Indicador Político / Carlos Ramírez / CNTE: más allá de la evaluación

+ CNTE: más allá de la evaluación
+ Reforma del Estado e insurrección
México, DF. 14 de abril de 2013 (Quadratín).- El conflicto magisterial en Guerrero forma parte de uno de los expedientes más intensos del sistema político priísta: el sindicalismo, la ruptura antisistémica, la pérdida de la hegemonía del Estado, la reforma en uno de los principales aparatos ideológicos del sistema y la reorganización del poder presidencial.
Asimismo, se convirtió en un recordatorio del viejo pasivo histórico del PRI: la estructura sindical en áreas no productivas pero de responsabilidad directa del Estado. La educación es uno de los rubros más importantes de la política priísta desde la Revolución Mexicana y fue una de las portaciones de la nueva generación dominante en la construcción del México moderno.
La educación fue uno de los aspectos fundamentales de la política posrevolucionaria por el papel cohesionador de la ideología en la construcción de los principales consensos nacionales. El Estado revolucionario-posrevolucionario encontró en la educación el elemento de dominación ideológica del nuevo pensamiento, pero también como derivación del principal problema histórico del siglo XIX: la confrontación liberales-conservadores desde el movimiento independentista hasta la consolidación del liberalismo autoritario de Porfirio Díaz.
El constituyente de 1917 le otorgó a la educación el papel liberador de conciencias pero el elemento cohesionador de la clase no propietaria y del Estado. Por eso el Estado asumió para sí mismo la tarea de la formación de conciencias. De 1917 a 1934, la educación impartida por el Estado fue uno de los aparatos ideológicos del sistema. En 1934, al arrancar su administración, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la reforma constitucional que estableció que “la educación será socialista”, luego de pasar por la consolidación de la ideología revolucionaria con la sangrienta guerra cristera (1926-1929) como parte de la última batalla liberal contra los conservadores refugiados en la iglesia católicas que se había negado a reconocer la autoridad hegemónica de la Constitución.
De 1934 a 1952 se dio la segunda gran batalla por la educación, aunque en los cincuenta entró en la zona de conflicto por el control del sindicalismo magisterial; en 1952 el Partido Comunista Mexicano se apoderó de los principales liderazgos sindicales y provocó la represión institucional (ferrocarrileros, campesinos, maestros, tranviarios, entre otros) más generalizada del siglo XX. En el periodo 1952-1958 el gobierno federal, bajo la coordinación de los oficiales mayores de la Secretaría de Gobernación (Gustavo Díaz Ordaz) y de la Secretaría de Educación Pública (Luis Echeverría Álvarez), descabezó el movimiento disidente y tomó el control del sindicato magisterial, el SNTE.
En la crisis 1949-1952 se instauró el cacicazgo de Jesús Robles Martínez y duró hasta 1974 en que tomó el control el cacicazgo de Carlos Jonguitud Barios, el cual duró hasta 1989 en que fue derrocado por el presidente Carlos Salinas de Gortari para imponer el cacicazgo de Elba Esther Gordillo. En el largo periodo de medio siglo, el SNTE negoció cacicazgos sindicales a cambio de la sumisión a los intereses del gobierno. A través del SNTE, el gobierno controló a los maestros, los sometió a los intereses del PRI y los utilizó como instrumentos de ideologización institucional a favor de la doctrina oficial de la Revolución Mexicana.
La segunda gran crisis magisterial ocurrió a finales de 1979 con la insurrección sindical de las secciones de Oaxaca y Chiapas y la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización más bien gremial de la disidencia sin ningún reconocimiento oficial. Para evitar la fractura del sindicato nacional, la decisión gobierno-SNTE fue la de “ceder” a los liderazgos disidentes la autonomía en el manejo de las secciones –incluido el tema delicado de las cuotas– pero a condición de no romper con el SNTE. Con habilidad, los disidentes aceptaron porque tuvieron a su favor el mecanismo de la doble revisión contractual: la anual llevada a cabo por la dirección del SNTE y luego la estatal en directo entre la sección y el gobierno local.
El problema de fondo fue soslayado por el gobierno federal: la disidencia magisterial no sólo consolidó su control absoluto de las secciones sino que se convirtió en el factor de unidad de organizaciones antisistémicas de tipo popular que no tenían cabida en la oposición de izquierda partidista. A lo largo de veinte años, la disidencia magisterial de la SNTE se dedicó a crear conflictos anuales en algunos estados de la república y luego los trasladaba a la ciudad de México para obtener privilegios salariales a favor de sus agremiados, además de algunas concesiones y contratos a favor de la propia organización sindical. En esos años, de 1980 al 2000, el SNTE entró en zona de conflicto por la forma de operar de los cacicazgos magisteriales y la escalada de movilizaciones de los disidentes. El gobierno de Salinas liquidó a Jonguitud, impuso a Gordillo y realizó la reforma educativa de 1993 con la descentralización presupuestal pero manteniendo la organización nacional del SNTE.
El debilitamiento de la estructura del PRI se convirtió en un factor de dispersión de liderazgos sindicales del partido, sobre todo aquellos que asumieron fuerza propia. Gordillo convirtió al SNTE en un poder que quiso imponerse al Estado, al presidente de la república y al PRI. La derrota electoral del PRI en las presidenciales del 2000 se debió, en parte, a la renegociación del poder de Gordillo. En las derrota, Gordillo casi tomó por asalto al PRI: pactó la secretaría general con Roberto Madrazo pero negoció subterráneamente con el panismo de Vicente Fox; el colapso fue inevitable y Gordillo fue echada del PRI en el 2006.
El sindicalismo magisterial –que operaba como aparato de control político, aparato de control ideológico y aparato de dominación de masas– quedó al garete, Gordillo se alió al PAN, el SNTE financió la fundación del Partido Nueva Alianza y la relación obrero-patronal se salió de los carriles de control. La disidencia, a su vez, optó por buscar la insurrección (Oaxaca 2006) para tomar por asalto el poder institucional y consolidó su bloque hegemónico: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Chiapas y algunas fracciones sindicales.
En este contexto, el conflicto magisterial se localiza en un escenario mucho mayor al de la evaluación: se trata de una disputa por la autonomía de masas en un sindicato que depende del Estado como empleador educativo, de la construcción de una nueva hegemonía popular que aspire al poder por la vía de la insurrección y la conformación de acuerdos políticos con gobiernos aliancistas que le ganaron al PRI esas posiciones como el de Oaxaca.
La crisis en Guerrero, el conflicto que estallará de nuevo en Oaxaca y lo que viene en Michoacán constituyen un desafío al sistema político priísta.
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