Indicador Político

MÉXICO, DF, 19 de enero de 2015.- En la estrategia antisistémica de los padres de los 43 normalistas secuestrados existe un punto culminante: la desarticulación de las alianzas del sistema político priísta con los sectores invisibles que lo sostienen. La ofensiva para inculpar al ejército en la desaparición de 43 normalistas forma parte de este operativo de desestabilización.

A pesar de que la PGR ya acusó al alcalde perredista José Luis Abarca del secuestro de los 43 y dio a conocer el arresto de Felipe Rodríguez El Cepillo como el “autor material” del homicidio, los padres de familia de los estudiantes insisten en culpar al ejército. Y ya no se trata sólo del 27 batallón, sino que quieren recorrer y revisar todos los cuarteles e instalaciones militares de la república.

La estrategia política y antisistémica detrás de las exigencias de los padres de los estudiantes responde a un plan de inculpación del sistema político, a pesar de que el alcalde de Iguala, su esposa y todo el aparato político en Guerrero militaba en el PRD. De ahí que la decisión de los padres de excluir al PRD de sus protestas forma parte de la misma estrategia de debilitamiento del gobierno federal priísta.

Lo grave es que la decisión política de los padres de los estudiantes tendría el objetivo de mantener al PRD en el control político de Guerrero, a pesar de que los cuadros perredistas de gobierno no solo se articularon al crimen organizado sino que se fusionaron. Por tanto, la campaña de estridencia de los padres de los 43 ya no busca a sus hijos vivos o muertos sino que es parte de la campaña electoral del PRD en Guerrero.

Pero detrás de los padres de los 43 existen mentes estratégicas que están buscando la desarticulación del sistema: desde la movilización artificial del YoSoy132 en plena campaña presidencial hasta el caso de los 43 secuestrados en Iguala por orden de autoridades perredistas. Estas mentes estratégicas buscan desarticular al PRI para las elecciones presidenciales del 2018.

El objetivo en el caso Iguala es romper la alianza del Estado y el gobierno con el ejército. El sistema político priísta ha ido perdiendo apoyos e instrumentos de poder presidencialista, pero se ha sostenido por la alianza con siete sectores invisibles: el ejército, la iglesia católica, los medios de comunicación, la oposición leal, los empresarios y EE.UU. No es extraño que a excepción del ejército y los empresarios, los cinco restantes hayan pasado de la fase de apoyo a la de la alternancia.

El ejército es pieza clave para la estabilidad nacional, la última línea de defensa y la primera línea de combate. De ahí que la campaña de derechos humanos y ahora el caso Iguala busquen no estrictamente regresar al ejército a los cuarteles, sino desarticularlo de su papel estabilizador del sistema institucional. Pero sin la participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado, México estaría hoy dominado pro las mafias criminales… y paradójicamente sus aliados políticos antisistémicos.

Los ataques contra el ejército por el secuestro de los 43 normalistas y la complicidad de los padres de los estudiantes con el PRD forman parte de la misma lógica antisistémica: crear un ambiente de responsabilidad institucional del gobierno federal en el secuestro para que el PRI y el PAN no se aprovechen de la responsabilidad criminal del PRD y Guerrero siga en poder del PRD. Lo mismo ocurre con la iglesia michoacana ahora contra el PRI en una plaza que el PRD perdió por corrupción y crimen organizado.

El ejército es factor de estabilidad política y social y por eso aliados perredistas quieren minarlo. Y en este juego participa el PRD para ocultar su responsabilidad criminal en las crisis de seguridad de Michoacán y Guerrero.

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