Isidoro Yescas /¿Diálogo o ruptura?

Oaxaca, Oax. 24 de mayo de 2011 (Quadratín).- Entre la primera y segunda respuesta gubernamental al pliego petitorio de la sección 22 del SNTE hubo avances sustanciales, sobre todo en las demandas económicas y gremiales, sin embargo, para el magisterio resultaron “mínimas e insuficientes” y bajo ese argumento determinaron decretar el paro indefinido de labores en todo el estado de Oaxaca a partir del pasado 23 de mayo.
Si para el gobernador Gabino Cué la respuesta que su gobierno y el federal ofrecieron al magisterio resultó “histórica”, no lo juzgaron así los trabajadores de la educación al no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de mayor trascendencia y alcance político como la aprobación del proyecto “Tres programas, dos sistemas”, la destitución de tres funcionarios del gabinete, el compromiso para enjuiciar políticamente al exgobernador Ulises Ruiz y la presentación con vida de los profesores Carlos René Román Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez.
¿Por qué un gremio que se consideraba aliado al gobierno de Gabino Cué decidió encararlo y otorgarle el mismo trato que a los gobiernos priistas? Un error de apreciación en los negociadores gubernamentales fue asumir que tratándose de un gobierno democrático, el magisterio, también autoproclamado democrático, no se atrevería a desafiarlo, a movilizarse y, en fin, a reeditar sus viejos métodos de lucha para obtener respuestas satisfactorias a su extenso pliego petitorio.
Se equivocaron también al pensar que bastaba negociar en corto (siempre por separado) con el Secretario General, Azael Santiago Chepi, o con el Secretario de Organización, Gabriel López Chiñas, y con otros líderes sindicales para asegurar el control de la Asamblea Estatal en donde confluyen delegados de todas las corrientes sindicales y aún de expresiones partidistas afines pero también divergentes al gabinismo.
Y tal como ocurrió nadie de sus interlocutores oficiales y oficiosos garantizaron los votos necesarios para que se aceptaran los términos del arreglo gubernamental y así evitar el estallamiento del paro indefinido de labores con todas las acciones de presión ya anunciadas. Y, por supuesto, con todos los efectos negativos para la población escolar y la sociedad, que en su impotencia solo alcanza a quejarse de la impunidad magisterial y de la debilidad del gobierno.
Es cierto que éste último encontró una gran receptividad a sus ofrecimientos por parte de algunos sectores del magisterio, y de hecho todo lo relacionado con la parte económica y salarial ya habría sido aceptada, lo que no sucedió con las demandas políticas.
Dejar sin efecto el castigo a los crímenes del ex gobernador Ulises Ruiz, por ejemplo, significaría una claudicación a un reclamo que desde el 2006 ha enarbolado el magisterio y todas las organizaciones sociales que integraron la APPO.
Y no se diga de su demanda para que se indague y aclare el paradero de dos profesores desaparecidos. O de su insistencia para exigir la renuncia de los titulares del IEEPO, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública.
Atender y ofrecer una respuesta puntual a los puntos del pliego petitorio aún no resueltos en los términos demandados por el magisterio sería una de las vías para desactivar el conflicto.
El otro camino sería abandonar la mesa de diálogo y medir fuerzas con una sección sindical que históricamente ha demostrado mayor capacidad de organización y chantaje para poner de cabeza a los gobiernos estatal y federal.
Y una tercera vía podría considerar un llamado a la resistencia pacífica de la sociedad, cansada, harta, irritada con justa razón, de esos métodos de lucha que ha colocado a los ciudadanos como rehenes y víctimas de las disputas y reclamos de grupos, organizaciones y sindicatos.

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