Humberto Cruz / Dulce veneno. Mototaxis

Oaxaca, Oax. 9 de diciembre de 2008 (Quadratín).- Es de tal tamaño la fuerza política de las organizaciones de mototaxis que el mismo Congreso del Estado debió legalizar sus operaciones en la entidad.
Cerca de 10 mil supuestos socios doblaron a las instituciones y dejaron de ser un engendro para convertirse en una fuerza real, una fuerza que durante años manipularon y al mismo tiempo pretendían ignorar los partidos políticos.
La decisión del congreso es polémica, pero entendible; mire, en la ciudad de Guadalajara debieron regular a las “calandrias”, carruajes tirados por caballos que recorren el centro histórico de esa ciudad, en Monterrey existen empresas que prestan un servicio de botes o lanchas en un río artificial que parte de la macroplaza hacia el parque fundidora, mientras que en Mazatlán y la península de Yucatán los viajes en ferris son tan legales como cotidianos.
El caso es que con la legalización de los moto-taxis en Oaxaca los diputados no resolvieron nada, los conflictos por el control del transporte cada vez son más violentos y se enredan con la participación desmedida y ambiciosa de los líderes que compiten o se alían con la mafia de las instituciones, ese grupo selecto que se ramifica desde la Coordinación del Transporte, el personal de Transito y hasta los presidentes municipales.
Créame, a pesar de los esfuerzos aislados, el transporte público en Oaxaca es una tragedia; no solo es esta ciudad y en los municipios conurbados en donde se disputan a pedradas el pasaje, el abandono es más grande y ofensivo en las comunidades indigenas de la Mixteca, en los Mixes, en la Costa en la Sierra Sur.
Aquí mismo en esta ciudad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tolera agravios como los de la avenida ferrocarril que parece ruta de exhibición camiones de desecho que cobran caro y dan un pésimo servicio.
No muy lejos de ese lugar, es más, muy cerca de esos intereses, recientemente dos grupos de taxistas se enfrentaron por el control de un crucero y la autoridad solo pudo mediar para conseguir una tregua o para calendarizar los enfrentamientos para otras fechas.
El transporte es un negocio, sí, pero también en un servicio público y es obligación del estado garantizar, primero el bien de la ciudadanía y luego los intereses de sus aliados.