Humberto Cruz / Dulce veneno. SCJN, aval de impunidad

Oaxaca, Oax. 15 de octubre de 2009 (Quadratín).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al conflicto político del 2006 en el estado de Oaxaca deja una sensación de indefensión para los ciudadanos frente a la beligerancia de los grupos políticos que se disputan el poder en nuestra entidad.
Aún cuando la resolución sólo tiene el carácter de una recomendación turnada al congreso estatal y federal y al gobierno de la República, los alcances políticos serán aún más complicados frente al escenario electoral que se avecina.
Desde lejos, sin escuchar a la sociedad civil no organizada, bajo presión y sin sanciones legales, la destrucción de la ciudad de Oaxaca permanecerá en la impunidad. Al parecer lo que se juzgan son las violaciones a los derechos humanos pero no la destrucción del tejido social, los daños a la educación y a las propiedades del estado y de cientos de particulares.
Durante varios meses, en el marco de una disputa por el poder gubernamental y las elecciones federales, grupos radicales secuestraron la ciudad de Oaxaca, montaron sus propios tribunales, tomaron las estaciones de radio, incendiaron oficinas, casas vehículos y autobuses, instalaron barricadas e instrumentaron la persecución social y política de quienes no comulgaban con su movimiento.
Organizaciones sociales y políticas de todo el país e incluso grupos armados clandestinos operaron abiertamente en las calles de la ciudad y dirigieron un movimiento basado en la inconformidad, la buena fe y hasta la ignorancia de una sociedad dividida y confrontada por actores políticos.
Con esta determinación los ministros de la Corte parecen legitimar el uso de la violencia en las protestas públicas y desaparece los agravios en contra del pueblo.
Hasta ahora, la impunidad es la única respuesta. No hay detenidos por los asesinatos de activistas y simpatizantes de la APPO y el magisterio, no hay culpables por la destrucción y el vandalismo, y no hay sanciones para los mandos policiacos que excedieron sus funciones y tampoco a los maestros que abandonaron a sus alumnos.
La destrucciones que ocasionaron los jóvenes anarquistas que marcharon el dos de octubre, los constantes y abusivos bloqueos de calles y carreteras, y el acoso de porros y actores políticos en contra de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca son precisamente eso, expresiones de impunidad que terminarán destruyendo no solo la economía sino a la misma sociedad que los ministros de la Corte ignoraron en su resolución.