Humberto Cruz. Dulce veneno / Improvisación

Oaxaca, Oax. 24 de febrero de 2009 (Quadratín).- La improvisación en el desarrollo urbano de la entidad estalló en las oficinas de gobierno cuando los habitantes de dos fraccionamientos del Valle Central protestaron por la falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales y el costo puede ser mayor cuando los conflictos terminen en enfrentamientos con los vecinos de sus respectivos municipios.
En los últimos 60 años todas las ciudades de Oaxaca crecieron en medio del más absoluto desorden y la anarquía nos cuesta cada vez más a los contribuyentes.
Primero fueron los lotificadores clandestinos y paracaidistas que vendieron terrenos comunales o ejidales para fundar nuevos asentamientos sin servicios básicos que después pagamos los ciudadanos, en tanto que lideres y autoridades agrarias y municipales se convirtieron en nuevos ricos y desde entonces nadie los llama a cuentas a pesar del enorme quebranto que le dejaron a sus respectivas comunidades.
Muchos años después, con la creación del Instituto de la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Urbano las autoridades estatales decidieron impulsar las unidades habitacionales que hoy permanecen en el abandono y sus habitantes en la total indefensión.
Salvo los desarrollos impulsados por el gobierno federal a través del INFONAVIT o el FOVISSSTE, el resto de las unidades habitacionales proyectadas por el gobierno oaxaqueño terminaron en rotundos fracasos.
El Pitayal en Tehuantepec, los Mangales en Puerto Escondido y Colinas de Monte- Alban o el Rosario en la ciudad de Oaxaca se quedaron sólo en la construcción de vivienda pero no resolvieron el problema del Desarrollo Urbano planificado que habían prometido.
Los propietarios de las viviendas en esos asentamientos fueron abandonados y pronto esos asentamientos fueron cercados por cientos de nuevas colonias que arruinaron el propósito de un crecimiento ordenado.
Ante el desorden de los asentamientos irregulares y el fracaso oficial en la planificación del crecimiento de las ciudades, la iniciativa privada presentó sus propios proyectos y por todos lados se construyeron nuevos fraccionamientos cuya autorización significó un lucrativo negocio, otra vez para las autoridades agrarias, estatales y municipales quienes exigieron sus respectivas comisiones para la autorización de sus planos.
En todos los casos los dueños de nuevas viviendas terminan pagando costos estratosféricos por viviendas de interés social de ínfima calidad, el acoso de las autoridades municipales mediante el cobro del predial y otras contribuciones “especiales” y por su fuera poco ahora el costo social de obras fraudulentas por parte de constructoras que incumplen sus ofertas, bajo el manto protector de las autoridades a las que ya les pagaron por adelantado sus favores.
El costo social de la anarquía y la corrupción es incuantificable, decenas de ayuntamientos administran como zánganos las contribuciones de sus nuevos vecinos y los contribuyentes tenemos que pagar la electrificación, agua potable, drenaje y pavimentación de las colonias que otros autorizaron y de las que después nadie se hace cargo.
Ni el gobierno, ni el Congreso parecen estar interesado en remediar la improvisación, el desarrollo urbano ha sido el fracaso más evidente de los últimos cuatro sexenios y ni uno solo de todos los involucrados ha pisado la cárcel a pesar del fraude monumental que han tejido en medio de la impunidad y el cinismo.