Investiga DDHPO posibles violaciones a derechos de maestros detenidos

OAXACA, Oax., 23 de abril de 2016.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de los profesores Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picazo Pérez y Othón Nazariega Segura, pues sus familiares reclaman que en sus procesos judiciales existen irregularidades que podrían constituir violaciones a sus derechos al debido proceso y la seguridad jurídica.

En un comunicado, informó que los familiares de los docentes detenidos reclaman que las autoridades los han sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, les han negado atención médica y les limitan la comunicación con sus familias.

El organismo defensor de derechos humanos abrió un expediente de queja ante la manifestación de los familiares de que los cuatro profesores fueran víctimas de detención arbitraria, así como de violaciones a sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la libertad, cuando fueron detenidos entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre de 2015.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca advierte la posible existencia de violaciones al derecho a la seguridad jurídica de los cuatro profesores, pues cuando fueron detenidos no los pusieron sin demora a disposición de los jueces que los requirieron, sino que lo trasladaron en forma casi inmediata al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Al estar implicadas autoridades federales, dicha documentación fue remitida por la Defensoría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a la participación activa de autoridades federales, pero el organismo local continúa la investigación sobre la posible intervención de autoridades estatales y municipales en hechos diversos relacionados con el caso.

Posteriormente comparecieron ante la Defensoría familiares de los maestros presos, que han denunciado la negativa para trasladar a los detenidos a penales locales; tortura, incomunicación, tratos degradantes, así como desatención de las autoridades penitenciarias a la salud de los profesores, asuntos que también se han hecho del conocimiento de la CNDH.