![](https://oaxaca.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2024/11/prensa-entrevista-107x70.jpg)
Periodismo bajo asedio
Signos y Señales
MÉXICO, DF, 21 de septiembre de 2015.- La política fiscal además de un proceso técnico, en el que hay muchas similitudes en temas como la variedad de impuestos, la aplicación de tasas diferenciadas y la tendencia a la armonización, incluso entre países de una misma zona geográfica o de un bloque como sería la experiencia europea, desde la creación del mercado común, está estrechamente vinculada con la política-política.
México no ha sido la excepción, haciendo un repaso de las reformas más importantes logradas y fallidas, siempre han estado en función de su viabilidad política, como fue el caso de la desaparición del ISIM y la introducción del IVA en 1980, la creación del Ramo 33 y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 2008 y de 2013, estas últimas no tan afortunadas para las entidades federativas.
La decisión de tener una estructura tributaria centralizada, de dejarles a las entidades federativas impuestitos de bajo potencial recaudatorio ha sido una decisión política, como se da en otros espacios de la vida nacional.
Un ejemplo es el impuesto a la tenencia, desaparecido como impuesto federal, por una decisión política del anterior gobierno convirtiéndolo en un clón ineficiente con una base depredada, a partir también de la decisión política de muchos candidatos a gobernadores que apostaron a ofrecer eliminar el impuesto, aunque después han andado gestionando los recursos que perdieron como “apoyos federales extraordinarios”. Eso significa centralización y profundizar la dependencia no sólo económica, también política, de los gobiernos subnacionales.
Casi todos los impuestos sobre nóminas son ineficientes, ya que las exenciones son amplias, el costo o gasto fiscal es muy alto y así sólo les quedan los impuestos menos recaudatorios.
En resumen el cambio de naturaleza del impuesto a la tenencia, fue una transferencia mal hecha, política, no sujeta a lo que implicaría hacerlo en un contexto verdaderamente federal. Tal y como se hizo la reducción del ISAN durante el gobierno de Fox, cuando la Secretaría de Hacienda, compensó a las entidades federativas, el costo de una decisión de interés central.
Sería útil volver a centralizarlo, para uniformarlo a nivel nacional y que lo cobren las entidades federativas, pero como colaboración administrativa, pero normado desde la coordinación fiscal. Ya se intentó, pero una entidad federativa se opuso a hacerlo, se requería consenso, esto es unanimidad, entidad que por cierto no lo cobra, aunque sí lo legisló con subsidio muy alto, que deriva en una mínima recaudación.
Pero veamos lo nacional.
Las posibilidades para instrumentar la reforma fiscal ideal, han estado acotadas por los intereses de los diferentes poderes económicos y grupos de presión, de ahí que, a pesar de algunas reformas importantes en 1947, 1964 y 1980, o propuestas como la de 2001, la modernización de la administración tributaria con la creación del SAT, la política tributaria ha sido insuficiente, para financiar con la inversión productiva de infraestructura, así como el gasto social, reducir la inequidad en la distribución de la carga fiscal, modificar la estructura tributaria y la concentración del poder tributario en el orden federal.
Propuestas importantes de reforma fiscal han existido, sobran diagnósticos, incluso propuestas, sin embargo la negociación política, no ha sido suficiente.
El problema ha sido quizás la falta de conexión entre economía y política a la hora de formular las propuestas, así como su enfoque centralista.