Intensifican capacitación a personal que opera sistema penal acusatorio

OAXACA, Oax. 28 de mayo de 2015.- En el sistema penal acusatorio, el defensor público tiene el deber de asistir, representar y asesorar legalmente y de manera gratuita al imputado o persona señalada como probable responsable de la comisión de un delito, así como garantizar su derecho a la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

Por ello y ante las nuevas disposiciones federales en la materia, la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi) inició la Capacitación Básica para Defensores Públicos sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigida a un grupo de servidores públicos en la materia se informa en un comunicado.

El proyecto de formación, sustentado en los programas de la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), actualizará a los servidores públicos acerca del proceso para la resolución de casos basados en el sistema de juicios orales, el papel que desempeñan y el panorama vigente sobre la legislación única, su estructura, etapas y otros aspectos fundamentales.

Al mencionar que la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, el cual debe ejercer siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste, la capacitadora certificada por la Setec y directora de Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Yanis Santiago Rodríguez dio inicio al curso que se llevará a cabo durante los fines de semana y culminará el próximo 10 de julio.

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la víctima u ofendido en el proceso penal, tendrá derecho a contar con un defensor público, en cualquier etapa del procedimiento, y corresponde a la autoridad jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada del imputado.

Entre sus funciones, el defensor deberá entrevistar al inculpado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación; asesorarlo sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que se le atribuyen; comparecer y asistirlo jurídicamente en el momento en que rinda su declaración, diligencia o audiencia y analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa.

Asimismo, presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del delito, solicitar el no ejercicio de la acción penal y promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal.

La correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal implica intensos procesos de capacitación y actualización, a través de los cuales se promueve el conocimiento y bases legales de la actuación de los operadores y las características de su función dentro del sistema penal acusatorio basado en los juicios orales, conforme a las disposiciones federales recientemente emitidas.