Indicador Político

MÉXICO, DF, 14 de noviembre de 2014.- En una coyuntura de colapso de los derechos humanos, el Senado hizo a un lado la necesidad de contribuir al fortalecimiento del Estado y optó por una designación política en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y se trató de una decisión a favor del PRI, justo también cuando el sistema priísta fue sacudido por la crisis humanitaria en Guerrero por la represión a normalistas y el secuestro, asesinato y desaparición de 43 de ellos a manos de la policía de la alcaldía perredista de Iguala.

El nuevo encargado de la CNDH es Luis Raúl González Pérez, quien llegó por el cruce de tres coordenadas que en nada garantizarán una tarea objetiva: fue el último fiscal especial para la investigación del asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y sus resultados avalaron la tesis salinista del asesino solitario; formó parte del grupo cerrado de Jorge Carpizo como operador de Carlos Salinas de Gortari y por ello su investigación funcional a la exoneración del entonces presidente; y llegó a la CNDH por una negociación secreta del rector priísta de la UNAM, José Narro Robles, con el PRI.

Otros datos ilustran el grupo de interés que llevó a González Pérez a la CNDH:

1.- El PRI y el PAN condujeron la negociación del nombramiento. El PRI buscó un ombudsman a modo y nada conflictivo que salvó al PRI de la crisis por el asesinato de Colosio y el PAN dio su voto a cambio de que el PRI le cediera la titularidad de la fiscalía anticorrupción en ciernes, El PRD dio su voto favorable a cambio de que la CNDH no ahonde en la crisis de represión en Iguala.

2.- De nueva cuenta las posiciones políticas entraron en la zona de feudos de poder. El rector Narro Robles, que milita en el PRI desde 1973, recuperó para el salinista grupo Carpizo la CNDH luego de dos periodos -José Luis Soberanes y Raúl Plascencia- en que se había limpiado de intereses al organismo, Narro fue subsecretario de Gobernación durante el corto periodo de Carpizo en esa dependencia y llegó a la rectoría de la UNAM con el apoyo de ese grupo. El nuevo ombudsman fue propuesto por Carpizo como fiscal del Caso Colosio.

Y González Pérez llega precedido de revelaciones de violaciones a los derechos humanos en la UNAM.

En medio de una crisis de disfuncionalidad de algunas instituciones nuevas que fueron fundadas como formas ciudadanas de ejercer la democracia, las élites partidistas resolvieron la sucesión en la CNDH al margen de las exigencias de la sociedad en relación a los derechos humanos como garantías democráticas y en una ruta de restauración del autoritarismo por gobiernos del PRI, del PAN y del PRD.

La CNDH bajo control del PRI representará un severo retroceso político y democrático y más cuando en las calles existe un desbordamiento de protestas sociales y políticas por violaciones a los derechos humanos. En la misma lógica, la fiscalía anticorrupción tendrá el mismo destino de acuerdos partidistas y quedará en manos del PAN pero no para pivotear la transparencia en los recursos y el combate a la manipulación de recursos sino como redistribución del poder.

Lo grave hoy radica en el hecho de que la sociedad está saltándose los obstáculos para combatir en las calles por espacios democráticos en guerras civiles moleculares. Se esperaba que la CNDH fuera severa con la investigación del caso Iguala-Ayotzinapa, pero los perredistas -cuya comisión de DH en el Senado está presidida nada menos que por la esposa de Jesús Ortega Martínez, el jefe de la tribu “Aguilar Talamantes”-Los Chuchos- dieron su voto a González Pérez para que le aplicara al PRD el modelo de exoneración priista del caso Colosio.

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