Histórico, el rechazo a la cuenta pública del gobierno de Ulises Ruiz: Flavio Sosa

Oaxaca, Oax. 29 de agosto de 2013 (Quadratín).- El diputado Flavio Sosa Villavicencio calificó este jueves como histórica la decisión del Congreso local de negarse a aprobar la cuenta pública del último mes del gobierno estatal anterior, que encabezó el priista Ulises Ruiz Ortiz, por considerar la posibilidad de que esa administración haya incurrido en graves irregularidades.

“Nunca antes ningún Congreso local del país rechazó la aprobación de una cuenta pública, de ningún gobierno estatal”, dijo el legislador al celebrar la coincidencia de todos los diputados de partidos distintos al PRI, cuya unificación permitió la mayoría camaral para enfrentar la oposición de los priistas.

Flavio Sosa explicó que el dictamen negativo se debe a que el aprobar la cuenta pública implica que la Auditoría Superior del Estado entregue a los funcionarios de la administración anterior un finiquito, que les absuelve de responsabilidad sobre el dinero público que hayan tenido a su cargo.

“Esta Legislatura no fue cómplice de la corrupción y el saqueo al dinero del pueblo que cometió la administración pasada”, expresó.

Consideró que el Congreso no está en posibilidades de absolver a nadie, pues existen procesos en curso contra funcionarias y funcionarios del gabinete ulisista, acusados de un quebranto patrimonial al gobierno del estado por cuatro mil 200 millones de pesos, de acuerdo con la secretaria de la Contraloría.

“Antes de entregar ningún finiquito, esta Legislatura debe coordinarse con la Secretaría de la Contraloría y con la Procuraduría General de Justicia del estado, para estar seguros de que no hay delito por perseguir en el manejo de los dineros del último mes de gobierno de Ulises Ruiz”, dijo el diputado.

Antes de exonerar a nadie, agregó, “debemos saber el destino de los 900 millones de pesos entregados en efectivo por Caminos y Aeropistas de Oaxaca bajo el rubro ‘Gastos a comprobar’, que al parecer aún no han sido comprobados, y qué fue del dinero que, aunque comprobado en el papel, fue oficialmente destinado a obras que no existen, o su ejercicio demostrado con comprobantes falsos”.

“Debemos saber de dónde provinieron los más mil millones de pesos hallados en poder del entonces ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib”, y “debemos también saber el destino de los millonarios recursos destinados al área de comunicación social bajo el gobierno ulisista”.

Señaló que el decreto, contra el cual el PRI incluso tomó la Cámara e intentó “reventar” la sesión del miércoles, implica que el Congreso no es cómplice de quienes han sido acusados de saquear el erario y “robar el dinero de quienes menos tienen, retrasando su acceso a la posibilidad de mejores condiciones de vida”.

Detalló que la cuenta pública corresponde al gasto ejercido por el gobierno estatal durante noviembre y diciembre de 2010, es decir el último mes del gobierno del priista Ulises Ruiz y el primero del aliancista Gabino Cué Monteagudo, pero aclaró que el dictamen “no es un cuestionamiento al actual gobierno”.

Dijo que por una reforma a la ley realizada por el gobierno anterior, se “amarró” la revisión del último mes al primero del siguiente gobierno, de manera que el gobernador actual simplemente entregó, como le corresponde por ley, las cuentas del último mes de la administración anterior.

Para el estudio de la cuenta pública, explicó, la Auditoría Superior del Estado presentó un informe sobre su trabajo de fiscalización a ese periodo, según el cual en tan sólo 13 días realizó el análisis, las auditorías, las observaciones y su solventación, lo que el diputado consideró como fuera de la realidad.

“Díganme si no suena a un nivel de eficiencia de envergadura suficiente como para que el gobierno de Finlandia venga a solicitarnos asesoría”, dijo con sorna.

También pidió recordar que apenas hace poco tiempo podemos decir que se inició un proceso dirigido hacia la autonomía real del órgano fiscalizador, y que el informe de la auditoría, anterior a ello, fue firmado por la entonces auditora Lizbeth Caña Cadeza, quien antes formó parte del primer círculo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Lizbeth Caña, añadió, fue procuradora de Justicia bajo las órdenes de Ulises Ruiz, y su nombre figura en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la recomendación de la CNDH entre los de los funcionarios violadores de las garantías del pueblo de Oaxaca, durante la represión al movimiento social de 2006.

“Díganme ustedes si consideran posible que con ese perfil, la auditora haya realizado un trabajo autónomo, en el que realmente fiscalizara a la administración de su ex jefe Ulises Ruiz. Díganme si consideran posible que el lacayo se atreviese a atentar de manera abierta y evidente contra los intereses de su patrón”, dijo.