Servido Mr Trump: ni migrantes ni mercancía china
Oaxaca, Oax. 3 de septiembre de 2009 (Quadratín).- ¿Quienes son los responsables de la violencia, corrupción e impunidad que se vive en San Pedro Jicayán y otros municipios de la entidad? ¿Los maestros de la sección 22 del SNTE que desde el 2005 no han podido dirimir sus diferencias político- sindicales con el sector disidente que desde entonces integran la sección 59 del mismo sindicato? ¿O el gobierno del estado que en el 2006 le apostó a fortalecer a esta nueva sección sindical para ahondar la división en el gremio magisterial y ganar un aliado para su causa? ¿O, acaso es Elba Esther Gordillo quien sigue jugando a las vencidas con el gobernador Ulises Ruiz? ¿El asesinato del profesor Carlos Norberto Camacho Sarabia es resultado de la incompetencia y /o indolencia de los gobiernos federal y estatal para desarticular a la sección 59 mediante la recuperación de los planteles escolares como se comprometieron en el 2006? ¿O, por el contrario, la provocación y el enfrentamiento entre maestros de la 22 y la 59 y su lamentable desenlace, es consecuencia de la red de complicidades políticas y económicas tejida entre familias caciquiles del distrito de Jamiltepec con líderes locales y regionales del PRI para apuntalar aspiraciones futuristas? ¿Las movilizaciones, paro de labores y la jornada de lucha acordada por la sección 22 del SNTE y sus aliados de la APPO son un ensayo de lo que puede ocurrir en el 2010?
Las respuestas están en el aire y mientras tanto lo único cierto es que quien o quienes asumían que en Oaxaca ya todo estaba bajo control y que todo era Guelaguetza y elecciones de carro completo se volvieron a equivocar. Porque ahí están otra vez los maestros reproduciendo esquemas de lucha y presión ya vistos en otros años, elevados a la enésima potencia en el 2006 y que ahora, en la antesala del inicio del proceso electoral local, parecería un desafío al gobierno del estado para que cumpla con sus compromisos políticos, detenga a los asesinos materiales e intelectuales del maestro abatido a balazos en San Pedro Jicayán y desaparezca a la sección 59 del SNTE, porque la recuperación de escuelas en poder de este sector disidente significará eso precisamente.
Si resuelve con prontitud y eficacia el bochornoso enfrentamiento y crimen de San Pedro Jicayán, en donde los maestros de la sección 22 tampoco están libres de culpa, estaría dando un primer paso para sentarse a dialogar con un magisterio enardecido y dispuesto a impedir que el 15 de septiembre el gobernador URO presida la ceremonia del Grito de Independencia. Pero aun bajo esas condiciones tendrá que ganar tiempo para proceder al desalojo de decenas de planteles educativos que aun permanecen bajo control de maestros de la sección 59.
Ya una parte de esta difícil faena correspondió hacerlo en su momento al ahora diputado federal Manuel García Corpus en su calidad de Secretario General de Gobierno, y ahora, se entiende, tarea similar deberá desarrollarlo su sucesor en el cargo, Jorge Toledo Luis. Si fracasa se estaría jugando su cabeza, tal como ahora podría ocurrirle al Director General del IEEPO, Abel Trejo, el eslabón más débil de la estructura de gobierno y, como tal, un chivo expiatorio al que hay que sacrificar para calmar la ira magisterial.
El otro escenario que pudiera presentarse es que ninguna de las respuestas gubernamentales satisfagan a la dirigencia y asamblea estatal de la sección 22 del SNTE, película que también ya se vio en el 2006 en las largas e inútiles mesas de trabajo que se montaron en la Secretaría de Gobernación.
Estaríamos entonces ante la eventualidad de que el conflicto no solamente se prolongue más allá del 15 de septiembre, sino de que se complique y que al pliego petitorio inicial se adicionen otras demandas sociales, gremiales, políticas, económicas, etcéceta producto de la integración a su lucha de organizaciones solidarias, appistas y no appistas, que no pudieron encontrar mejor momento para ajustar cuentas con sus adversarios comunes. Casi una reedición del 2006.
Pero más vale que esto no ocurre porque todos saldremos perdiendo. De hecho ya los niños están pagando el costo de la intolerancia y las disputas por el poder sindical. Y los ciudadanos también. Y si los partidos políticos y los legisladores no desean que este conflicto se desborde más vale que empiecen a reaccionar y exigir a cada quien el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades.
Porque San Pedro Jicayán y el conflicto intermagisterial son, a final de cuentas, expresiones de la frágil gobernabilidad oaxaqueña sostenida a base de componendas grupales, corrupción , impunidad y simulaciones.