Investiga DDHPO omisiones en caso de estudiantes de Medicina

OAXACA, Oax. 14 de mayo de 2015.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reitera a la Procuraduría estatal la solicitud de información sobre las diligencias realizadas para integrar la averiguación sobre el accidente automovilístico ocurrido el 1 de mayo último en el cual perdieron la vida los estudiantes de Medicina de la UABJO, Yehú Robles Castellanos y Daniela Celaya Rivera.

Diversos medios de comunicación informaron que el accidente ocurrió en la madrugada cuando, en la esquina de Emilio Carranza con Fuerza Aérea Mexicana, un taxi en el que iban como pasajeros los universitarios fue impactado por un vehículo marca Audi conducido por Alejandro Vargas, quien según afirmaciones de testigos estaba en estado de ebriedad se informa en un comunicado.

El organismo defensor inició de oficio el expediente de queja DDHPO/635/(01)/OAX/2015 ante la existencias de posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pues aparentemente servidores públicos de Tránsito municipal, Hospital Civil y Protección Civil municipal incurrieron en la omisión de aplicar pruebas toxicológicas al conductor del vehículo Audi.

El 12 de mayo familiares de la joven Daniela Celaya Rivera informaron a diversos medios de comunicación el deceso de la estudiante, y que tenían información de que el presunto responsable del accidente había salido del país.

Los familiares reiteraron que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa, las cuales permitieron que Alejandro Vargas obtuviera libertad con una fianza superior a los 800 mil pesos.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca, con el objetivo de tener más elementos para determinar si hubo violaciones a derechos humanos, reiteró su solicitud de información a la Procuraduría de Oaxaca.

El organismo manifiesta su preocupación respecto a las afirmaciones de los familiares de las víctimas de acciones omisas por parte de las autoridades involucradas en el caso, pues podrían estar violentando el derecho de las víctimas y sus parientes al acceso a la justicia.

La Defensoría enfatiza la obligación que tiene el estado de garantizar a todas las personas el acceso a la justicia, por lo cual pide a todas las autoridades conducirse en este caso con estricto respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas.