Isidoro Yescas / Crisis de gabinete

Oaxaca, Oax. 21 de diciembre de 2010 (Quadratín).- Un error de cálculo político, una decisión premeditada o simplemente un exceso de confianza en el trabajo de escritorio de los head hunters, carísimos productos de importación que se mueven en el entorno del nuevo poder ejecutivo: cualquiera que sea la causa, lo que a esas alturas es un hecho incontrovertible es que el requisito exigido a los secretarios del gabinete “o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal” para que ostenten título o cédula profesional para poder desempeñar o permanecer en cargos de primer nivel está causando serios daños a la institucionalidad e imagen del nuevo gobierno .
El recuento de daños incluye a varios actores: desde los propios afectados por dicha disposición hasta los partidos y organizaciones que los impulsaron y, de manera inevitable, al mismo gobernador Gabino Cué que por lo menos en el caso de la ratificación de la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, enfrentó un caso típico de crisis de gabinete.
Las reacciones sobre tal disposición, que contradice a lo dispuesto en la materia por la Constitución política local y federal, ha suscitado una serie de reacciones de algunos medios de información a nivel local y nacional pero también de los partidos políticos que apoyaron la campaña electoral de Gabino Cué.
Para cierta prensa, sobre todo la que se sigue identificando con el priismo ulicista, las renuncias provocadas por la Ley Gabino constituyen una demostración de la fragilidad del nuevo gobierno y del bajo perfil de su gabinete. En cambio, para otros medios (así como el sector meritocrático del gabinismo) lo que está ocurriendo forma parte de la nueva institucionalidad en donde, para diferenciarse de la mediocridad que prevaleció en los gobiernos priistas, era indispensable exigir un mínimo de perfil profesional a los secretarios del gabinete. Una tercera postura, asumida por la ventana editorial del diario La Jornada (Rayuela) y algunos de sus colaboradores, han criticado la orientación presumiblemente meritocrática del gobierno gabinista.
Se ha llegado al extremo de acusar al gobernador de pretender integrar un gabinete de “científicos”, para rememorar los tiempos de don Porfirio Díaz. Ayer mismo, a nombre de un sector de la COCEI y de otras organizaciones sociales, Leopoldo de Gyves de la Cruz emplazó al gobierno del estado a privilegiar la honestidad, el compromiso social y la trayectoria política sobre el título profesional.
En esta postura coinciden buena parte de las expresiones del PRD, y en alguna medida también el PT, quienes consideran que una disposición de ésta naturaleza, además de inconstitucional, vulnera el pacto político establecido con el gobernador Gabino Cué para que en su gabinete estén debidamente representados los partidos que integraron la coalición electoral “Unidos por la Paz y el Progreso”.
Abierta la polémica, el tema también ha polarizado al poder legislativo pues un bloque de legisladores sostienen que una ley secundaria (en este caso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) no puede estar por encima de la Constitución, mientras que otro bloque ha respaldado plenamente la postura del gobernador Gabino Cué para que el secretario que no cuente con título o cédula profesional renuncie. Pero da la casualidad que quienes aprobaron fast track la iniciativa, que luego se tradujo en ley, fueron los diputados de la LXI legislatura, es decir la que ahora no sabe cómo deshacer el entuerto.
Estamos así asistiendo a un segundo momento de esta crisis de gabinete en donde deben valorarse en su justa dimensión el peso de los factores legal, político, ético y de formación profesional.
En el terreno legal porque ya existen voces que se inclinan por derogar el polémico artículo que ya provocó dos renuncias pues insisten que es inconstitucional.
En el nivel político porque está poniendo en riesgo el equilibrio y la composición plural del gabinete al dar de baja (sin posibilidades de proponer sustitutos, como sucedió con la Secretaría de Turismo y Economía) a algunos cuadros representativos de los partidos aliados al gobierno. Además porque estaría rompiendo con el pacto político partidista que promovió la candidatura del ahora gobernador del estado.
Es también un asunto de ética política porque quien o quienes públicamente han mentido sobre su status profesional como ha sido el caso de la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, no deben esperar a que el gobernador les pida la renuncia para dejar el cargo. De insistir en su permanencia el daño será mayor para sí misma pero también para el gobierno del estado.
Tiene razón Adelfo Regino cuando opina que un título profesional no es garantía plena para el ejercicio responsable y ético de una profesión ni tampoco para un buen desempeño como funcionario público, pero tampoco es válido pretender justificar la carencia de este documento por falta de oportunidades institucionales porque sí las que existen. O irse al extremo de eliminar todo requisito académico para desempeñar un cargo público.
En todo caso habría que revisar por qué en la Constitución federal y local se es omiso en este aspecto. ¿Por qué entre la clase política mexicana han destacado más los pragmáticos y analfabetas que los ilustrados? ¿Porque para hacer política y ser funcionario no es necesario pasar por las universidades sino por la escuela de la vida?
Hay que abrir el debate de este y otros temas porque eso finalmente es lo que puede establecer la diferencia entre el viejo y el nuevo régimen. No nos vayamos por lo inmediato porque entonces estaríamos justificando lo que ayer criticamos. No se olvide, por ejemplo, que durante la campaña electoral Eviel Pérez Magaña fue colocado en el banquillo de los acusados por la oposición por carecer de título profesional.
Que los asuntos de interés público se ventilen públicamente para que la sociedad los conozca y opine. Y en ese sentido vale la pena invitar a los legisladores para que la iniciativa de reforma política que ya tienen en sus mano la revisen con cuidado, que si es necesario abrir foros y mesas de trabajo con expertos y especialistas en cada tema hay que hacerlo. Las prisas y las improvisaciones suelen tener un gran costo político y eso finalmente es lo que ha ocurrido con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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