Isidoro Yescas / Carrera de obstáculos

Oaxaca, Oax. 22 de noviembre de 2010 (Quadratín).-Desmantelar la estructura autoritaria y corrupta del viejo régimen no será tarea fácil para un gobierno de centro-democrático como el que encabezará Gabino Cué a partir del primero de diciembre.
Son muchos los tropiezos y resistencias que ya enfrenta, y seguirá enfrentando, para reconstruir el tejido social y político de Oaxaca y avanzar en un nuevo arreglo institucional.
Es cierto que el gobernador Cué tiene y tendrá el apoyo ciudadano para emprender una tarea de esa magnitud,pero en la realpolitik nacional y local, y en un contexto de ingobernabilidad institucionalizada como la que hoy se vive en la entidad, la presencia y presión de otros factores reales de poder pueden, en los hechos, acotar,desvirtuar o de plano congelar iniciativas, acuerdos, políticas públicas y decisiones de gobierno orientadas a aplicar la Ley y satisfacer las demandas sociales y políticas mas sentidas de los oaxaqueños.
El primer factor de poder político que no puede ignorarse es la presencia del PRI en la LXI legislatura, en los municipios de la entidad – incluyendo los de usos y costumbres- y su enorme influencia en las decisiones del Congreso federal . Como ya lo comentamos en otra ocasión (La disputa por el Congreso, 12-XI) fue éste último factor el que más influyó para asegurarle al priísmo oaxaqueño el control de la Junta de Coordinación Política y, sin duda, seguirá influyendo, junto con el fantasma de su retorno a Los Pinos para el 2012, para evitar, por ejemplo, el ejercicio de la acción penal en contra de Ulises Ruiz y otros peces gordos de su agónica administración.
El segundo factor se ubica en el nivel de los poderes fácticos (transportistas, organizaciones de vendedores ambulantes, caciques sindicales,mafias burocráticas, terratenientes, líderes de organizaciones clientelares, crimen organizado, medios de información adictos al viejo régimen, etc) que harán valer su poder económico, de presión política y chantaje para preservar sus cotos de poder y privilegios.
Y el tercer factor real de poder se localiza entre algunos grupos y organismos políticos, sociales y sindicales que sexenio tras sexenio, a partir de 1980, han impuesto su agenda, ritmos de negociación y solución a sus demandas mediante métodos de lucha que, a fuerza de incrementarse en amplitud e intensidad, y volverse casi cotidianos, han trastocado la vida de buena parte de los oaxaqueños, pero sobre todo de los habitantes de la ciudad capital. Inmersos en una cultura política de impunidad (por lo demás, fomentada desde el mismo poder público) y permanente violación al orden constitucional, los bloqueos de carreteras, calles y la toma de oficinas públicas se han convertido ya en un serio problema para la gobernabilidad y el respeto al estado de Derecho en la entidad.
Frente a estos escenarios, lo que hasta ahora ha prevalecido es la prudencia y permanente disposición al diálogo y al arreglo institucional por parte del gobierno electo. Se ha preferido pecar de optimistas y confiar en la palabra y responsabilidad política de sus contrapartes, que apostarle a la confrontación con el partido y los aliados del viejo régimen.
Una apuesta nada fácil, porque en la misma se juega la estabilidad política del nuevo régimen y su credibilidad, pero también la viabilidad de su proyecto de cambio no solamente en el terreno legislativo sino sobre todo en el ámbito social.
Hasta ahora, a nivel del poder legislativo el nuevo modelo de cohabitación y concertacesión todavía se encuentra en la etapa de ensayo y error. Se ignora hasta dónde se pretenda llegar en el ámbito del poder judicial, pero en donde el nuevo gobierno ya está emplazado a no fallarle a los oaxaqueños es en la integración del gabinete legal y ampliado.
En esa importante decisión que habrá de tomar el gobernador Gabino Cué en los próximos días se podrán encontrar algunas de las claves más importantes sobre lo que se quiere y espera del nuevo gobierno.
INQUISIDORES O REVOLUCIONARIOS.
Pareciera un contrasentido, pero no lo es: el EPR prácticamente santifica al extinto líder del MULT, Heriberto Pazos, pero por otro lado descalifica y acusa de “delator desde los años setentas” al colega investigador Victor Raúl Martínez Vásquez. Al no aportar prueba alguna de su temeraria acusación todo queda en suposición, en un juicio sumario para juzgar desde la clandestinidad a un compañero que en los años setentas militó en el Bufete Popular Universitario, organización de izquierda que tuvo una gran influencia en el movimiento estudiantil y popular de esa década, pero que también tuvo sus diferencias políticas y estratégicas con algunos grupos de la ultraizquierda, entre ello la Unión del Pueblo, que después pasó a conformar el PROCUP. Hoy, todo parece indicar que ese vaso comunicante insiste, en la coyuntura de la integración del gabinete del nuevo gobierno, en desempolvar esos expedientes para descalificar la trayectoria política de un investigador comprometido con la transición democrática de Oaxaca.

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