Inicia en la Cuenca Sistema de Justicia Penal Adversarial

Tuxtepec, Oax. 27 de septiembre de 2013

Licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador Constitucional del Estado Oaxaca.

Diputado Emmanuel Alejandro López Jarquín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagesima primera legislatura del honorable Congreso del estado.

Magistrados integrantes del pleno del honorable Tribunal superior de justicia del estado.

Señora y señores consejeros de la judicatura.

Doctor Héctor Marcos Díaz Santana, director general de Coordinación Interinstitucional de la secretaria técnica del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal.

Diputado federal José Soto Martínez, integrante de la sexagésima segunda legislatura de la Cámara de diputados del honorable congreso de la Unión.

Licenciada Ángela Hernández Solís, diputada de la sexagésima primera legislatura del Honorable congreso del estado por la región de Tuxtepec.

Licenciado Manuel de Jesús López López, procurador general de Justicia del Estado.

General de brigada D.E.M. José Luis Pilar Rodríguez, comandante de la 28/a zona militar.

Licenciada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, directora general de prevención del delito y participación ciudadana de la secretaría de seguridad pública.

Ciudadano Antonio Ávila Galán, regidor de educación, cultura y deporte del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec.

Jueces y funcionarios judiciales.

Autoridades municipales de la región de la cuenca del Papalopan.

Integrantes de los diferentes colegios y Asociaciones de abogados; y profesionistas independientes de la región.

Señoras y señores.

Como ustedes son sabedores, desde el año dos mil siete a iniciativa del poder judicial, el estado decidió cambiar la inercia de obstáculos que atentaban contra los derechos civiles de las personas, para transitar a modelos democráticos de gobernabilidad.

Motivados por las realidades sociales, que exigen mejores condiciones para la dignidad de las personas, en Oaxaca somos pioneros en la adopción del sistema acusatorio penal, en donde convergen la seguridad ciudadana y las libertades, como presupuestos fundamentales para el orden social; en el cual, el Estado tiene la obligación primaria e ineludible, de garantizar su eficacia, ponderando la supremacía de la dignidad poblacional.

Un detonador para esta seguridad, es el sistema de enjuiciamiento penal que por largo tiempo se ha

caraterizado en nuestro país, y nuestra entidad no es la excepción, por soslayar violaciones a los derechos fundamentales, contrario a la exigencia de un estado democrático y social con fundamento de derechos humanos; no sólo como principios, sino como realidades que materializar.

De ahí, que se haya iniciado un proceso de análisis al sistema tradicional de justicia penal, para identificar sus debiliades y en su caso, iniciar un programa coordinado de acciones de los poderes del Estado, para su transformación.

Los poderes judicial del estado, ejecutivo y Legislativo, junto con otras instituciones como la Procuraduría general de justicia, la defensoría de oficio y expertos en el tema, arribamos a la configuración de un nuevo sistema de justicia penal, que asume los compromisos en materia internacional y nacional con los derechos humanos; el cual opera a partir del 2007 en la región del istmo; del 2008 en la región de la mixteca; del 2012 en la región de la costa y desde hoy, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

En este trayecto, todas las instituciones involucradas en la procuración y administración de Justicia, con la sensibilidad de la política pública de los poderes ejecutivo y legislativo, hemos adquirido experiencia y solidez en la implementación del sistema y estamos claros, que esta gran política de estado para garantizar y proteger los derechos civiles de los tuxtepecanos, se ha articulado bajo los principios de coordinación, enfoque social y respeto a los derechos; por lo que de manera integral, nos hemos dado a las tareas de: Capacitar con rigor a los operadores jurídicos, es decir, jueces, fiscales, defensores públicos y profesionistas jurídicos independientes; en quienes desde ahora la expectativa de justicia esta puesta; de ahí su sensible responsabilidad social.

Socializar el sistema, para informar a nuestra comunidad, que ahora con este nuevo modelo de Justicia penal, se privilegia la “presunción de inocencia”; se garantiza el “acceso a los derechos Humanos” de victimas, imputados, y sentenciados” y concomitantemente, se fortalece nuestro estado de derecho; lo que significa no fabricar culpables, no criminalizar a inocentes, no utilizar la fuerza penal del estado para perseguir y coartar derechos; sino responsabilizar a quien en verdad y con objetividad, ha lesionado bienes y valores de ciudadanos o del Estado.

Y por último, planificar estratégicamente la operación del sistema, lo que ha implicado una inversión considerable de recursos públicos en infraestructura y tecnología, para la habilitación de instalaciones de juzgados del sistema acusatorio oral y su administración con personal técnico capacitado en ello.

Esto es hoy una realidad en la región y lo que nos ha congregado en este momento, a atestiguar un cambio radical, en la persecución y penalización de los delitos; privilegiando el acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos, para que nunca más, un ciudadano de esta latitud involucrado en una causa penal, sea destruido en su dignidad; o en su defecto, el responsable de haber cometido una atrocidad, encuentre una rendija para eludirse de la justicia, quedando en un estado impune.

En la bella región del estado, en que hoy nos encontramos; ciudadanos, sociedad civil organizada y los sectores sociales y empresariales, han jugado un papel fundamental para hacer realidad el mejor acceso a la justicia, y quiero patentizarlo públicamente, como un reconocimiento y memoria de nuestra vida pública de oaxaca.

Los tuxtepecanos han puesto en la agenda pública, que la justicia camine con paso firme y profundo; en dar mejor tratamiento y dignidad a juzgados, personal y usuarios, y que en cada uno de nuestros encuentros, nos llevamos como tarea no política, sino como obligación impostergable de cumplir.

Por ello hoy, el consejo de la judicatura del Poder judicial del estado, ha dado un giro a la organización judicial de esta ciudad y sus comunidades aledañas, traduciéndose en: La creación de dos juzgados de garantía para la región; ubicados en esta ciudad de Tuxtepec y en el Distrito judicial de cosolapa; y un tribunal de debate o Juicio oral, con sede en este misma ciudad.

Aunado a lo anterior, y en virtud del criterio de mejor acceso para los ciudadanos, se ha adicionado competencia al juzgado de garantía del distrito judicial de Matías Romero y Tribunal de Juicio Oral con sede en Salina Cruz; en razón que municipios, núcleos rurales y agencias de esta región del Papalopan, colindan en cercanía con el distrito Judicial de María Lombardo, resultando menos oneroso la disponibilidad de estos tribunales para los ciudadanos.

En esta lógica de mejorar el acceso a la justicia, igualmente hoy, se ha ampliado el juzgado familiar de Tuxtepec y se reubican con mejores condiciones a este nuevo edificio judicial, el juzgado tercero penal, el primero y segundo civil, el juzgado de ejecución de sanciones y el juzgado itinerante, que da auxilio en materia familiar.

Ciudadanos y autoridades que nos acompañan.

El acceso a la justicia, es un derecho humano que a todos nos pertenece; su eficacia es un compromiso de todos, “autoridades y sociedad”.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal para la región de la Cuenca del Papaloapan, los poderes del estado participamos de esta expectativa, para asegurar la dignidad de todos y cada uno de ustedes, prestos siempre a abonar, en todo aquello que se consolide en seguridad, paz y felicidad, para dar a nuestra vida y nuestras familias, modos mas decorosos de vivir.

Por todo lo anterior, vaya nuestro reconocimiento a magistrados, consejeros y jueces del poder judicial, que se involucraron en este gran proyecto de estado, como capacitadores y entrevistadores; y de manera muy especial a los magistrados Crescencio Martínez Geminiano, Arturo Lázaro León de la Vega y Gerardo Adelfo Carmona Castillo, quienes dedicaron mucho de su tiempo, a esta noble labor de formación de nuevos jueces.

Este momento de entusiasmo y desarrollo para la región, llega exactamente en un día como hoy de hace tres siglos, en que México consumaba su victoria como Nación independiente y proclamaba su libertad para siempre, bajo el lema, “libertad al pueblo sin derrama de sangre, con la felicidad por delante por haber conquistado la libertad y civilidad después de 300 años de colonización”.

Con este ideario de la independecia de México, memoremos y actuamos con la civilidad por delante, en garantía de los derechos y libertades de los oaxaqueños.

El Poder Judicial y los poderes del estado, estamos firmes en ello.

Muchas gracias.