Instalan mesa jurídica para revisar recomendación de CNDH

Oaxaca, Oax. 17 de febrero de 2009 (Quadratín).- El gobierno de Ulises Ruiz instaló una mesa jurídica para revisar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la presunta desaparición de los eperristas Gabriel Cruz y Edmundo Sánchez.
El organismo asegura que funcionarios del Gobierno de Oaxaca son responsables de la desaparición de los dos activistas cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo del 2007.
El secretario de gobierno, Jorge Toledo, afirmó que la ley le permite al gobierno estatal hasta un plazo de 15 días para aceptar o desechar la recomendación.
“Nosotros no los tenemos, no fue ningún cuerpo de seguridad, quien participó en la detención de los involucrados. Lo hemos externados y estamos abiertos a la revisión que se consideren necesarias”.
Toledo Luís aclaró que en Oaxaca no se practica la desaparición forzada y estableció que está abierto, “para quien lo solicite todos los expedientes y cárceles de Oaxaca”.
Afirmó que hay una gran preocupación del gobierno por participar incluso con los familiares para lograr en el corto plazo el paradero de las víctimas.
En el documento que hace público el presidente de la CNDH José Luis Soberanes Fernández se piden aplicar sanciones contra servidores públicos de la Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia, del gobierno estatal, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca, por omitieron y negar información para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos, además de urgir al gobernador Ulises Ruiz presente con vida a los dos eperristas desaparecidos.
El mismo organismo sostiene que tras el conflicto social del 2006, las fuerzas estatales de seguridad conformaron un grupo especial que realizó detenciones ilegales contra activistas y opositores al gobierno oaxaqueño
Respecto de la misma recomendación el presidente municipal de la capital José Antonio Hernández Fraguas, -contra quien la CNDH también emite un señalamiento- expresó que analiza el caso-.
“Nos piden que investiguemos administrativamente a quienes participaron supuestamente en la desaparición de los eperrista”.
Sin embargo, atajó, la petición esté fuera de lugar, pues los hechos que se imputan al parecer ocurrieron en la administración municipal pasada.
Empero Hernández Fraguas se mostró en la mejor disposición de cumplir con las observaciones que mandata el obusman nacional para que se pueda realizar la investigación correspondiente respecto del paradero de los activistas desaparecidos.
En tanto la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reconoció que el gobierno de Oaxaca debe dar la cara y entregar a los desaparecidos al tiempo de encarcelar o enjuiciar a los mandos y jefes policíacos involucrados en los hechos.
En la postura del consejero Florentino López tras el conflicto del 2006 hubo una operación quirúrgica muy bien dirigida para desmantelar y aplacar el movimiento cortando cabezas y financiamientos”, confió.
López Martínez dijo que el intento gubernamental por amedrentarlos fue infructuoso, ya que la fuerza de la fuerza de la verdadera rebelión popular se encuentra en el pueblo.
Antes recuerda las horas de desesperación que vivió cuando estuvo secuestrado, tras ser detenido por uno de los escuadrones de la muerte del gobierno de Ulises Ruiz.
Dijo que esta brigada estaba comandado por el director de la policía bancaria Alejandro Barrita,- mismo que utiliza hasta desertores del Ejército para realizar las detenciones ilegales.
Barrita fue ejecutado a finales del mes de enero del 2008 por un grupo de sujetos armados que lo atacaron cuando realizaba labores de acondicionamiento físico en una parque deportivo localizado en la zona del aeropuerto.
Otro de los integrantes de esta brigada blanca Aristeo López Martínez, quien estaba al frente de la Policía Municipal también fue ejecutado a principios del 2009.
Por su lado el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Azael Santiago Chepi, adelantó que el magisterio de Oaxaca estará muy pendiente de que las recomendaciones emitidas por la CNDH se cumplan para que haya justicia en Oaxaca.
“Es lamentable lo que está pasando en el país, pues persiste la impunidad, lo vimos con el caso Atenco, donde la SCJN eximió de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Esperemos que en el caso Oaxaca se aplique la ley con rigor y no quede el caso archivado en la ignominia política.