el IEE es una institución creíble?
Creo que estamos dando muestras de transparencia. Nosotros llegamos explícitamente comprometidos con la democracia y la autonomía del órgano electoral. Le estamos pidiendo a la ciudadanía que se involucre con una vigilancia cercana de los consejeros electorales y del Instituto. En ese sentido, nosotros estamos prestos, abiertos a las críticas, al diálogo, al intercambio de ideas, a que nos vigilen, y estamos convencidos de que tenemos que transparentar las acciones del Instituto. El reto es recobrar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en un Instituto que la había perdido. Hay resoluciones del organismo encargado de la transparencia de que esta institución en el pasado reciente no brindó información que debiera ser pública. Creo que debemos brindar la máxima información de los procesos electorales, porque eso nos permitirá ir recobrando la confianza de la ciudadanía.
¿Por qué cree que se dilató tanto la elección del Consejo general por parte del Congreso del estado?
Yo creo que el marco legislativo del estado no está diseñado para los nuevos escenarios que enfrenta Oaxaca: una mayor pluralidad política, una gran diversidad en la Cámara de diputados y una nueva realidad en la sociedad. Este marco jurídico fue diseñado en otra época, para otras condiciones. Hoy tenemos una mayor participación ciudadana y un andamiaje institucional muy rígido y con serias limitaciones. Nuestro proceso fue legal, pero eso no implica que no haya que buscar transformaciones al marco legislativo y al marco jurídico para evitar estos nudos. Aunque se hicieron algunas reformas constitucionales, creo que están pendientes una profunda y completa reforma del estado, y una reforma electoral que considere el tema indígena y la perspectiva de género. La legislación tiene que ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, tiene que normar la realidad social, y si no lo hace, se producen desajustes.
¿Cuáles son las necesidades legales de los indígenas?
En la reforma constitucional pasada no se tuvieron en cuenta los derechos de los pueblos y comunidades, pero particularmente hay omisiones en el tema de la representación política. Se ha pedido desde hace muchos años la creación de una sala especial en el Tribunal Estatal Electoral y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que dirima las controversias que se presentan entre la aplicación de la jurisdicción indígena y el derecho positivo vigente. Hay contradicciones en la realidad y, aunque tenemos la ley indígena más avanzada del país y posiblemente de gran parte de Latinoamérica, pese a eso, operativamente es poco práctica porque no existen estos tribunales. En el caso del Consejo general, también se ha solicitado la apertura de espacios de representación indígenas, particularmente porque tenemos 418 municipios que se rigen por el derecho consuetudinario, y sin embargo no es un requisito de ingreso al Consejo general el conocer estos sistemas normativos comunitarios. Por eso, parte del movimiento indígena que me acompañó fue con la idea de empezar a abrir estos espacios a personas que conozcamos estos sistemas normativos. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en la sensibilidad o no de los legisladores, que ahora la tuvieron, pero que no sabemos si en un futuro proceso la vuelvan a tener. Se necesitan establecer los esquemas institucionales y legislativos que incorporen esta necesidad a las instancias de toma de decisión como son el Consejo general del IEE, el Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
¿Usos y costumbres son prácticas democráticas?
Son sistemas de organización sociopolítica, sistemas normativos comunitarios que tienen una lógica distinta a la de la democracia representativa, a la posición liberal; hay una preeminencia de los derechos colectivos sobre los derechos individuales, y en base a esto es que van diseñando su sistema, con reglas propias. Lo que reconoce la ley oaxaqueña es el derecho a la diferencia, y el derecho a la diferencia conlleva a prácticas distintas; a veces se evalúan estos sistemas como si fueran partidos políticos, pero comunitarios, lo cual es un error, y eso en muchas ocasiones ha conducido a una desatención o a un mal encausamiento de las diferencias que se presentan en estos municipios. Yo creo que habría que evaluar hasta donde las personas que participan en estas colectividades están de acuerdo con estos sistemas normativos. No es que las comunidades que se rigen por estos sistemas sean un ejemplo de armonía y servicio público, como muchas veces manejan quienes las idealizan. Se trata de conocer una realidad que está ahí; comprenderla nos va a permitir encontrar cauces de solución a los problemas que presentan. Pero si no los entendemos y los calificamos desde otras concepciones, difícilmente vamos a poder meterlos en los moldes que llevamos cuando los moldes que ellos usan son distintos.
¿Cómo puede mediar el IEE en los conflictos electorales de municipios que se rigen por usos y costumbres?
En estos procesos, la obligación del órgano electoral es realizar un proceso de acompañamiento, de validación de las elecciones, y de establecer un principio de conciliación entre las partes en el caso de presentarse diferencias. Hay una serie de medios de impugnación, pero es un andamiaje normativo que tiene todavía sus limitaciones y lagunas desde que lo crearon, en 2008. Hay que transformar la legislación ya que está muy generalizada para actuar en este tipo de conflictos municipales. También está pendiente una nueva práctica institucional, desde el IEE para la atención de estos municipios. Se tienen que generar una serie de criterios pero también una capacitación de los profesionales electorales que van a atender este tipo de problemas. Tenemos que tener personal preparado para comprender la lógica comunitaria, pero que al mismo tiempo conozca la normatividad estatal para que pueda articular entre uno y otro espacio. Si no, estaremos enfrentando cada vez más conflictos municipales. Tomando las escandalosas cifras de este año, que son 48 municipios con elecciones anuladas por su alta conflictividad, tan solo representan el 11 por ciento del total. El 89 por ciento, aunque tiene diferencias, ha encontrado los canales para encausarlas. Por supuesto, hay algunos temas que se tienen que revisar, hay exclusiones, hay problemas, hay afectación de derechos individuales, pero lo que nos toca a nosotros es encontrar los canales para encausarlos y para resolverlos, y no los vamos a encontrar si mañana imponemos una ley que incorpore a las mujeres a votar, porque eso no va a suceder en la realidad. Estos son procesos culturales que se resolverán a mediano y largo plazo, no en automático ni vía decreto.