Implementa CJF marco anticorrupción en contrataciones públicas

MÉXICO, DF. 26 de junio de 2014 (Quadratín).- Como parte de su estrategia para cerrar espacios a posibles conductas irregulares, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dispuso un nuevo marco anticorrupción para las contrataciones públicas que establece obligaciones a sus servidores públicos para denunciarlas y aplicar sanciones tanto a funcionarios, como a empresa privadas.

Este cuerpo colegiado publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno 16/2014 para instrumentar internamente la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y el cual entra en vigor este mismo viernes.

Bajo este nuevo esquema, el acuerdo da atribuciones a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para que, a través de la Dirección General de Responsabilidades, inicie investigaciones por irregularidades en contrataciones públicas que le sean denunciadas de manera electrónica o impresa, o que le ordene el Pleno del CJF.

Asimismo y de acuerdo con la ley referida, sus servidores públicos quedan obligados a denunciar por escrito y de manera inmediata las posibles infracciones que sean de su conocimiento, en la materia que genera el acuerdo, y establece que de no hacerlo es causal de responsabilidad.

De esta manera, el CJF guarda la firme convicción de que es necesario reconocer la corresponsabilidad que existe entre los sectores público y privado, con motivo de todo acto de corrupción que pueda cometerse en el campo de las contrataciones públicas a su cargo, por lo que es necesario instrumentar la aplicación de ese ordenamiento dentro de su propia realidad institucional.

Considera que, sin perjuicio de las sanciones a las que deben quedar sujetos los servidores públicos por el indebido ejercicio de sus funciones, el procedimiento administrativo sancionador en contra de particulares, debe llevarse a cabo de manera pronta, completa e imparcial.

Estas acciones, precisa el acuerdo 16/2014 del Pleno del CJF, tienen el objetivo deaplicar adecuada, oportuna y eficazmente las sanciones que desalientan, abaten y castigan las conductas que se realizan al margen de la legalidad de las contrataciones públicas que le corresponde realizar.

El Consejo de la Judicatura Federal tiene la facultad de emitir las bases para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de la obra que realice el Poder Judicial de la Federación, se ajusten plenamente a los principios constitucionales, con excepción de lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, cuenta con la competencia para aplicar la Ley mencionada y dictar las disposiciones administrativas necesarias para su adecuado cumplimiento en las contrataciones públicas a su cargo.

En su articulado, el acuerdo establece la fase de investigación, que deberá iniciarse en un plazo no mayor de seis meses, tiempo en que la Contraloría conocerá de las presuntas infracciones e iniciará las indagatorias correspondientes y disposiciones aplicables por denuncia impresa o electrónica y de oficio.

Establece las sanciones aplicables en caso de comprobar presuntas irregularidades en las que participen algún servidor público o personas físicas y morales, de acuerdo con los capítulos 4o y 5o de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.