Indicador Político

MÉXICO, DF, 9 de diciembre de 2014.- Mientras más pasa el tiempo y más se profundiza el encono social y político, el PRD dio un paso hacia la fractura interna: la bancada perredista en el Senado pidió en un decálogo que la PGR castigue a los dirigentes partidistas que designaron a delincuentes como candidatos.

La propuesta de la bancada perredista en el Senado, impulsada por Alejandro Encinas, fue el primer paso de una fracción del PRD para obligar a la dirección nacional del partido a asumir sus responsabilidades. Y aunque el decálogo difundido el sábado no menciona ni al partido ni a sus dirigentes, resultó obvio que los destinatarios fueron los miembros de la tribu “Aguilar Talamantes”-Los Chuchos que controla el partido.

El punto 1 del Decálogo, Encinas exige “conocer la verdad” de Iguala y lo plantea como “la primera condición para enfrentar y superar la profunda crisis por la que atraviesa el Estado mexicano”. Pero la verdad histórica, política y legal de la crisis de Iguala-Ayotzinapa atraviesa el corazón del PRD porque el que ordenó detener a los estudiantes normalistas y entregárselos al grupo criminal Guerreros Unidos fue el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.

Por tanto, la verdad tiene que indagar quiénes, con qué razones, con qué compromisos y bajo qué alianzas la dirección nacional del PRD -su presidente-intendente Jesús Zambrano, el sucesor del mismo grupo Carlos Navarrete y el jefe máximo Jesús Ortega- aceptó la candidatura de Abarca y ya había aprobado la nominación de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa como candidata perredista para el siguiente trienio.

La verdad pasa también por la nominación del priísta Ángel Aguirre Rivero como candidato del PRD a la gubernatura, quien renunció al PRI después de amarrar la nominación perredista. Aguirre fue el principal aliado del alcalde Abarca.

La bancada del PRD en el Senado, impulsada por Alejandro Encinas, pide “castigar a los autores materiales de intelectuales” del secuestro de los estudiantes y también castigar a “dirigentes de los partidos políticos que por acción u omisión crearon una red de corrupción y complicidades que permitió la operación impune de distintos grupos delictivos en la región y su postulación como candidatos a distintos cargos de elección popular”.

El pronunciamiento de los senadores perredistas elude el señalamiento directo de los dirigentes de partidos que postularon criminales y le traslada al gobierno federal la indagatoria y castigo a esos dirigentes de partidos. Sin embargo, las leyes carecen de instrumentos legales para indiciar a dirigentes de partidos que postularon delincuentes porque esa tarea le corresponde a los militantes y directivos de esos partidos.

¿Por qué Encinas, Dolores Padierna y otros senadores perredistas no indician a Ortega, Zambrano y Navarrete por haberle dado la candidatura a Abarca y a Aguirre, y aceptado a Pineda Villa como sucesora? El Decálogo Encinas apenas abre el debate al interior del PRD sobre la crisis Iguala-Ayotzinapa pero pone en la mesa la responsabilidad del PRD en el secuestro y asesinato de 43 estudiantes normalistas.

Mientras los perredistas no enjuicien a perredistas por Iguala-Ayotzinapa, sus propuestas serán sólo una cortina de humo.

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