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Oaxaca, Oax. 11 de febrero de 2013 (Quadratín).- El Gobierno del Estado de Oaxaca hace un firme llamado a las autoridades del municipio de Santos Reyes Nopala distrito de Juquila- para que de manera inmediata disuelvan y desalienten la incorporación no certificada de población civil para realizar actividades de seguridad pública, toda vez que ésta acción resulta violatoria de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, así como de los lineamientos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente.
Los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su similar de la Constitución de Oaxaca, así como el 6º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 4º de la misma ley local establecen que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Bajo esta directriz, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, constituye el órgano superior para normar la coordinación y definición de las políticas públicas en la materia, entre ellas, la de Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad.
Toda iniciativa de la autoridad que se materialice en la creación de cuerpos u organizaciones policiales al margen de la legalidad, es violatoria de los derechos ciudadanos, por lo que el Gobierno del Estado de Oaxaca considera irregular e inviable la integración de una llamada policía comunitaria en Santos Reyes Nopala y en cualquier otro municipio del estado.
Por ello, se conmina a las autoridades municipales de Santos Reyes Nopala a cumplir con los preceptos que las leyes de la materia establecen. Para tal efecto, el Gobierno del Estado está en plena disposición de coadyuvar para fortalecer la integración y profesionalización de una fuerza policial municipal que cumpla escrupulosamente con los requisitos de selección, ingreso, formación, evaluación y certificación de los servidores públicos que se dediquen a desempeñar funciones de Seguridad Pública.
Se considera que la integración de un cuerpo de seguridad sin formación, acreditación y debida capacitación en materia policial, constituye un riesgo para la sociedad y los propios integrantes de esta pretendida organización comunitaria.
Asimismo, la portación y uso de armamento debe estar apegado a lo dispuesto por la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, así como por su reglamento, por lo que la autoridad municipal deberá acreditar la legal posesión del mismo. Contravenir a esta disposición configura un delito grave del fuero federal.
Por tanto, ninguna autoridad federal, estatal o municipal puede normar sus decisiones de gobierno por encima de la Ley.
Foto: ambientación.