Isidoro Yescas / ¿Hacia dónde vamos?

Oaxaca, Oax. 22 de julio de 2011 (Quadratín).- 1. Un sexenio de gobierno pareciera mucho tiempo y sin embargo no lo es. Por lo menos para Oaxaca todo sexenio ha sido acotado (en proyectos y resultados esperados) por los tiempos político-electorales y por las relaciones del gobernante en turno con el presidente de la república. Ambos factores, situados a nivel federal y estatal, han influido, mal que bien, en la gobernabilidad del estado y en la capacidad de gestión y de inversión pública a nivel estatal y municipal.
2. Si en los tiempos del PRI-gobierno estos factores resultaron claves, si no es que determinantes para el éxito o fracaso de los gobiernos locales, poco o nada cambió a partir del año 2000 con la derrota del PRI y el ascenso del PAN a la presidencia de la república. Lo que de nuevo introdujeron primero el foxismo y luego el calderonismo generalmente dejaron intactas las estructuras económicas, administrativas y políticas del viejo régimen y, por lo mismo, todo de se redujo a una alternancia partidista, al relevo de una clase política por otra. De esta manera la propuesta panista de una transición democrática quedó en mera promesa electoral.
3. Las exitosas experiencias coalicionistas del proceso electoral del año 2000 en Puebla, Sinaloa y Oaxaca, pese a las diferencias de forma y fondo en sus proyectos y actores, alentaron las expectativas de una nueva relación entre gobernantes y gobernados y de cambios sustanciales en el ámbito político y social de estas tres entidades. Como pocas veces, quizá la mayor expectativa, tanto nacional como local, se centró en Oaxaca.
No fue para menos: el fraude electoral del 2004, las causas y el desenlace del megaconflicto del 2006, la impopularidad de un gobernante como Ulises Ruiz , la fuerte presencia de los movimientos sociales e indígenas y el liderazgo y proyecto sociopolítico del candidato y luego gobernador Gabino Cué dibujaron un escenario totalmente diferente al que había impuesto el viejo régimen por casi 80 años.
4. Jorge Alcocer nos ha recordado en su más reciente colaboración en el diario Reforma que el gran problema de las alianzas electorales en México es que por mandato de ley terminan una vez que concluyen los procesos electorales y esto impide que se traduzcan, automáticamente, en coaliciones de gobierno como sucede en otros países de América Latina.
Sin embargo, hasta ahora la ausencia de coaliciones gobernantes en México se explica no solamente por ese vacío legal sino también por las condiciones específicas que dieron origen a las coaliciones electorales, a su composición y el perfil de las fuerzas políticas y personalidades dirigentes y a la preeminencia de un poder central encarnado en el jefe del poder ejecutivo por encima de los poderes legislativo y judicial.
5. Y esto fue lo que ocurrió en Oaxaca: no se procuró, sobre todo por parte de las dirigencias nacionales del DIA y del PAN, y otros promotores de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, ratificar el programa de gobierno esbozado en su plataforma electoral. En otras palabras, para transitar de la coalición electoral a una coalición de gobierno se requería necesariamente establecer acuerdos básicos por escrito, que luego deberían hacerse públicos, en materia de toma de decisiones, integración y composición del gabinete, ejes estratégicos de gobierno y división o cooperación entre poderes.
A nivel del poder legislativo, por lo menos hubo la intención de dar ese paso, desdibujada y luego sepultada por la inercia del quehacer parlamentario y las disputas interpardistas. No fue esa la ruta a nivel del poder ejecutivo en donde, a contrapelo de la vocación democrática del gobernador Gabino Cué, progresivamente se fueron imponiendo los viejos métodos para la toma de decisiones lo que trajo como resultado la integración de un gabinete híbrido y de bajo perfil y rendimiento administrativo y político y un ejercicio del poder más cercano a la vieja cultura política heredada del priato que a un gobierno democrático y comprometido con la ciudadanía.
6. Hoy se ha abierto un incipiente debate entre académicos y algunas de las expresiones partidistas y sociales que apoyaron el proyecto coalicionista y el empoderamiento del gabinismo, para hacer un balance preliminar sobre los avances, pendientes y retrocesos observados hasta ahora en esta experiencia inédita de gobierno. El tema, que también ya está presente en otros círculos políticos y de reflexión colectiva, parece obligado toda vez que de su éxito o fracaso dependerá que Oaxaca pueda transitar hacia una nueva etapa de su vida social, económica y política. Sin embargo, si bien es cierto que la mayor carga de responsabilidad para esta difícil tarea la tiene el jefe del poder ejecutivo, no es menor la que también tienen los partidos políticos aliados al gobierno de Cué así como las organizaciones cívicas y sociales y la sociedad civil en su conjunto.
Juntos o por separado cada uno de estos actores tendrán que asumir su responsabilidad para reactivar el proyecto transicionista por el que se votó el 4 de julio del 2010 para así evitar que se repita la penosa experiencia de alternancia sin transición democrática que se produjo a nivel del gobierno federal. No hay que perder de vista que un escenario de recuperación del poder presidencial por parte del PRI puede significar el inicio de la cuenta regresiva para el gobierno local en turno. Y ese factor es el que, por principio, hay que irlo poniendo en la balanza para no equivocarse de rumbo.

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