Hubo un subejercicio del 51.7 por ciento del gasto para seguridad: ASF

México, D.F. 30 de mayo de 2009 (Quadratín).- De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, en Oaxaca existen recursos suficientes para enfrentar la inseguridad pública, pero el gobierno del estado no los ejerce, denunció el diputado federal Carlos Altamirano Toledo.
Aunque el gobierno estatal suscribió un convenio con la Federación, en la simple revisión de las metas anuales es claro que no se cumplió con lo pactado, dijo.
Explicó que en el tomo 10, volumen XXI de la auditoría puede identificarse que de un monto original de 208 mil 405.2 pesos, al cierre de diciembre no se ejercieron 107 mil 718 .4 pesos es decir, el 51.7 por ciento del total.
Mientras esto ocurre con los recursos públicos, el robo de vehículos ha pasado de 365 casos en 2005 a 829 casos en 2006 y en el 2007 llegó a 929 casos.
Esto quiere decir, de acuerdo con el diputado del PRD, que uno de los delitos en los que la denuncia ciudadana es más confiable simplemente se triplicó mientras el gobierno del estado estuvo sentado encima de una bolsa de dinero que, por motivos hasta ahora desconocidos, no ejerció.
Es muy grave, declaró que mientras se tiene documentada esta pasividad del gobierno, en Oaxaca, los delitos del fuero común han subido año con año y por lo que corresponde a los delitos del fuero federal ahora llegan a 137 mil 289 casos cuando en el año 2005 eran 89 mil 530 casos.
Esta ineficiencia no tiene adjetivos suficientes para describir el abandono y negligencia del gobierno ante una de las demandas más urgentes de los oaxaqueños insistió el diputado Altamirano Toledo.
Hizo énfasis en otros rubros en los que es notorio el descuido a la seguridad estatal:
La Procuraduría del Estado no entregó las bases de datos de los mandamientos judiciales al sistema estatal de información, de forma que no es factible evaluar su rendimiento.
De los cuatro mil 661 elementos operativos en tareas de seguridad preventiva sólo se evaluaron a mil 181 elementos lo que representa sólo el 25 por ciento del total.
Solo 382 de los elementos han sido capacitados lo que representa 8.25 por ciento del total.
Los cursos de especialización sólo cubren el 2.1% de los elementos.
El Sistema Nacional de Información sólo ejerció 28.6 por ciento del presupuesto anual autorizado para Oaxaca, por lo que la interconexión de dependencias y corporaciones tuvo un avance de 0.7 por ciento.
No se practicaron las evaluaciones médicas al personal de custodios ni la correspondiente a técnicas de la función policial a los elementos de la policía estatal.
Resulta altamente sospechoso que los pocos elementos de la policía estatal y los custodios que si fueron evaluados en pruebas toxicológicas, de confianza, de personalidad, entorno social y situación patrimonial absolutamente todos resultaron aprobados en cada una de las pruebas presentadas.
Hay un déficit muy grave en los chalecos y placas balísticas, pues el número de ellos apenas cubre el 6.9 por ciento de los elementos de la policía preventiva y de los custodios.
12 de los 29 centros de readaptación social de Oaxaca presentan sobrepoblación.
En conclusión, la ASF considera que el gobierno de Oaxaca no cumplió con lo pactado con la Federación y es responsable de un subjercicio y en su dictamen se concluye que el gobierno estatal “no cumplió con la mayor parte de los objetivos y metas planteados en los diversos anexos técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte del Convenio de Coordinación en materia de seguridad pública” como puede leerse en el dictamen de la auditoría 07 A- 20000-07-519 correspondiente al ejercicio 2007.
El diputado Altamirano consideró positivo que se exhiba la conducta negligente del gobierno estatal, quien está emplazado a usar los recursos asignados para lograr la disminución real de la incidencia delictiva.
Más allá de las recomendaciones de la Auditoría, los oaxaqueños merecemos que el gobierno haga su trabajo, y más aun si se considera que tiene recursos suficientes que de forma inaceptable ha subejercido.
En nuestro estado, concluyó, existen condiciones de corrupción, descuido gubernamental y crecimiento delictivo que pueden combinarse para un gran estallido criminal, por lo que urgió al gobierno estatal a asumir con responsabilidad sus obligaciones en la materia.